La casta tiene una singular forma de mirar la realidad. Generalmente, cuando las cosas van mal, dicen que “lo peor ya pasó”. Cuando los tiempos expresan crisis en todos los ámbitos, dicen “se está poniendo bueno”. Cuando la falta de resultados es abrumadora y evidente, afirman que hay “brotes verdes” o “crecimientos invisibles”. Cuando un fenómeno como la inseguridad se vuelve estructural, sostienen que “es una sensación”.
Por estos días, justo cuando la enorme mayoría de los argentinos siente con fuerza el rigor del ajuste, sucedieron cosas que invitan a pensar en que, una vez más, la casta se puso de espaldas a la sociedad, “dibujando” una realidad que dista enormemente de lo que sucede en el terreno.. Nada que no se haya visto antes, pero llamativo por el nivel de desconexión cuando se trata de un mandato tan avanzado en el tiempo.
Transcurrido el enésimo “lo peor ya pasó” de la actual gestión, el presidente Javier Milei disertó en el Amcham Summit 2026 en Estados Unidos donde soltó sin sonrojarse: “Estamos en récord de consumo”. Pero para el relato, nada mejor que un dato. La economía real argentina ingresó decididamente en un ciclo de contracción que, por su profundidad y naturaleza, hiere el corazón del programa oficial: el equilibrio fiscal. Los datos de febrero son reveladores no solo por la magnitud de la caída -un Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) que retrocedió un 2,6% intermensual, la mayor baja desde la pandemia– sino por la consolidación de un consumo que no encuentra piso.
Las ventas en supermercados y centros de compra acumulan meses de variaciones negativas, con un ticket promedio que corre por detrás de los aumentos en rubros básicos como la carne y los alimentos preparados. Este escenario de “góndolas frías” es el reflejo de un agotamiento del ingreso real que ya no se compensa ni con el uso intensivo de la tarjeta de crédito, la cual se ha convertido más en un instrumento de supervivencia que de expansión del consumo.
Sin embargo, el dato más alarmante para la sostenibilidad del modelo no está en las góndolas, sino en las planillas de la Tesorería. La aparición de la denominada “deuda flotante” -gastos comprometidos, pero no pagados- arroja una sombra de duda sobre la calidad del superávit fiscal exhibido.
El salto de esta deuda a 5,6 billones de pesos en un solo mes advierte que el Gobierno está “pisando” pagos para sostener una foto de solvencia que el flujo de caja, castigado por ocho meses de caída en la recaudación impositiva, ya no puede garantizar por sí solo.
Cuando el gasto devengado supera con creces al pagado, el superávit se transforma en un ajuste postergado; una maniobra contable que tiene patas cortas si la actividad económica -especialmente la industria y el comercio, que caen al 8,7% y 7% respectivamente– no genera un rebote genuino en los ingresos públicos.
Esta heterogeneidad de la crisis, donde los sectores intensivos en mano de obra como la construcción y la industria manufacturera están en caída libre, configura un desafío político y financiero mayúsculo. El “ancla fiscal” está bajo la lupa porque se apoya sobre una base impositiva que se erosiona día a día debido a la recesión.
Si la recaudación no repunta porque el consumo está anestesiado, el Gobierno se ve forzado a profundizar el recorte o a seguir acumulando deuda exigible con proveedores y organismos, tensionando al máximo la cadena de pagos. En definitiva, la economía argentina se encuentra hoy en una encrucijada peligrosa: el orden macroeconómico depende de una disciplina fiscal que, para sostenerse, está empezando a ocultar facturas debajo de la alfombra mientras espera un rebote del consumo que los bolsillos, agotados, aún no pueden validar.
Asfixiante giro
El actual esquema económico argentino está consolidando una transformación drástica en la estructura de gastos de los hogares, donde el peso de los servicios públicos y el costo del endeudamiento pasaron a ser los principales factores de erosión salarial. Lo que en términos estadísticos aparece como una economía de “récord de consumo privado”, en la realidad microeconómica se traduce en familias que, para sostener ese nivel de vida, debieron recurrir a un financiamiento que hoy muestra señales de agotamiento sistémico.
Por primera vez en décadas, el ajuste de precios relativos fue tan profundo que, desde diciembre de 2023, la canasta de servicios públicos se incrementó más de 600%, triplicando el ritmo del índice general de precios. Esta distorsión llevó a que el rubro servicios represente un enorme porcentaje del salario promedio registrado, obligando a los trabajadores a destinar una porción cada vez mayor de sus ingresos simplemente a garantizar la conectividad, la energía y el transporte.
El aspecto más crítico de este proceso es el quiebre de la capacidad de pago de las familias, reflejado en una morosidad que se cuadruplicó en el último año. El salto de la irregularidad crediticia del 2,9% al 11,2% marca el nivel más alto en dos décadas, superando incluso los registros de crisis previas como las de 2019 o 2021.
Lo que se observa es el fin del mecanismo de licuación de deudas: con tasas de interés reales positivas y salarios que corren por detrás de los servicios regulados, las deudas ya no se achican con el tiempo, sino que se vuelven bolas de nieve imposibles de gestionar.
La situación es particularmente dramática en los sectores que operan fuera del sistema bancario tradicional, donde la morosidad en tarjetas de crédito de consumo y billeteras virtuales supera en algunos casos el 30%, evidenciando que el microcrédito ya no se usa para inversión o consumo duradero, sino como una herramienta de supervivencia para cubrir gastos corrientes.
La respuesta oficial, que atribuye este fenómeno a un “coletazo político” del pasado y apuesta a una baja futura de tasas como único remedio, parece subestimar el carácter estructural del problema. La brecha entre una macroeconomía que muestra signos de actividad y una microeconomía sobreendeudada sugiere que el crecimiento no está derramando, sino que se está quedando atrapado en sectores que no alcanzan a recomponer el poder adquisitivo de la mayoría.
Sin una recuperación real de los ingresos que supere la inercia de las tarifas y el costo financiero, el sistema corre el riesgo de enfrentar una crisis de cobrabilidad que trascienda lo financiero y se convierta en un conflicto social de legitimidad económica.
La hipoteca estructural
El último diagnóstico social de la Argentina en 2025 presenta una paradoja inquietante. Por un lado, los indicadores de coyuntura -aquellos más sensibles al auxilio estatal directo, como la inseguridad alimentaria- muestran una retracción respecto a los picos críticos de 2024. Por otro, la arquitectura estructural de la pobreza infantil se consolida, revelando que el país logró contener el hambre, pero fracasó en construir futuro.
Esta dicotomía se fundamenta en ejes críticos que definen la realidad de la niñez hoy y que fueron descriptos por la Encuesta de la Deuda Social Argentina (EDSA), elaborada por la UCA. Uno de ellos es que el 64,8% de los niños depende de la asistencia alimentaria estatal o comunitaria, lo que representa un récord histórico que merece una lectura agridulce.
Si bien demuestra la eficiencia de la red de contención para evitar una catástrofe humanitaria, también confirma que la autonomía económica de los hogares argentinos colapsó. La asistencia dejó de ser un puente de emergencia para convertirse en un cimiento permanente: hoy, casi dos de cada tres niños necesitan del Estado para comer, mientras que la cobertura de ingresos (como la AUH) retrocede al 42,5%. Estamos frente a un sistema que alimenta pero no integra.
Y mientras la alimentación mejora levemente por el flujo de transferencias, la infraestructura de vida -lo que realmente saca a una familia de la pobreza estructural- se deteriora.
Según el INDEC, el 52,9% de los argentinos carece de acceso integral a la red de gas, agua o cloacas. Es alarmante que, en solo seis meses, más de 740.000 personas se hayan sumado a esta carencia.
El informe de la UCA también introduce una dimensión vital: la pobreza de capacidades. El hecho de que el 30% de los niños no comparta instancias de lectura con adultos o que el 80% no acceda a actividades culturales sugiere que la desigualdad se está ramificando hacia el capital cultural y emocional.
La pobreza no solo debería medirse en cuanto a ingresos, sino que también a la privación de capacidades reales. Un niño que no festeja su cumpleaños (19,6%) o que no tiene un espacio propio para estudiar debido al hacinamiento, está siendo privado de las herramientas psicológicas y cognitivas necesarias para romper el ciclo de exclusión en la adultez.
La estadística nacional es, muchas veces, un promedio mentiroso. La brecha entre el 23,8% de pobreza infantil en CABA y el 62,7% en el conurbano bonaerense o el interior profundo, describe una nación fracturada.
Así las cosas, la mejora en los indicadores de indigencia y alimentación severa es una noticia necesaria, pero insuficiente. La Argentina de 2025 parece estar gestionando la miseria con mayor eficiencia, pero no está combatiendo la pobreza. Mientras la infraestructura básica retroceda y la dependencia de la asistencia alimentaria sea la norma y no la excepción, la recuperación será apenas un espejismo estadístico. La verdadera deuda no es financiera, es una hipoteca sobre el desarrollo cognitivo y material de la mitad de su población futura.
Erosión de la ejemplaridad pública
Manuel Adorni celebra el archivo de la causa por el viaje de su esposa en el avión presidencial, pero su situación y la del Gobierno que representa sigue distando mucho de la “moral como política de Estado”. El reciente escándalo que involucra a Carlos Frugoni, secretario de Coordinación de Infraestructura, no solo representa un problema judicial por omisión de activos, sino que constituye una herida profunda en el núcleo de la narrativa ética del oficialismo.
La detección de siete departamentos en Miami no declarados ante la Oficina Anticorrupción ni ante la autoridad fiscal (ARCA) rompe con el principio de transparencia que el Gobierno enarbola como bandera frente a la casta.
El argumento del “error” u “olvido” ante una inversión inmobiliaria que supera el millón y medio de dólares resulta técnicamente inverosímil para un funcionario de su trayectoria, especialmente cuando se han utilizado estructuras societarias en jurisdicciones de opacidad fiscal como Delaware para canalizar dichas adquisiciones.
Este caso es crítico no solo por la magnitud de los montos, sino por la naturaleza del cargo que ocupa Frugoni. Al ser el coordinador de las secretarías de Transporte y Obras Públicas, su rol es, por definición, el de velar por la transparencia y la eficiencia en el manejo de las concesiones y los fondos públicos.
La existencia de denuncias penales por enriquecimiento y sanciones previas de la Oficina de Integridad Pública porteña plantean un interrogante severo sobre los filtros de idoneidad y los procesos de comprobación que aplica el Poder Ejecutivo al designar figuras en áreas estratégicas. Resulta paradójico que un funcionario inhabilitado por faltas administrativas termine coordinando una de las cajas de infraestructura más sensibles de la Nación.
La situación de Frugoni expone una debilidad sistémica en el discurso de la “nueva política”. La acumulación de activos en el exterior mediante sociedades anónimas mientras se perciben sueldos públicos, sumado a una evolución patrimonial difícil de justificar bajo parámetros convencionales, alimenta la percepción social de que los vicios del pasado encontraron refugio en la estructura actual.
El relato que intenta ajustar el Gobierno sobre este tema revela que es consciente de la toxicidad de los casos. En un contexto de ajuste y sacrificio social, la impunidad percibida o la falta de una respuesta contundente ante inconsistencias patrimoniales de esta envergadura arriesgan transformar la lucha contra la casta en una consigna vacía, recordándonos que la ética pública no admite olvidos selectivos ni rectificaciones tardías.
Se nota
El escenario político argentino atraviesa un punto de inflexión en el que la narrativa oficial colisiona sin sutilezas con la cruda evidencia empírica de los hogares. Tras meses de una sostenibilidad basada puramente en la expectativa, los datos recientes sugieren que el capital político de Javier Milei entró en una fase de rendimientos decrecientes, marcada por un desplome en su imagen regional que lo ubica en el puesto 14 de 18 mandatarios en América Latina.
Esta caída de más de seis puntos en un solo mes no es un dato aislado, sino el síntoma de un fenómeno de aislamiento perceptivo: el “efecto fenómeno” se está diluyendo, dejando al Presidente expuesto a una comparación desfavorable con sus pares sudamericanos y revelando una vulnerabilidad que antes el oficialismo lograba neutralizar con la espectacularidad de su discurso.
El nudo crítico de esta etapa radica en la crisis de validación del dato público. Existe una brecha creciente entre la macroeconomía celebrada en los despachos oficiales y la microeconomía que sufren las familias, donde el setenta por ciento de los ciudadanos ya no reconoce la baja de la inflación como una mejora en su vida cotidiana.
Cuando el índice oficial deja de coincidir con la sensación de encarecimiento en la góndola, el problema deja de ser una variable técnica para convertirse en una crisis de credibilidad política. El hecho de que casi nueve de cada diez argentinos sientan que sus ingresos pierden la carrera contra los precios transforma el alivio prometido en una abstracción distante, erosionando la capacidad del Gobierno para convertir sus estadísticas en prueba social de mejora.
A este desgaste material se suma el agotamiento del contrato simbólico que sostenía el ajuste. La bandera “anti-casta”, que funcionó como el gran mecanismo de compensación moral para justificar el sacrificio, muestra signos evidentes de fatiga.
Cuando dos tercios de la sociedad perciben que el Gobierno ha terminado integrándose al sistema que prometió combatir, el sacrificio económico pierde su propósito épico. Sin esa autoridad moral, la resistencia a la privación aumenta y el ajuste deja de ser visto como una etapa necesaria de purificación para ser leído simplemente como un deterioro de la calidad de vida. Esta ruptura del pacto simbólico es lo que explica que incluso los sectores que mantienen su apoyo electoral comiencen a manifestar niveles de insatisfacción económica que rozan el límite de lo tolerable.
Finalmente, el deterioro del índice de confianza y la profundización de las brechas sociales terminan de configurar un panorama de alerta. El desplome de la confianza en el segmento joven, que fue el motor originario del movimiento libertario, junto con una brecha de género que no deja de ampliarse, indica que el modelo está perdiendo capilaridad.
El Gobierno parece haber quedado atrapado en una gestión de eficiencia técnica que es valorada por un núcleo duro, pero que se desploma en su evaluación general ante la falta de preocupación por el interés común. En este contexto, la competitividad electoral de Milei se sostiene más por la ausencia de alternativas que por el éxito de su programa, enfrentando el desafío urgente de reconectar un discurso que hoy suena ajeno a una sociedad que ya no recorta excedentes, sino consumos esenciales para sobrevivir.
Laberinto de vanidades
Así las cosas, la política argentina actual atraviesa un proceso de ensimismamiento peligroso. Mientras la ciudadanía despide a figuras de la talla de Luis Brandoni, cuyo legado evoca un compromiso institucional que hoy parece una pieza de museo, la dirigencia se sumerge cada vez más en una endogamia de facciones.
Lo que antes era el “triángulo de hierro” del oficialismo -Milei, su hermana y Santiago Caputo- se convirtió en una guerra de guerrillas digital que amenaza con devorar la propia gobernabilidad desde adentro.
El oficialismo trasladó el ejercicio del poder a su hábitat natural: las redes sociales. Sin embargo, lo que antes era una herramienta de propaganda eficiente se transformó en un escenario de purgas y delaciones cruzadas. Lejos de ser un conflicto entre influencers, la denuncia penal de Sebastián Pareja contra los tuiteros de Santiago Caputo es la judicialización de la interna presidencial.
Pero las visceralidades partidarias no se reducen al oficialismo. La oposición, haciendo gala de su habitual desconexión, incurre en sus propias internas. El peronismo se convirtió en un ciclo de “otra vez sopa”, un bucle de desconfianza entre Axel Kicillof y el núcleo duro del cristinismo representado por La Cámpora.
El costo de estas internas no se mide en tuits ni en comunicados de bloques, sino en tiempo perdido. Argentina tiene una dirigencia que gasta su energía en “pisar” los gastos de la facción rival o en “marcar la cancha” al compañero de lista. El hartazgo que hoy recorre todas las vertientes del peronismo y las fisuras del oficialismo son el síntoma de una desconexión total con la realidad.
Contraste necesario
Este laberinto de vanidades porteñas deja marcas profundas en el interior del país, y Misiones acusa los impactos con especial gravedad. Mientras en Buenos Aires se discuten hashtags y herencias, en la tierra colorada el libre mercado impulsado por el centralismo nacional se lleva por delante economías regionales enteras. La yerba mate es, quizás, la muestra más descarnada de esta desconexión: frente a la desregulación total, la Provincia interpreta soluciones locales mediante la convocatoria a una mesa yerbatera propia, asumiendo un rol activo allí donde la Nación destruye.
Otro correlato en defensa de las economías regionales fue la gestión directa del gobernador Hugo Passalacqua intentando amortiguar el impacto nacional y solicitando medidas concretas como la reducción del IVA para la harina de mandioca.
En lo político, en tanto, se observa un cambio de lógica política que buscará construirse en oposición al centralismo. Menos identidad partidaria rígida y más necesidad de resultados concretos; menos redes sociales y más cara a cara con la gente. La reciente convocatoria de Encuentro Misionero se inscribe en ese punto, en las antípodas de un modelo nacional que decepciona a diario y sobre la búsqueda de un espacio que viva de la realidad buscando soluciones concretas para los daños que va dejando el desgaste del modelo libertario.
