El transporte urbano volvió a quedar en el centro de la escena en Misiones tras una nueva medida de fuerza que este jueves afectó a Posadas, Garupá, Candelaria, Eldorado, Montecarlo y Oberá, entre otras localidades de la provincia, en un contexto de crisis que también se replica en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). La modalidad elegida por los trabajadores fue la retención de servicios: los choferes se presentaron en sus lugares de trabajo, firmaron planilla, pero no salieron a prestar servicio.
La medida dejó sin colectivos a miles de usuarios durante gran parte de la jornada y, según anticiparon desde el sector gremial, continuaría este viernes, ante la falta de acreditación de salarios.
“Todavía no aparecen los sueldos. Por lo tanto, vamos a continuar con la medida”, señalaron desde la conducción sindical a PRIMERA EDICIÓN.
El impacto fue inmediato. La paralización del servicio urbano complicó la movilidad laboral, la actividad comercial y el funcionamiento cotidiano en las principales ciudades de la provincia. En muchos casos, trabajadores y estudiantes no pudieron trasladarse, mientras que otros debieron recurrir a alternativas informales.
A diferencia del sistema urbano, los servicios de media y larga distancia funcionaron con normalidad, lo que permitió sostener la conectividad interurbana y evitar un colapso total del transporte.
Sin embargo, en los recorridos cortos se registraron tensiones adicionales: desde el gremio advirtieron que no permitirán que esas unidades trasladen pasajeros habituales del servicio urbano.
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En algunas ciudades, como Alem y Apóstoles, los colectivos funcionaron sin inconvenientes. En Montecarlo, la situación tuvo un desenlace distinto. La jornada comenzó sin servicio, pero tras la acreditación de salarios por parte de la empresa, la prestación se normalizó después del mediodía. En Eldorado ocurrió algo igual, ya que las unidades volvieron a circular durante la tarde. En Posadas, Garupá, Candelaria y Oberá, entre otros lugares, seguirá la medida de fuerza este viernes.
Problema estructural
El conflicto, sin embargo, no se limita a una discusión salarial. Detrás de la medida subyace un problema estructural vinculado al financiamiento del transporte público en el interior del país. Las empresas aseguran que la falta de recursos impide cumplir con sus obligaciones básicas.
“Aún no tenemos los recursos para poder atender los salarios”, indicaron desde el sector empresario a PRIMERA EDICIÓN, en referencia al pago de sueldos y costos operativos.
El eje de la crisis remite a la eliminación del Fondo Compensador del Interior, una herramienta que durante años permitió subsidiar parte del costo del servicio en las provincias, y que fue cesanteado por el Gobierno nacional en 2024.
En 2023, ese esquema había distribuido más de 100 mil millones de pesos para sostener tarifas y funcionamiento. Su discontinuidad profundizó las asimetrías con el AMBA, donde el sistema continúa recibiendo mayores aportes del Estado nacional.
En este contexto, las empresas del interior dependen de una combinación de ingresos por tarifa y aportes provinciales y municipales, que resultan insuficientes frente al incremento sostenido de costos.
El aumento del combustible, las paritarias del sector y la caída en la cantidad de pasajeros configuran un escenario de alta presión financiera que compromete la continuidad del servicio.
En este escenario, la situación se agrava por el deterioro de los recursos provinciales. Misiones, en particular, enfrenta un cuadro más complejo debido a la caída de transferencias nacionales y a un esquema de coparticipación que la ubica en desventaja dentro del NEA. El politólogo y economista Alejandro Pegoraro advirtió que la provincia es la más perjudicada de la región en el reparto de fondos federales. Según explicó, recibe menos recursos que Formosa y aproximadamente la mitad que Chaco, a pesar de contar con una población mayor. A esto se suma una caída del 6,4% en las transferencias automáticas durante el primer trimestre, lo que implicó una pérdida cercana a 1,1 billones de pesos para el conjunto de las provincias.
En ese contexto, la coparticipación, principal fuente de financiamiento, muestra una merma sostenida producto de la baja en la recaudación. Además, el Gobierno nacional dispuso un anticipo financiero para algunas jurisdicciones, entre ellas Misiones, aunque se trata de fondos que deberán devolverse con intereses. Para la provincia, ese monto ronda los 94 mil millones de pesos, una cifra considerada insuficiente frente a una deuda que el Estado misionero reclama y que supera los 350 mil millones.
En el AMBA, en tanto, la situación presenta matices similares, aunque con un esquema de subsidios diferente. Allí, las empresas también denunciaron atrasos en los aportes nacionales, lo que derivó en recortes de frecuencias y complicaciones en la prestación del servicio e inclusive la paralización total de algunas líneas.
Testimonios
En las paradas, la escena se repitió durante buena parte de la jornada: personas que llegaban con la rutina habitual y se encontraban con un servicio interrumpido, sin información clara ni alternativas organizadas. Una usuaria consultada reflejó esa situación. “No, no estaba informada. Fui a la parada y ahí me dijeron que no había colectivo”, relató.
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Ante ese escenario, las soluciones aparecían de manera improvisada: “Una señora se acercó y me ofreció venir con ella, y acepté”, contó sobre cómo logró trasladarse.
El problema también fue económico para quienes viven lejos o dependen exclusivamente del transporte público y recurrieron a taxis o plataformas de transporte.
