Son las 6.15 de la mañana en un departamento del conurbano bonaerense. El agua fría de la canilla tarda en llegar, el celular vibra con mensajes de Whatsapp que ya anticipan el día: la escuela pide materiales, la farmacia no tiene el genérico, el colectivo se retrasa otra vez. No hay drama cinematográfico, solo la geometría precisa de la supervivencia cotidiana. Mientras el noticiero matutino repite cifras de inflación, tasas de interés y expectativas de mercado, en esta cocina hay otro indicador que nunca entra en los índices oficiales: el cansancio que no se quita con una noche de sueño, la tensión en los hombros que se vuelve rutina, la pregunta silenciosa que aparece antes de dormir y que ya no busca respuesta, solo aceptación.
Este no es un caso aislado. Es la cara doméstica de una curva que el Observatorio de la Deuda Social Argentina lleva midiendo, año tras año, desde 2010. Y esa curva, lejos de ser un accidente coyuntural, revela un deterioro crónico, estructural y profundamente genderizado de la vida psicosocial en Argentina.
Los datos que sostienen este artículo provienen del informe “El deterioro crónico y estructural de la vida psicosocial en perspectiva de género”, presentado en marzo de 2026 en la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de San Luis, bajo la coordinación de la investigadora Solange Rodríguez Espínola, responsable del área Capital Humano y Bienestar. Un trabajo que no solo suma números a la agenda pública, sino que interpela al país desde la evidencia.
La Encuesta de la Deuda Social Argentina (EDSA) no es una fotografía estática. Es una película en cámara lenta. Con un diseño muestral probabilístico, polietápico y estratificado, que cubre más de veinte aglomerados urbanos desde el AMBA hasta Ushuaia, pasando por Gran Córdoba, Rosario, Mendoza, Salta, Resistencia y Comodoro Rivadavia, el Observatorio de la Deuda Social ha relevado, entre 2010 y 2023, 5.760 casos anuales, y 3.000 en 2024 y 2025. No son números abstractos. Son trayectorias vitales atravesadas por crisis cíclicas, ajustes, pandemia, cambios de gobierno y, sobre todo, por la redistribución silenciosa de la incertidumbre. Y en ese reparto, el género actúa como un amplificador de vulnerabilidad que la estadística confirma sin ambages: las mujeres cargan, sistemáticamente, con lo más pesado del deterioro psicosocial.
Serie histórica
El malestar psicológico, definido como la percepción de sintomatología ansiosa y depresiva, no estalló en 2025. Se instaló. En 2010, el 15,4% de los varones y el 17,9% de las mujeres de 18 años o más lo reportaban. La brecha era modesta, pero ya existía. Quince años después, la proporción femenina alcanza el 31,7%, mientras la masculina se mantiene en 22,3%. No es un salto repentino; es una pendiente ascendente con oscilaciones que responden a los vaivenes macroeconómicos, pero que nunca regresan a la línea de base. Los picos coinciden con años de ajuste, devaluación o contracción del ingreso real; las “recuperaciones” son parciales, incompletas, como si el tejido psíquico, una vez desgarrado, no volviera a su forma original. La encuesta lo documenta con frialdad matemática: el malestar no es un capricho individual; es un barómetro de las condiciones estructurales de vida.
Y cuando se desagrega por nivel socioeconómico, la fractura se vuelve abismal. En los estratos medio-altos, el malestar psicológico en 2025 rondó el 18,7%. En los estratos muy bajos, trepó al 38,4%. Más del doble. La pobreza no solo limita el acceso a bienes materiales; coloniza el estado anímico, la capacidad de regulación emocional, la percepción de control sobre el propio destino. Pero la pobreza no cae por igual. Se distribuye según roles de género, estructuras familiares y posición en el mercado laboral. Y es ahí donde la crónica se encuentra con el ensayo: el malestar no es un síntoma clínico aislado; es la traducción somática de la desigualdad.
El nodo monoparental
En 2023, el 27,1% de los hogares con jefatura femenina eran monoparentales, frente a solo el 15,6% en los de jefatura masculina. No se trata de una preferencia cultural; es el resultado de dinámicas de separación, migración, viudez temprana o abandono, sí, pero también de un modelo de organización social que sigue externalizando los cuidados en las mujeres, incluso cuando están solas al frente. El 32,1% de las jefas monoparentales reporta malestar psicológico. La cifra supera ampliamente al 23,2% del total de jefes de hogar. Y el dato se vuelve aún más elocuente cuando se cruza con la edad: entre las jefas de 18 a 34 años, el 27,3% muestra sintomatología; entre las de 35 a 59 años, el 29,6%; y entre las mayores de 75 años, el porcentaje salta al 46,8%. No hay un “grupo de riesgo” único; hay una curva de desgaste que acompaña el ciclo vital, intensificada por la falta de redes de contención institucionales y familiares.
La vulnerabilidad económica se superpone a la emocional. El 30,9% de las jefas monoparentales vive en pobreza no indigente y el 5,9% en indigencia, cifras superiores a las de los varones jefes. Y cuando la pobreza y la monoparentalidad se cruzan con la inserción laboral precaria, el malestar psicológico alcanza el 35,9% en estratos socio-ocupacionales bajos marginales. Si a eso se suma la indigencia, la cifra llega al 59,5%. Más de la mitad. No es una estadística fría; es la radiografía de un sistema que exige a las mujeres sostener el piso mientras el techo se cae. La encuesta lo dice con precisión técnica: “La carga emocional se acentúa en contextos de menor apoyo familiar”. Pero habría que añadir: se acentúa porque el Estado y el mercado no redistribuyen la carga, la externalizan, la privatizan, la feminizan.
La paradoja del empleo y la educación
En 2023, el 59,2% de las jefas de hogar había completado la secundaria o más, frente a solo el 45,4% de los varones. La brecha educativa es favorable a las mujeres. Pero esa ventaja no se traduce en mejores posiciones laborales. El 40,4% de las jefas accede a empleo pleno, frente a un 47,7% de los varones. El 26,5% se inserta en empleos precarios, el 24,3% en subempleo inestable y el 8,8% está desocupado. La estructura del mercado laboral argentino sigue segmentada, jerárquica y discriminatoria. La educación no es un ascensor social cuando el suelo se mueve bajo los pies.
Y el vínculo con la salud mental es directo. Entre la población económicamente activa, el malestar psicológico alcanza el 36,4% entre mujeres con empleo precario y el 37,5% entre las desempleadas. En contraste, entre quienes tienen empleo pleno, la cifra baja al 21,3%. La inestabilidad laboral no solo genera incertidumbre económica; fractura la identidad profesional, limita la autonomía, reduce la capacidad de planificación y convierte el presente en un ejercicio de malabarismo constante. La encuesta lo resume en una ecuación implacable: la precariedad laboral y el desempleo intensifican el malestar, y ese impacto es sistemáticamente mayor en las mujeres. No se trata de una supuesta “fragilidad emocional”; se trata de una mayor exposición a condiciones estructurales de desgaste psicosocial, multiplicadas por la doble jornada laboral y de cuidados.
Violencia y salud mental
Entre 2022 y 2025, la proporción de mujeres de 18 años y más que sufrieron al menos una situación de violencia verbal, amenazas, física o sexual en el último año pasó del 10,5% al 13,0%. El aumento no es marginal; es estructural. Y se concentra en los hogares pobres: el 18,2% de las mujeres en situación de pobreza reporta haber sufrido violencia, frente al 10,7% en no pobres. Por grupos de edad, el fenómeno es más frecuente en mujeres de 18 a 34 años (14,1% en 2025) y de 35 a 59 años (14,4%), lo que confirma que la violencia no es un problema generacional, sino un patrón transversal que se reproduce en el presente, en la intimidad, en los pasillos, en las conversaciones susurradas que nunca llegan a la Justicia.
Pero el dato más grave es su correlación con la salud mental: en 2025, el 51,2% de las mujeres que sufrieron violencia de género reportó malestar psicológico, frente al 28,7% de quienes no lo sufrieron. La brecha se mantiene en todos los estratos socioeconómicos, pero es más marcada en los sectores bajos y muy bajos. La violencia no solo deja marcas visibles; fractura la autoestima, genera hipervigilancia, limita la movilidad social y consolida un estado de alerta crónico que el cuerpo y la mente terminan pagando. La encuesta lo deja claro: la violencia de género es un determinante social de la salud mental. Ignorarlo es normalizar un daño evitable. Y mientras se siga abordando como un “conflicto interpersonal” en lugar de una estructura de poder, el 51,2% seguirá pagando dos veces: una por la agresión, otra por las secuelas que el sistema no reconoce ni repara.
Déficit de proyectos
Definido como la percepción de no tener proyectos en la vida, este indicador no mide apatía; mide la pérdida del horizonte vital. En 2025, el 16,2% de las mujeres reportó déficit de proyectos, frente al 12,6% de los varones. Pero en las jefas monoparentales, la cifra se duplica en ciertos contextos: entre las de estrato socio-ocupacional bajo marginal, alcanza el 23,0%; entre las desempleadas, el 44,2%. La precariedad laboral y la pobreza no solo limitan el presente; cancelan el futuro.
Cuando la supervivencia cotidiana consume toda la energía, la planificación a mediano plazo se vuelve un lujo inaccesible. La encuesta muestra que el déficit de proyectos no es indiferencia; es el resultado de condiciones materiales que impiden imaginar alternativas. Y cuando esa imposibilidad se cruza con el género, se naturaliza. “Las responsabilidades familiares limitan las posibilidades de desarrollo”, sintetiza el informe. Pero habría que añadir: las responsabilidades familiares, en ausencia de políticas de cuidado, se convierten en una condena de invisibilidad y desgaste.
El sentimiento de infelicidad sigue una lógica similar. Definido como la percepción negativa del estado de ánimo que produce una sensación de sentirse poco o nada feliz en la vida, este indicador alcanzó al 17,0% de las mujeres en 2025, frente al 14,6% de los varones. La brecha se profundiza en la pobreza: entre las mujeres indigentes, la infelicidad superó el 40%, mientras que en no pobres se mantuvo en torno al 13-14%. Pero es en los hogares monoparentales donde la infelicidad adquiere su rostro más nítido. El 21,2% de las jefas monoparentales reportó infelicidad, frente al 10,3% de las jefas en hogares biparentales. La falta de apoyo conyugal, la soledad en la toma de decisiones y la sobrecarga de cuidados generan un desgaste emocional que la encuesta documenta sin ambages. La infelicidad no es un lujo de sociedades opulentas; es un indicador de privación relacional y material. Y en Argentina, sigue siendo profundamente genderizada.
La salud mental como deuda social
Lo que el Observatorio de la Deuda Social Argentina mide no es solo “salud mental” en el sentido clínico tradicional. Mide la traducción psíquica de la desigualdad estructural. El malestar psicológico, la infelicidad, el déficit de proyectos y la exposición a la violencia no son variables independientes; son eslabones de una misma cadena: la desvalorización sistemática del trabajo reproductivo, la precarización laboral feminizada, la privatización de los cuidados y la naturalización de la violencia como parte del orden social. Mientras se siga entendiendo la salud mental como un asunto individual, responsabilidad exclusiva de quien la padece, se estará ocultando su dimensión colectiva y política.
La deuda social no es solo económica; es psicosocial. Y su liquidación no pasa por campañas de bienestar individual ni por aplicaciones de mindfulness cuando la raíz del malestar es la falta de redes de cuidado, la inestabilidad laboral, la pobreza crónica y la violencia estructural. Requiere políticas públicas integrales: formalización laboral con perspectiva de género, sistemas públicos de cuidados que redistribuyan la carga entre Estado, mercado y familias, acceso efectivo a salud mental con enfoque comunitario y territorial, fortalecimiento de la Justicia en violencia de género y transferencias de ingresos que reconozcan el trabajo reproductivo no remunerado. La encuesta 2010-2025 no es un diagnóstico para archivar; es un mapa para actuar.
Espejo incómodo pero necesario
Volver a la cocina de las 6.15. El agua fría ya corre. El colectivo pasará en diez minutos. El celular seguirá vibrando. Pero detrás de esa rutina hay un dato que el país no puede seguir ignorando: el 24,1% de las mujeres adultas urbanas vive con malestar psicológico; el 17% con infelicidad; el 16,2% sin proyectos; y el 13% con violencia reciente. No son cifras para lamentar; son mandatos para transformar. La salud mental no se reconstruye con discursos de resiliencia cuando el suelo sigue temblando. Se reconstruye con empleo digno, con cuidados compartidos, con justicia efectiva, con políticas que dejen de tratar a las mujeres como amortiguadores de la crisis y comiencen a reconocerlas como sujetos de derechos.
El Observatorio de la Deuda Social no solo mide indicadores; mide el costo humano de las omisiones políticas. Y mientras no se aborde desde la interseccionalidad, seguirá pagándolo quien menos puede: las mujeres pobres, las jefas monoparentales, las trabajadoras informales, las sobrevivientes de violencia. La serie 2010-2025 es un espejo incómodo. Pero es un espejo necesario. Porque sin datos, no hay diagnóstico. Sin diagnóstico, no hay política. Y sin política con perspectiva de género, no hay recuperación posible.
La curva del desgaste: cuándo y por qué el malestar se profundiza
El informe revela que el deterioro psicosocial tiene momentos críticos en el ciclo vital femenino, y que la estructura del hogar opera como un amplificador de vulnerabilidad. No mide malestar de forma aislada; revela un circuito estructural donde el tipo de hogar, el ciclo vital y la inserción laboral se entrelazan para generar vulnerabilidad psicosocial.
En 2023, el malestar psicológico en jefes de hogar alcanza el 36,3% en mujeres frente al 23,2% en varones. La brecha se dispara al cruzar con la estructura familiar: en hogares monoparentales, trepa al 32,1% en jefas (vs. 25,1% en varones). No es una coincidencia demográfica; es la huella de un sistema que externaliza los cuidados en las mujeres, incluso cuando están solas al frente.
Esa carga se densifica con el tiempo. Entre las jefas monoparentales, el malestar marca dos picos críticos: a los 35-59 años (29,6%), la sobrecarga es máxima; a los 75 años o más, salta al 46,8%, reflejando el acumulado de desigualdades y soledad institucionalizada.
El sentimiento de infelicidad sigue la misma lógica (34,5% a los 35-59), mientras el déficit de proyectos en mayores de 75 llega al 50,7%. No es apatía; es tiempo contraído por la supervivencia. El mercado laboral opera como amplificador. La tasa de actividad femenina (69,5%) cae 8,3 puntos respecto de la masculina (77,8%), no por elección, sino por la incompatibilidad estructural entre cuidados y empleo.
Cuando las jefas se insertan, lo hacen en condiciones frágiles: solo el 40,4% accede a empleo pleno (frente al 47,7% de varones) y el desempleo las dobla (8,8% vs 4,8%). La precariedad drena recursos cognitivos, reduce el control percibido y contrae el horizonte vital. Estos datos confirman que el deterioro psicosocial es un patrón ecológico. La monoparentalidad femenina, la brecha de participación y los picos etarios son eslabones de una misma cadena: la desvalorización del trabajo reproductivo.
Saldar esta deuda exige redistribuir el cuidado, garantizar inserción digna y reconocer que la estabilidad material debe preceder a cualquier expectativa de recuperación anímica. Sin piso firme, no hay proyecto de vida.
Glosario mínimo: qué miden estos indicadores
Para leer el informe sin malentendidos, conviene precisar qué significan los conceptos clave:
- Malestar psicológico: percepción de sintomatología ansiosa y depresiva (no es diagnóstico clínico, sino indicador subjetivo de sufrimiento psíquico).
- Déficit de proyectos: sensación de no tener metas ni horizontes vitales a mediano plazo; no es apatía, sino respuesta a condiciones que bloquean la planificación.
- Sentimiento de infelicidad: percepción negativa del estado de ánimo que produce sentirse “poco o nada feliz” en la vida cotidiana.
- Violencia de género: incluye violencia verbal, amenazas, física y/o sexual sufrida en los últimos 12 meses.
- Empleo precario: sin registro, sin aportes, inestable o con ingresos insuficientes.
- Hogar monoparental: estructura familiar donde una sola persona (mayoritariamente mujer) asume la jefatura y la carga de cuidados.
Estos indicadores no miden “fragilidad individual”. Miden exposición estructural: cómo la pobreza, la precariedad laboral, la organización patriarcal de los cuidados y la violencia machista se traducen en daño psicosocial. La encuesta no patologiza la pobreza; visibiliza sus costos humanos. Por eso, las políticas que se derivan no pueden ser solo “de salud mental”: deben ser políticas de empleo, de cuidado, de vivienda, de justicia y de redistribución. Como señala el equipo de la Dra. Solange Rodríguez Espínola, “el bienestar psicosocial es una deuda social”. Y saldarla requiere mirar más allá del síntoma.
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