La tesis
Javier Milei llegó a la Presidencia basado en las redes sociales, montado en el relato anticasta y aferrado a un concepto: el Estado es corrupto por naturaleza. Mucho hicieron los gobiernos que le precedieron por validar la última línea argumental. Sin embargo, el mandatario encabeza ahora una fuerza política que, en la mitad de su mandato, acuña tantas contradicciones como escándalos.
De entre los tres elementos referidos en el primer párrafo, el de las redes sociales sigue siendo verdaderamente formidable y sirve hoy de columna para el proyecto oficialista que, en cambio, engorda a la casta mientras se retuerce en polémicas que lo emparentan con el peor rostro de la dirigencia.
El punto de partida es conceptual. Si se asume, como sostiene el presidente Milei, que el Estado es corrupto por naturaleza, la frontera entre lo legal y lo ilegítimo deja de ser jurídica para volverse ideológica. La corrupción empieza a funcionar como un lenguaje y forma de organización del poder.
Aquello que meses atrás fue el puntapié para una sucesión de escándalos, se afirma ahora como una modificación de la lógica: la corrupción está, solo cambia el modo en que se la interpreta, se la justifica y, en última instancia, se la integra al funcionamiento político.
Aquel efecto discursivo de “ratas corruptas” pierde validez frente a lo que se observa a diario. Los distintos episodios que atravesaron la agenda pública en los últimos meses -desde experiencias en el mundo cripto hasta denuncias sobre contrataciones estatales o financiamiento político- pueden leerse, en este contexto, como piezas de un mismo patrón. No necesariamente prueban una hipótesis única, pero sí permiten observar una regularidad: la porosidad entre lo público y lo privado, y la consolidación de circuitos donde el acceso se vuelve un bien transable.
La pregunta frente a semejante escenario es si la corrupción, en este esquema, sigue siendo un efecto colateral del poder o empieza a cumplir una función estructural. Y el oficialismo, no importa cuando se diga, poco hace para cambiar esa visión. Porque desde la posición que adopta, la de la ignorancia deliberada, solo redefine el peso de la responsabilidad. El oficialismo, se escribió en la columna anterior, ya ni se defiende de las acusaciones, solo se desentiende de ellas.
En este punto, la única novedad es la legitimación que la sociedad comienza a darle a un sistema que se reproduce mandato tras mandato. Fluyen en los diálogos y discusiones ideas como “lo menos peor”, “mejor estos que los otros”, “no hay alternativa”, etcétera. La moral ya no está en debate, apenas forma parte de una ecuación que se diluye en variables como la estabilidad, la inflación, la expectativa económica… el “costo marginal”.
Las redes cumplen allí un rol fundamental. Porque no cuestionan las prácticas reñidas con la moral de este oficialismo, sino que hasta le dan una legitimación discursiva al comparar que la corrupción actual es pequeña frente a la anterior. Se corre el eje y la discusión entonces pasa por el volumen y no por el hecho. La historia argentina ofrece antecedentes de sistemas donde la corrupción fue funcional al poder. Pero en esos casos, por lo general, operaba como una herramienta subordinada a la acumulación política. El interrogante actual es si no se está configurando algo distinto: un esquema donde esas prácticas no solo acompañan al poder, sino que contribuyen a sostenerlo en ausencia de estructuras tradicionales, financiamiento orgánico o anclaje territorial.
La apuesta por mantener a algunos implicados, incluso en medio de un contexto adverso, se inscribe en una interna cada vez más visible dentro del oficialismo. La tensión que se describe entre dos lados del “triángulo de hierro” no es nueva, pero en contextos de crisis adquiere otra intensidad. Las filtraciones, las desconfianzas y los reproches cruzados dejan de ser episodios aislados para convertirse en síntomas de una disputa más profunda: quién controla los resortes del poder.
En ese marco, el interrogante que era estrictamente judicial agrega el político ¿Cuánto puede sostenerse una apuesta cuando los costos empiezan a superar los beneficios? ¿Y qué ocurre cuando esa decisión no solo compromete a un dirigente, sino al equilibrio de todo un armado?
Hoy se habla poco de “delito” y mucho de “pase de factura por internas”. Tal vez la clave esté ahí. No en medir cuánta corrupción hay, sino identificar qué lugar ocupa. Si sigue siendo un problema a corregir o si empieza, silenciosamente, a consolidarse como una forma de funcionamiento. Y si todo lo anterior es lo real, entonces Milei tenía razón cuando expresó que el Estado es corrupto por naturaleza… solo cambian quienes la articulan.
Los hechos
• $LIBRA y Adorni: pese al superávit fiscal y una fuerte acumulación de reservas (US$ 3.600 millones), los bonos argentinos siguen cayendo y el Riesgo País superó los 600 puntos. Este fenómeno se explica por una combinación de factores externos críticos y un frente interno que empieza a mostrar grietas en su narrativa principal.
El factor circundante es el conflicto en Medio Oriente y el petróleo rozando los 120 dólares por barril que activaron un “fly to quality” (huida hacia activos seguros), lo que castiga a los mercados emergentes como Argentina, independientemente de su gestión local.
El factor de base es agraviante porque parte de intencionalidades van quedando expuestas. El mercado bursátil no solo mira planillas de Excel, también mide la gobernabilidad. Los analistas (como Max Capital y 1816) advierten que el caso $LIBRA y los viajes de Manuel Adorni no son solo escándalos mediáticos, sino que atacan el corazón del discurso anti-casta de La Libertad Avanza.
Los inversores temen que estos casos, sumados a la caída del 5,3% en la confianza del consumidor y el aumento del desempleo, erosionen el apoyo popular, que es el principal capital político de Milei. Aunque no hay elecciones este año, la City teme que el “ruido político” frene el ímpetu reformista. La posibilidad de una derrota de Donald Trump en las legislativas de Estados Unidos también suma cautela, dado el fuerte alineamiento geopolítico del Gobierno.
• Desempleo: los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos confirmaron que la informalidad laboral no es una anomalía, sino un fenómeno estructural. En el cuarto trimestre de 2025, el 43% de los trabajadores se desempeñó por fuera de los marcos legales, sin cobertura laboral, previsional ni impositiva. En paralelo, el desempleo trepó al 7,5%, marcando un deterioro respecto del año anterior.
Niveles similares a los actuales se registraban ya en 2008, lo que sugiere que, más allá de los ciclos económicos, existe un núcleo duro de precariedad que resiste distintas políticas y modelos.
• Consumo: uno de los rubros que nunca tuvo un verdadero repunte en lo que va de esta gestión, tiene en la carne una de sus aristas más sensibles. La cadena atraviesa uno de esos momentos en los que los números dejan de ser coyunturales para volverse estructurales. La faena registrada en febrero de 2026, una de las más bajas en casi medio siglo para ese mes, es el resultado acumulado de decisiones productivas, condiciones climáticas adversas y tensiones propias del ciclo ganadero.
La carne volvió a ubicarse entre los principales impulsores de la inflación, en un escenario donde el aumento de precios convive con una caída del consumo.
• Morosidad: la mora en créditos otorgados por fintechs y entidades no bancarias sigue creciendo y ya se ubica cerca del 25% en la Argentina, según estimaciones privadas. Es un nivel muy alto, que prácticamente cuadruplica la irregularidad del sistema financiero en general. El fenómeno no es aislado: afecta a todo el sector y ya se considera de carácter macroeconómico. En paralelo, también aumentó la mora en los bancos, que alcanzó niveles máximos en más de dos décadas y acumula quince meses consecutivos de suba.
Uno de los factores clave es el fuerte encarecimiento del crédito. Las tasas de interés que aplican las entidades no bancarias son, en promedio, casi el doble que las bancarias, lo que eleva significativamente el riesgo de incumplimiento. Además, la volatilidad financiera tras cambios en la política monetaria desde 2025 encareció aún más el financiamiento y desaceleró el crédito al sector privado. En este contexto, la calificadora Moody’s advierte que la calidad de la cartera seguirá deteriorándose en el corto plazo, mientras los bancos enfrentan mayor presión por incobrabilidad.
El ajuste como límite
Y si a nivel nacional la discusión gira en torno a la naturaleza del Estado, en Misiones el debate se vuelve más concreto: cómo sostenerlo cuando los recursos empiezan a no alcanzar. El diagnóstico del ministro de Hacienda, Adolfo Safrán, expone una lógica que expresa el clima económico general: la Provincia enfrenta un desfasaje mensual cercano a los 40 mil millones de pesos, producto de una coparticipación que pierde en términos reales y una recaudación propia afectada por la desaceleración económica.
En ese marco, el ajuste se erige como mecanismo de supervivencia. La administración provincial reorganiza el gasto con el fin de sostener lo esencial y postergar lo demás. Salud, educación y seguridad se preservan; la obra pública se ralentiza, los aumentos salariales se moderan y el Estado restringe su propia expansión.
Pero incluso ese ordenamiento el funcionario expuso una tensión que no es nueva: “Por un lado se celebra el ajuste del Estado, pero por otro se le siguen exigiendo servicios e infraestructura”.
El problema no se agota en la administración pública. La caída del consumo, el enfriamiento de la actividad y el encarecimiento del crédito configuran un escenario donde el financiamiento deja de ser una herramienta y pasa a ser un límite.
En ese contexto, la intervención del gobernador Hugo Passalacqua -a través de una operatoria de alivio financiero junto a Banco Macro- funciona más como contención. Refinanciar deudas no resuelve el problema de fondo, pero permite administrar el presente en un escenario donde las cuotas empiezan a ocupar una porción cada vez más significativa de los ingresos familiares.
