El fenómeno del “land grabbing” o acaparamiento de tierras no es una novedad estadística para la provincia de Misiones. No obstante, sus efectos actuales a partir del modelo que aplica Arauco en el Alto Paraná, no solo transformó la fisonomía de la ruralidad con un fuerte costo humano y un impacto negativo en la vida local, sino que comenzó un conflicto con las comunidades originarias que escala sin soluciones.
“Según el pensamiento que tenemos algunos colegas que investigamos el concepto ‘acaparamiento de tierra’, esto no se reduce solo a la tierra en sí, sino al territorio como un conjunto de recursos y de bienes asociados: implica el agua, el acceso al sol, al monte, a la buena vida y a las posibilidades de una comunidad para desarrollarse”, explicó la científica del CONICET Delia Ramírez, quien desde finales de los años ‘90 fue pionera en afirmar que la expansión forestal en Misiones asume una modalidad de agronegocio, “superando el tradicional modelo vertical de la agroindustria que se apoyaba en dinámicas fabriles”, dijo.
“Por eso, propuse la categoría de ‘agronegocio forestal’ para entender el funcionamiento empresarial globalizado propuesto fundamentalmente por la empresa transnacional que motoriza el sector”, enfatizó.
“Este proceso que se observa con intensidad desde el año 2008, llamado por el mismo Banco Mundial como ‘fiebre global por tierras’, ya que el acaparamiento dejó de ser una simple concentración de la propiedad para convertirse en un control total del territorio, no solo implica la incidencia del actor empresarial, sino también del Estado, con impacto en otros actores subalternizados”, explicó.
“Nosotros hemos tomado este concepto para estudiar cómo se da el ‘land grabbing’ en nuestros territorios locales, el cual tuvo lugar de una forma distinta a la que se había dado anteriormente a este modelo de avance forestal”, dijo.
Control “omnipresente”
“Acaparamiento de tierras hubo desde el momento fundacional del Estado-Nación, desde que se repartieron la provincia de Misiones entre 34 propietarios. Que haya un solo dueño para mucha tierra no es una novedad. La novedad es la forma con que se controla esa tierra. Ese primer modelo de concentración fundacional se producía con la convivencia de muchas comunidades locales, que ocupaban la tierra sin saber siquiera quien era el dueño de la tierra. Con el land grabbing eso ya no es posible”, comparó.
En ese sentido, para la investigadora, reducir el problema a la titularidad registral es un error de diagnóstico porque “el acaparamiento de tierras no se reduce a la tierra en sí, sino al territorio como un conjunto de recursos y de bienes asociados”, reiteró.
También remarcó otra diferencia entre el modelo forestal anterior y el modelo actual: “El propietario es omnipresente, te hace saber que tiene una presencia continua en ese control de la tierra”, ya sea por fuerzas de seguridad privadas o estatales, por cartelería o por la publicidad, que le hace saber a los locales que están en un territorio que no les pertenece o que es prestado.
Para ella, uno de los puntos más críticos tras la aplicación del modelo extractivo fue la desaparición de los núcleos sociales, algo que según Ramírez se da cuando el actor empresarial avanza y produce un efecto dominó.
“Desaparecen uno a uno poblados que estaban bien organizados o quedan muy pocas personas. Los servicios comienzan a retirarse, el colectivo ya no ingresa, la escuela pasa a ser salita satélite y se va asfixiando la vida social”, enumeró.
“Este proceso tiene un rostro claro: el desempleo masculino generado por la mecanización. La harvester forestal (cosechadora forestal que realiza en pocos segundos la tala, desrame y corte a medida de árboles en el monte) reemplazó a cientos de motosierristas. ¿Qué pasó con toda esa gente que quedó desempleada? Era la población masculina de más de 40 años de Puerto Libertad y sus alrededores quienes no pudieron ser reabsorbidos en el sistema y quedaron desempleados a su suerte”, recordó sobre sus estudios.
“Apagón” de datos oficiales
Por último, la investigadora social contó que actualmente seguir abordando sus estudios enfrenta un obstáculo legal y político, “tras las medidas del Gobierno nacional con la derogación de la Ley de Tierras y la pérdida del Registro Nacional de Tierras tras el DNU 70/2023 que nos dejó a los analistas a oscuras”, denunció.
“Misiones estaba casi en el 14% de extranjerización, disputando el primer lugar como la provincia más extranjerizada a nivel país. Al eliminarse esa ley y bajarse todos los mapas donde se podía ver qué pasaba, nos hemos quedado sin esa herramienta de información pública”, lamentó. A esto se suma la sospecha de maniobras para eludir los controles que antes existían.
Por otro lado, también escaló la tensión con las comunidades originarias, donde el conflicto es más antagónico. Mientras el empresario esgrime el derecho de propiedad, los guaraníes sostienen la preexistencia (ver recuadro).
“A los mbya no les interesa ser obreros forestales. Lo que les interesa es poder acceder al monte, a los ríos, poder pescar y buscar sus medicinas”, planteó la investigadora.
Para cerrar, Ramírez mencionó el cierre del acceso a lugares emblemáticos, como el Salto Yasy en Puerto Libertad. A su vez, lo relatado por los vecinos del lugar con quienes se entrevistó este Diario es la metáfora más clara: lo que antes era un espacio de recreación para refrescarse en el calor local, hoy es propiedad privada que está vedada a los locales.
La comunidad mbya guaraní Tekoa Okä Porã pide respeto
La Constitución Nacional, en su artículo 75 inciso 17, reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas y la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que ocupan. Desde una perspectiva científica, el relato de Delia Ramírez expone una tensión crítica entre el Derecho de Propiedad y la Función Social de la Propiedad, así como la posible vulneración de derechos de comunidades originarias.
Hace dos semanas, según se informó por canales de divulgación que trabajan en conjunto con las comunidades mbya en Misiones, luego de meses de insistencia, “la Dirección de Asuntos Guaraníes se presentó en el territorio pretendiendo mediar, sin embargo, el reclamo es que defienda los derechos de la comunidad y que otorgue la personería jurídica”.
Hay que recordar que el territorio en disputa es un territorio ancestral. Allí existió históricamente la comunidad Tekoa Chéiro, dirigida por los caciques Julio Duarte y Elvio Benítez, que fue desplazada de manera forzada tras la construcción de la represa Uruguaí, que inundó gran parte del territorio tradicional. Hoy son 5 familias con un total de 19 personas, entre ellas infancias y mayores.
