El proyecto de Presupuesto 2026 no es un simple ejercicio de contabilidad fiscal: es una definición política que reordena prioridades y redefine el lugar que el Estado argentino asigna a la educación y a la ciencia. El análisis de los datos elaborados por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) muestra que el ajuste proyectado no se limita a una poda de gastos, sino que avanza sobre los marcos legales que, hasta ahora, habían convertido a estas áreas en políticas de Estado, independientemente del signo político del gobierno de turno.
El núcleo más evidente de ese repliegue está en la Educación Técnica Profesional. El Fondo Nacional para la Educación Técnico Profesional (FoNETP), clave para sostener equipamiento, infraestructura y actualización tecnológica en las escuelas técnicas, enfrenta un recorte real del 93% respecto de 2023. No se trata de una licuación inflacionaria, sino de una decisión que vacía el instrumento. Para 2026, el proyecto asigna apenas el 3,5% de los recursos que la Ley 26.058 establece como piso obligatorio, dejando sin respaldo efectivo a un sistema pensado para articular educación y desarrollo productivo.
La lógica del ajuste se extiende al conjunto del sistema. La Función Educación y Cultura registra una caída real del 47,3% frente a lo ejecutado en 2023, mientras que los programas de becas se reducen en un 76,6%, comprometiendo el acceso y la permanencia educativa. Las universidades nacionales, en tanto, deben sostener su funcionamiento con un 33,8% menos de presupuesto real, en un contexto de creciente presión salarial y de costos operativos.
Más allá de las cifras, el informe advierte sobre un cambio institucional de fondo. El artículo 30 del proyecto de Presupuesto 2026 elimina garantías históricas, como la inversión mínima del 6% del PBI en educación y la senda de crecimiento hacia el 1% del PBI en Ciencia y Tecnología, desarmando los compromisos legales que limitaban la discrecionalidad del ajuste. En los hechos, se borran las reglas de juego que ordenaban la inversión pública en áreas estratégicas.
Ese esquema se completa con decisiones que tensan el equilibrio republicano. La suspensión de la Ley de Financiamiento Universitario mediante el Decreto 759/2025, bajo el argumento de que una ley no se ejecuta sin partida presupuestaria explícita, introduce -según CEPA- un precedente de veto implícito del Poder Ejecutivo sobre normas sancionadas por el Congreso, en contradicción con la división de poderes.
En este marco, la Ciencia, Tecnología e Innovación, que también enfrenta un recorte real del 48,8%, queda atrapada en la misma lógica de repliegue. Educación técnica, universidades y ciencia aparecen así como variables de ajuste en un modelo que prioriza el equilibrio fiscal aun a costa de capacidades formativas y productivas de largo plazo.
El debate parlamentario todavía no está cerrado. Pero si el esquema proyectado se consolida, el Presupuesto 2026 marcará algo más que un año de recortes: será el punto en el que la Argentina decida, por vía presupuestaria, reducir su apuesta por la formación, la innovación y el desarrollo propio.
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