Las primeras jornadas del Encuentro Federal por una Política de Desendeudamiento dejaron una conclusión unificada: el avance del endeudamiento en los hogares argentinos se volvió un fenómeno estructural, amplificado por un escenario económico marcado por recortes, pérdida de derechos y ausencia de políticas públicas.
Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, la jornada contó con la participación de representantes de todas las provincias, organizaciones sociales, docentes, cuidadoras y trabajadoras de la economía del cuidado, las dos jornadas —una virtual a nivel nacional y otra presencial en Buenos Aires— expusieron lo que las organizadoras describieron como narraciones “dolorosas, reiteradas y coincidentes”.
El eje común fue la denuncia de prácticas abusivas por parte del sistema financiero en su conjunto: bancos públicos y privados, financieras, billeteras virtuales y plataformas fintech, que hoy operan como “motores del sobreendeudamiento y del hostigamiento cotidiano de las familias”, concluyeron durante la jornada.
En los testimonios se repitieron escenas de cobranzas ilegales, amenazas, presiones telefónicas y persecución incluso a entornos familiares, un repertorio que desborda lo que podría pensarse como decisiones individuales.
En ese contexto, la socióloga Luci Cavallero sintetizó el diagnóstico: “Lo más grave es que distintas entidades financieras -desde bancos hasta billeteras virtuales- están operando con la misma lógica de usura que los prestamistas privados. Frente al sobreendeudamiento no están ofreciendo alivio, están profundizando el ahogo”.
La lectura que expuso la jornada es abiertamente política: mientras el gobierno de Javier Milei impulsa un proceso de desregulación y recorte del Estado, las familias quedan expuestas a un sistema financiero que opera sin contrapesos y sin mecanismos de protección.
Durante las jornadas se presentó también el informe “Discapacidad y Endeudamiento – Encuesta Federal 2025”, un estudio con 214 respuestas de 16 provincias y CABA que ofrece una radiografía precisa sobre cómo la crisis económica impacta en los hogares que conviven con la discapacidad.
El documento describe un sector profundamente feminizado y sobrecargado, donde la mayoría de las personas que respondieron son mujeres, jefas de hogar y cuidadoras. El informe señala que los ingresos ya no alcanzan para cubrir necesidades básicas y que, ante la pérdida de beneficios, terapias y prestaciones, el endeudamiento se vuelve la única estrategia disponible para sostener la vida cotidiana.
Una frase del informe condensa esa situación: las deudas no nacen por consumos prescindibles, sino por “alimentos, medicamentos, tratamientos médicos y urgencias de salud”. Según el estudio, el 88% de los hogares está endeudado.
La presión financiera se amplifica por la multiplicación de acreedores: tarjetas, bancos, billeteras virtuales, apps de crédito, fintech, financieras y familiares, muchas veces “sin información clara sobre tasas de interés”, advierte el informe.
Más de la mitad de las familias recibió llamados de cobranza, un dato que coincide con las denuncias escuchadas en las jornadas, donde se volvió a señalar que las prácticas de hostigamiento alcanzan también a hogares con altos niveles de dependencia.
El deterioro emocional aparece como una de las consecuencias más extendidas: el 87% de las personas encuestadas reporta ansiedad, angustia, insomnio o estrés físico, un cuadro que se repitió una y otra vez en los testimonios.
Las jornadas y el informe dejan un mensaje que atraviesa todo el material: la ausencia de políticas públicas no solo profundiza la desigualdad, sino que expone a las familias al accionar de un sistema financiero que opera “con lógicas de usura y presión, sin ofrecer mecanismos de alivio”.
Estrés financiero
En paralelo, el Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) de la Pontificia Universidad Católica Argentina (UCA) presentó su informe anual bajo el título “Nuevo escenario político-económico: Estrés y bienestar en una Argentina en transición”.
La investigación revela que, si bien se observó una disminución de la pobreza en 2025 respecto al año anterior, la sensación de agobio, angustia y agotamiento persiste en niveles preocupantes en la vida cotidiana de los argentinos.
Según los datos de la UCA, el estrés económico -la sensación de no poder afrontar los gastos– sigue siendo una constante que afecta a gran parte de la población. Aunque la cifra retrocedió levemente del 50% en 2024 al 46,8% en 2025, el indicador permanece en niveles altos, superando los registrados en 2022.
El informe de la ODSA subraya que estas desigualdades se profundizan: la cronicidad del estrés se agrava en los hogares más vulnerables, mientras que las mejoras son leves o nulas para los estratos más altos.
Uno de los datos más alarmantes se registra en la salud mental. El malestar psicológico mostró una subida en 2022 que se potenció en 2024, alcanzando un récord histórico del 28,1% en medio de un año de alta inflación y caída de la actividad económica.
El trabajo del Observatorio establece un correlato directo entre las condiciones de vida deterioradas y la salud mental: cuatro de cada diez personas con estrés económico presentan malestar psicológico (síntomas de ansiedad, angustia y depresión).
El director del ODSA, Agustín Salvia, señaló durante la presentación que estas cifras evidencian que “la mejora macroeconómica no logró traducirse en bienestar cotidiano”. La fragilidad del tejido social y un mercado laboral marcado por el subempleo inestable (24,1%) y el empleo precario (27%) sostienen la vulnerabilidad de gran parte de la sociedad urbana.
El informe concluye que el país necesita construir un “puente entre el orden macro y la inclusión micro”. La preocupación central es que, si las expectativas depositadas en el actual proyecto económico no se traducen en mejoras tangibles para el bienestar social, el impacto podría ser negativo.
