La semana cerró con un clima cargado de enojo y tensión entre productores yerbateros de la provincia, luego de que el Gobierno nacional avanzara con el Decreto 812, que terminó de despojar al Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) de cualquier capacidad para ordenar el mercado. La escena refleja un clima que se repite en toda la zona productiva: angustia, endeudamiento y una sensación de haber quedado librados a un mercado dominado por los grandes molinos.
La medida, firmada por Javier Milei, impide fijar valores, regular cupos o intervenir en la cadena. En Misiones, donde miles de familias viven de la actividad, la decisión reactivó un conflicto que lleva más de un año. Los propios colonos describen la medida como “el certificado de defunción de 12.500 familias yerbateras”, expresión que se volvió eje entre las organizaciones rurales.
Aunque el INYM ya no establecía precios desde diciembre de 2023 por efecto del mega DNU, el decreto consolidó un esquema que deja las negociaciones en manos de la industria. En la región, la lectura es que los industriales avanzan con una posición dominante que empuja los pagos hacia abajo.
Según las asociaciones, producir un kilo cuesta alrededor de $426, mientras que la mayoría de los secaderos abona apenas $180, cifra que ni siquiera cubre los gastos básicos, según denuncian los productores. A ese cuadro se suma un aumento de los cheques rechazados, una situación que, de acuerdo a los protagonistas, pone a muchos colonos al borde del quebranto.
Zafriña suspendida
El malestar quedó expuesto el viernes en Campo Grande, donde cerca de un centenar de productores resolvió no iniciar la zafriña prevista para diciembre. La reunión se extendió hasta la noche y terminó con un mensaje unificado.
El productor Ramón Leonidas explicó que hubo presencia de vecinos de San Vicente, Aristóbulo, Campo Viera, Oberá, Panambí, Puerto Rico y otros puntos de la zona centro.
El colono relató que “se habló con respeto entre todos” y que alcanzaron una conclusión firme. También sostuvo que “hay gente que quiere cosechar y gente que no”, aunque la decisión colectiva fue suspender los cortes ante “precios muy bajos”.
Leonidas advirtió que la crisis se profundizó respecto del año pasado. Señaló que muchos hogares ya no tienen ahorros, que la mercadería “se vino para abajo” y que la falta de pagos se volvió un problema grave. También afirmó que reciben cheques sin fondos y que esta situación beneficia a los molinos, mientras los colonos “siguen tirados”.
Nueva asamblea
Con ese diagnóstico, la Asociación Misionera de Productores de Yerba Mate convocó a una reunión urgente para el jueves 27 en San Vicente. La entidad advirtió que la cadena atraviesa un momento “insostenible”, remarcando que los valores de la hoja verde no cubren los gastos elementales de mantenimiento, cosecha y traslado.
La preocupación central son los pagos rechazados, que multiplican deudas y frenan la circulación de dinero en pueblos donde la actividad yerbatera sostiene cada comercio. La organización avisó que no existen condiciones para levantar la zafriña de diciembre ni para planificar la zafra gruesa sin una respuesta sólida en torno al precio oficial y la normalización de los cheques adeudados.
La carta enviada a diputados y autoridades provinciales sostiene que la situación debe ser abordada de forma urgente, tanto para restablecer la cadena de pagos como para definir criterios que eviten un colapso productivo.
