El Senado rechazó hoy con amplio apoyo opositor cuatro decretos delegados y un DNU de relevancia que habían sido dictados por el gobierno de Javier Milei, y entre los que se destacan el que establecía la disolución de Vialidad Nacional y los que modificaban las estructuras del INTI e INTA.
De esta manera, esa serie de resoluciones del Poder Ejecutivo, motorizadas desde el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, quedaron sin efecto porque ya tenían el rechazo de la Cámara de Diputados.
La avanzada cosechó el apoyo unánime del kirchnerismo, como era esperable, y de gran parte de la UCR, el PRO y otros espacios provinciales.
El bloque de La Libertad Avanza (LLA) solo logró mínimos guiños provenientes las bancadas de la UCR de Mendoza y Chaco, tras el acuerdo electoral sellado en esos distritos entre Balcarce 50 y sus gobernadores.
El debate por los decretos inició recién pasadas 12.30, más de una hora después del comienzo de la sesión, luego de una serie de cuestiones de privilegio, intentos por parte de partidos provinciales de incluir otros proyectos en el temario y la aprobación de acuerdos militares.
El decreto delegado por el cual Milei se proponía disolver Vialidad Nacional fue uno de los puntos de mayor encuentro entre los representantes provinciales.
El texto sostenía que la estructura de no se ajustaba “a las necesidades actuales de gestión”, lo que se reflejaba en “altos costos operativos” y falta de agilidad, y mencionaba una “desproporción” entre el personal administrativo y el operativo y una mayor eficiencia en los tramos concesionados a privados.
A su vez, reasignaba tareas esenciales como la planificación de obras, la elaboración de pliegos y los controles de gestión eran reasignadas a unidades dentro del Ministerio de Economía, y disponía la disolución de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) con el objetivo de “reducir el gasto público” y se basaba en que la Gendarmería Nacional ya tiene la capacidad operativa para realizar el control en las rutas nacionales.
El senador del radicalismo Pablo Blanco fustigó contra la avanzada del oficialismo contra Vialidad Nacional, al afirmar que “el Gobierno toma una medida que es como si aparece un enfermo de cáncer y para no gastar en dinero le pega un tiro y lo mata, entonces se acabó el enfermo y se acabó el problema”.
Alfredo De Angeli, jefe de bloque del PRO,y reconocido productor rural, defendió el INTA y señaló que el organismo “tiene un prestigio tremendo a nivel internacional”, por lo que llamó a ” preservar su autarquía”.
“El INTA ha inventado la primera cosechadora de algodón para la zona de Santa Fe, Chaco y Formosa”, añadió.
El camporista Eduardo De Pedro, en tanto, focalizó su discurso en el decreto que modifica el Banco Nacional de Datos Genéticos y planteó que el decreto rechazado “quita competencias, reduce las capacidades, y tiene que ver con volver a la Argentina de la impunidad”.
Otra de las facultades del decreto rechazado por el Senado era que buscaba convertir a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, que pasaría a llamarse “Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte”, en un nuevo ente que absorbía las competencias de fiscalización de las concesiones viales que antes tenía Vialidad.
Lo mismo estaba previsto para la Junta de Seguridad en el Transporte, que cambiaría su nombre a “Agencia de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación”, al limitar su competencia al transporte aéreo, y sus funciones de investigación en los modos ferroviario, automotor y marítimo pasarían a ser suprimidas o reasignadas a otros organismos.
Por su parte, con los decretos que buscaban transformar el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), el Gobierno proponía quitarles su carácter de entes autárquicos o descentralizados para convertirlos en organismos desconcentrados y dependientes de secretarías de Estado.
El INTA, en tanto, pasaría a depender de la Secretaría de Agricultura, mientras que el INTI sería transformado en una unidad dependiente de la Secretaría de Industria; en ese caso se cuestionó que el 30 por ciento de sus recursos humanos se hubieran concentrado en el área de administración, un ratio “muy por encima de los estándares habituales”.
Por último, el Senado también le dio su estocada final al decreto de necesidad y urgencia que establecía la desregulación de la Marina Mercante.
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