A pocos días del vencimiento del plazo judicial, ninguno de los condenados en la causa Vialidad -incluida la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner- ha cumplido con la orden de devolver los 530 millones de dólares que, según la sentencia, deben restituir al Estado.
El 13 de agosto es la fecha límite fijada para el depósito de los fondos en la cuenta especial habilitada en el Banco Nación. Hasta el momento, ni Cristina Kirchner, ni el empresario Lázaro Báez, ni el exsecretario de Obras Públicas José López -los tres principales condenados- han efectuado pago alguno.
Si para esa fecha el dinero no se transfiere, la Justicia avanzará con la siguiente etapa del proceso: la subasta pública de los bienes decomisados. Sin embargo, una reciente acordada de la Corte Suprema de Justicia introdujo una opción distinta: destinar parte de esos inmuebles a uso institucional, ya sea para el propio máximo tribunal o para el Consejo de la Magistratura.
La resolución firmada por los ministros de la Corte señala que “este Tribunal puede afectar o asignar, por razones de un mejor servicio de justicia, aquellos inmuebles que hubieran sido decomisados” para su utilización directa o para ser cedidos al Consejo de la Magistratura. Esto abre la puerta a que, en lugar de venderse de inmediato, algunas propiedades se conviertan en oficinas judiciales, depósitos de archivo o espacios para otros programas públicos.
En el caso de la expresidenta -condenada en 2022 a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta-, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola identificaron al menos dos propiedades en la Ciudad de Buenos Aires, los departamentos del complejo Madero Center y otras 24 propiedades en el sur del país como activos susceptibles de ser subastados.
La situación presenta un conflicto legal adicional: muchos de estos inmuebles están cedidos a sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner, y embargados en otra causa, la de Hotesur – Los Sauces. Los fiscales sostienen que, al haber llegado primero a sentencia, la causa Vialidad tiene prioridad para ejecutar la subasta. Incluso trabajan en un segundo listado que incluiría la unidad de San José 1111 y más propiedades en Puerto Madero.
De no concretarse la venta inmediata, la acordada de la Corte contempla la posibilidad de ceder temporalmente los bienes a provincias, municipios o entidades sin fines de lucro para destinarlos a programas de utilidad social, como educación, salud, asistencia a víctimas, reinserción social o contención de personas en situación de vulnerabilidad.
La causa Vialidad, resuelta en diciembre de 2022 por el Tribunal Oral Federal N.º 2, concluyó que durante las presidencias de Néstor y Cristina Kirchner se direccionaron de forma fraudulenta contratos de obra pública en Santa Cruz a favor de Lázaro Báez, provocando un perjuicio millonario al Estado.
Ahora, a días del vencimiento, la pulseada judicial se concentra en si el dinero será devuelto, los bienes subastados o si algunos quedarán bajo uso institucional.
Fuente: Agencia de Noticias NA
