El bloque mayoritario del Concejo Deliberante de Concepción de la Sierra emitió un comunicado oficial para aclarar el contenido de un proyecto en tratamiento que fue criticado por el concejal Juan Pablo Pernigotti, quien había señalado que se pretendía crear un nuevo impuesto que afectaría especialmente al sector agropecuario yerbatero. Desde el cuerpo legislativo rechazaron esas afirmaciones y aseguraron que se trata de una figura administrativa orientada a formalizar a prestadores rurales.
En el comunicado firmado por los concejales Ernesto Fabián Pawluk (presidente), Rosana Raquel Barrios (vicepresidenta) y Jeremías Saúl Giménez, aseguraron que la propuesta no implica una nueva carga tributaria, sino que modifica el nomenclador de la ordenanza fiscal vigente para incorporar a los prestadores de servicios agropecuarios privados como una categoría inscripta, lo que, según los ediles, facilitaría su regularización ante distintos organismos y su acceso a beneficios productivos.
“El proyecto en análisis propone incorporar una figura dentro del nomenclador de la ordenanza tributaria fiscal vigente, que detalla todas las tasas municipales”, explicaron. Y añadieron que la inscripción incluiría una tasa como contraprestación por servicios municipales como el mantenimiento de caminos vecinales, considerados fundamentales para el desarrollo de la actividad rural.
Desde el bloque afirmaron que la iniciativa fue solicitada en muchos casos por los propios colonos, con el fin de formalizar su situación laboral y administrativa.
Las declaraciones del concejal Pernigotti habían apuntado a un supuesto intento del Ejecutivo local por aumentar la presión fiscal sobre el sector, al tiempo que cuestionó el crecimiento de la planta municipal y denunció deficiencias en la prestación de servicios básicos. “Es un proyecto meramente recaudatorio, consecuencia del desmanejo y la mala administración municipal”, afirmó el edil opositor.
Ante esto, el bloque mayoritario calificó sus dichos como “versiones inexactas” que “tergiversan el sentido del proyecto” y defendió el procedimiento legislativo adoptado. “El proyecto no fue votado ni impulsado de manera exprés, como falsamente se ha afirmado”, indicaron en el documento, donde también subrayan que todo expediente se analiza en comisión, conforme al reglamento interno.
Además, explicaron que la inscripción como prestador rural ante la Municipalidad no es una exigencia legal del INYM, ARCA o Rentas de la Provincia, pero sí colabora con la formalización del sector, agilizando trámites y permitiendo la constitución de sociedades o el acceso a créditos.
“Rechazamos toda forma de desinformación que busque confundir o manipular a la población, sobre todo cuando se trata de sectores productivos que requieren acompañamiento, seriedad y diálogo”, concluyeron.
