La reciente aprobación en el Senado de la Nación de la Ley de Emergencia en Discapacidad encendió una luz de esperanza en un sector históricamente relegado, a pesar de que el presidente Javier Milei vetaría la misma para dejar sin efecto y así no afectar al “superávit fiscal”. Soledad Varela, especialista en discapacidad y referente del área en Misiones, compartió sus sensaciones y explicó la importancia de esta normativa para miles de familias argentinas.
“La primera sensación es de esperanza. Siempre decimos desde el sector que la esperanza es lo último que se pierde”, afirmó Varela en diálogo con FM 89.3 Santa María de las Misiones. La ley, que aún debe sortear posibles vetos del Poder Ejecutivo, contempla medidas urgentes como el pago a prestadores con hasta siete meses de atraso, la agilización de trámites para pensiones y certificados, y la mejora de condiciones para garantizar tratamientos de salud, educación y transporte. “Desde diciembre de 2024 no se actualizan los aranceles. Y hay prestadores que siguen trabajando sin cobrar desde hace tres meses. ¿Quién puede sostener un trabajo así?”, planteó. La emergencia también apunta a simplificar la pesada burocracia que enfrentan las familias: desde conseguir un certificado hasta acceder al transporte para tratamientos médicos.
“Una persona con discapacidad no tiene una sola prestación. Son múltiples tratamientos y eso implica un gran costo. Hablamos del 30% del presupuesto familiar”, detalló y destacó que esto marca un punto de partida más que una solución definitiva.
“Esto recién empieza. Es un gran paso, pero es apenas el primero”, remarcó. La especialista también reflexionó sobre los prejuicios que enfrentan las personas con discapacidad, incluso en el marco del debate legislativo: “Me han dicho que con esta ley queremos vivir del Estado. Nada más lejos de eso. Queremos que se entiendan nuestros derechos: salud, educación, transporte. Argentina está adherida a la Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad, y eso nos debería garantizar lo básico”, explicó.
Otro punto crítico es la inclusión laboral:“Cuando asumió este Gobierno, se tiró por tierra la compatibilidad entre pensión por discapacidad y trabajo en blanco. Una pensión de 300 mil pesos no alcanza para cubrir ni lo básico. ¿Cómo vamos a hablar de inclusión si se nos castiga por querer trabajar?”.
Consultada sobre el posible veto presidencial, Varela fue contundente: “Yo confío en la fuerza del sector. Confío en nuestros senadores, en el gobierno de la provincia de Misiones que nos acompañó. Pero sabemos que desde Nación no hay una voluntad de acompañar. Ya lo dijeron desde que asumieron. No conocen nuestra realidad”. También se refirió a la reciente actitud del presidente Javier Milei hacia un adolescente activista por la neurodiversidad: “Eso te muestra la calidad del gobierno que tenemos. Van a cortar por el hilo más fino. Pero nosotros vamos a seguir mostrando, visibilizando y trabajando por lo que es justo”.
Pese a todo, la especialista sostuvo que el sector tiene herramientas para seguir luchando. “Somos un sector muy fuerte, muy resiliente. Esto no nos va a hacer tambalear. No estamos pidiendo nada que no nos corresponda. Solo pedimos que se nos trate de manera digna, como a cualquier ser humano”.
La aprobación de esta ley no resuelve todos los problemas del colectivo, pero representa un paso hacia la visibilización y el reconocimiento de derechos largamente postergados. La batalla continúa, con más organización, más lucha y una convicción que Varela dejó en claro: “Si no nos dan oportunidades, jamás van a entender todo lo que podemos aportar”.
