El Gobierno argentino comenzó a privatizar las áreas de servicios en los pasos fronterizos terrestres. Los primeros proyectos ya están en marcha en Santo Tomé y Paso de los Libres, ambos en Corrientes. Por su parte, Iguazú y Uspallata (Mendoza) también figuran como prioridades en la agenda, y luego se avanzará con el resto de los cruces.
La iniciativa busca que empresas privadas se encarguen de invertir, operar y mantener las zonas de servicios cercanas a las fronteras. Esto incluye desde restaurantes hasta hoteles, free shops y áreas logísticas. Sin embargo, las fuerzas federales y organismos como Aduana, Migraciones y Gendarmería seguirán operando en los puntos de control.
En Santo Tomé, el proyecto se licitó junto con Brasil, pero una medida cautelar en ese país ha detenido el proceso. Este paso es clave, con un flujo anual de 148.000 vehículos livianos argentinos y 90.000 camiones. La inversión estimada es de 20 millones de dólares, con un canon mínimo de 40 millones a dividir entre ambos países.
Paso de los Libres, el principal cruce fronterizo del interior del país, también está en proceso de licitación. Con más de 900.000 metros cuadrados y capacidad para 900 camiones, por allí transitan 1,5 millones de vehículos al año. El contrato incluirá una concesión por 25 años para que el privado seleccionado invierta y opere el área.
Iguazú es otro punto estratégico que figura en carpeta. Este paso es más turístico y no cuenta con una operación compartida con Brasil. En 2024, se registraron 102.300 vehículos particulares cruzando hacia Foz de Iguazú, lo que resalta su importancia como cruce fronterizo.
Uno de los desafíos para avanzar con estas concesiones es resolver la propiedad de los terrenos involucrados. Por ejemplo, en Uspallata, las tierras fueron donadas a la exAFIP y requieren trámites regulatorios antes de ser entregadas a privados. Otros predios enfrentan situaciones similares.
Diversos grupos económicos han mostrado interés en participar, incluyendo empresas del sector turístico y logístico. Las concesiones permitirán instalar servicios comerciales como hoteles, gastronomía y free shops, aunque no se autorizarán actividades relacionadas con juegos de azar.
Fuente: La Nación
