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Reunión entre familares y un nuevo fiscal sacude el caso Menéndez

La familia de los hermanos Lyle y Erik, quienes fueron sentenciados a cadena perpetua por el asesinato de sus padres en 1989 en Los Ángeles, solicita su liberación inmediata.

7 enero, 2025

Tras la reunión llevada a cabo el viernes entre el fiscal de distrito de Los Ángeles, Nathan Hochman, y la familia de Lyle y Erik Menéndez, ha generado expectativa sobre el futuro del caso.

Según informó ABC News, la reunión fue parte del compromiso de Hochman de analizar exhaustivamente el caso. El fiscal explicó que su revisión incluye el análisis de miles de páginas de registros penitenciarios confidenciales, transcripciones de los juicios, documentos judiciales, así como conversaciones con fiscales y abogados defensores que participaron en el proceso.

Hochman calificó la conversación como “muy productiva” y mencionó que tuvo un carácter informal y fuera de registro. “Ellos me compartieron todas sus ideas sobre lo que debería suceder, sus experiencias y la dirección final que esperan para este caso”, comentó Hochman.

Lyle y Erik Menéndez, condenados en 1996 por el asesinato de sus padres, esperan una revisión que podría hacerlos elegibles para libertad condicional tras décadas en prisión. 

Anamaria Baralt, prima de los Menéndez, se dirigió brevemente a los periodistas tras finalizar el encuentro. “Tuvimos una reunión con el fiscal de distrito y estamos agradecidos por su tiempo”, declaró Baralt. “Quiero reiterar nuestra posición como familia y como parte de las familias de las víctimas. Este proceso de 35 años ha sido increíblemente traumatizante para nosotros, como estoy segura que pueden imaginar”.

De acuerdo con The Associated Press, Baralt expresó que la familia espera ver una liberación inmediata de los hermanos Menéndez, argumentando que presentarse ante una junta de libertad condicional solo “serviría para re-traumatizarnos”.

La postura de la familia se alinea con los esfuerzos del exfiscal de distrito George Gascón, quien en octubre pasado recomendó que se retirara la condena de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional y que los hermanos fueran sentenciados nuevamente, pero con una pena de 50 años a cadena perpetua. Dado que Lyle y Erik Menéndez tenían 21 y 18 años, respectivamente, en el momento del crimen, serían elegibles para libertad condicional de forma inmediata bajo esta nueva sentencia.

Sin embargo, la salida de Gascón del cargo y la llegada de Hochman han ralentizado este proceso. El fiscal actual explicó que su equipo continúa evaluando todos los aspectos del caso antes de tomar una decisión.

Audiencia pendiente y otras vías legales

Lyle y Erik Menéndez tienen una audiencia programada para los días 30 y 31 de enero, en la que se analizará el avance del proceso de resentencia.

En 2023, los Menéndez presentaron una petición de habeas corpus solicitando que se revisara nueva evidencia que no fue presentada durante el juicio original. Paralelamente, los hermanos enviaron una solicitud de clemencia al gobernador de California, Gavin Newsom. En noviembre, Newsom indicó que esperará el resultado de la revisión de Hochmanantes de tomar cualquier decisión en relación con el indulto.

Además, los hermanos han impulsado una petición para que el caso pase de la Oficina del Fiscal del Distrito de Los Ángeles a la Oficina del Fiscal General de California, donde argumentan que existe un posible conflicto de interés debido a la reciente designación de Kathleen Cady como directora de la Oficina de Servicios a Víctimas.

Cady, antes de asumir su nuevo cargo, representó a Milton Anderson, tío de Lyle y Erik, quien ha sido el único familiar que ha abogado consistentemente por mantenerlos en prisión. Hochman respondió que Cady ha sido “apartada del caso Menéndez” para evitar cualquier conflicto.

El caso Menéndez: tres décadas de controversia

Lyle y Erik Menéndez fueron condenados en 1996 por el asesinato de sus padres, José y Kitty Menéndez, ocurrido en su residencia de Beverly Hills en agosto de 1989. La fiscalía argumentó durante el juicio que los hermanos asesinaron a sus padres motivados por el deseo de heredar la fortuna familiar. La defensa, por su parte, afirmó que los hermanos actuaron en defensa propia después de haber sufrido años de abusos físicos y sexuales por parte de su padre.

A pesar de que los testimonios de abuso marcaron un punto central en el juicio, los fiscales sostuvieron que el asesinato fue premeditado y no resultado de una confrontación inmediata. Lyle y Erik fueron condenados a dos penas consecutivas de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, lo que ha generado décadas de debate público y apoyo dividido.

 

Tags: Lyle y Erik MenéndezNathan HochmanReunión familiares y el Fiscal
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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