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Comisario mayor detenido por estafas múltiples y tenencia de armas ilegales

La aprehensión se concretó en la Dirección de Bomberos de la Policía. El sospechoso habría cometido una seguidilla de delitos con tarjetas de crédito. Se lo investiga también por tenencia y venta de armamento y municiones. Un hijo agente también fue demorado.

21 diciembre, 2024
PABELLÓN ESPECIAL El comisario fue alojado en el anexo del SPP en la comisaría Segunda de Rocamora y Tambor de Tacuarí.

PABELLÓN ESPECIAL El comisario fue alojado en el anexo del SPP en la comisaría Segunda de Rocamora y Tambor de Tacuarí.

Un efectivo de la Policía de Misiones fue detenido el viernes poco antes del mediodía y tras varios días de seguimiento e investigación de la Dirección Cibercrimen de la fuerza provincial. La aprehensión fue ordenada por el juez de Instrucción 1 de la Primera Circunscripción Judicial, Marcelo Cardozo y recayó sobre un comisario mayor de 53 años y dilatada trayectoria en la Dirección Bomberos.

De acuerdo a fuentes consultadas por PRIMERA EDICIÓN, el arresto se concretó tras las denuncias de estafas cometidas con tarjetas de crédito clonadas o truchas a varios comercios de esta capital. Una cadena de supermercados sería la principal damnificada.

Las sospechas en las estafas incluyen a un hijo del comisario que es agente de policía y que fue demorado como posible partícipe directo de las compras de mercadería (mayormente vino y carne de novillo) fraudulenta por al menos 2,5 millones de pesos. Pero también al sospechoso se lo vincula con la tenencia, compra y reducción de armas de fuego y municiones.

Las mismas voces señalaron que el operativo de aprehensión se concretó sin resistencia y fueron secuestrados celulares y dispositivos informáticos, un automóvil propiedad del comisario, entre otros elementos, para ampliar la pesquisa que encabeza el magistrado de turno en diciembre.

El sospechoso fue trasladado luego a la celda especial para integrantes de fuerzas de seguridad en el anexo del Servicio Penitenciario Provincial en el predio de la comisaría Segunda de la Unidad Regional I, de la avenida Tambor de Tacuarí y Rocamora.

Los primeros datos que trascendieron señalan que el integrante de la Dirección Bomberos y su hijo agente de la Unidad Regional I habrían protagonizado una serie de estafas con tarjetas de crédito que dejaron varios millones de pesos de pérdidas.

Los cruces de datos y el rastrillaje que realizó la Dirección Cibercrimen fueron informados el jueves al juez Cardozo y este ordenó el procedimiento de detención.

Ayer, antes que la información sobre la investigación tomara trascendencia, desde la Jefatura de Policía y tras el papeleo correspondiente de la Dirección Asuntos Internos, se anunció que el comisario mayor nacido en San Javier fue apartado de sus funciones y cargo en la fuerza provincial para que la Justicia cumpla con su labor de investigarlo.

 

“Innovador”

Voces de autoridades dentro de la institución del Estado, agregaron que el comisario mayor tiene una amplia labor en la Dirección Bomberos. Uno de sus últimos destinos, fue la dependencia respectiva en la comisaría de Santa Ana.

Pero se señaló que durante varias gestiones encabezó la dirección y tomó notoriedad con iniciativas que habrían terminado en la nada o con mínimos avances.

Uno de sus proyectos habría necesitado el uso de fondos que dispuso la Dirección General de Administración de la Policía para comprar una motocicleta y adaptarla para cumplir la labor de “motobomba”, para combatir siniestros con fuego.

“Pero eso nunca funcionó, solo marketing y ningún resultado”, concluyó un experto entre los bomberos provinciales y camarada del ahora detenido.

Otra voz policial incuestionable como fuente, señaló que tampoco se aclaró cuánto se gastó y si “la gran idea” solo fue pergeñada para obtener la “financiación”.

Mañana el comisario y su hijo serán llevados al juzgado (avenida López Torres casi Mitre) para ser indagados bajo la imputación provisoria de “estafas”.

Tags: Comisario mayorJefaturaMisiones
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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