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Docentes del CEP 20 denuncian años de hostigamiento por parte de directivos

Las acusaciones apuntan a la directora y vicedirectora del establecimiento por abuso de poder, acoso, maltrato y manejo irregular de fondos. La comunidad educativa reclama respuestas del CGE, señalando su inacción ante denuncias previas.

3 diciembre, 2024

El jueves 28 de noviembre, docentes del CEP 20, ubicado en la avenida Zapiola al 1497 de Posadas, presentaron una extensa denuncia formal ante el Consejo General de Educación (CGE). En el documento, acusan a la directora Gladys Toledo y a la vicedirectora Miriam Villafañe de una serie de conductas que incluyen “continua y sistemática violencia laboral: hostigamiento, agresión, intimidación, discriminación, amenazas, acoso laboral, persecución, abuso de poder, maltrato y falta de respuesta administrativa”.

La denuncia, respaldada por testimonios y pruebas documentales, contó con el respaldo de la UTEM y la CTA Autónoma de Misiones.

Los docentes firmantes “exigen con carácter de urgente la intervención del CEP 20 el cese inmediato la intimidación, la discriminación, las amenazas, el acoso, la persecución, es decir, la violencia institucional y laboral contra las y los docentes, la separación del cargo de las victimarias y que se apliquen sanciones correspondientes a este tipo de conducta”.

 

Años de maltrato y denuncias desoídas

La docente Nerea Samaniego, una de las firmantes de la denuncia, relató a PRIMERA EDICIÓN que las situaciones de abuso se remontan a más de 12 años. “Esta directora ha maltratado y hostigado tanto a docentes como a alumnos durante más de una década. Existen nueve denuncias previas que nunca fueron atendidas por el Consejo. Muchos docentes, agotados o enfermos, han abandonado la institución o se han jubilado sin que nada cambiara”, explicó.

“Intentamos dialogar con la directora a través de notas, pero nunca nos respondió. También recurrimos a la supervisora, Doris Gómez, quien tampoco tomó medidas, a pesar de haber sido informada de la situación en múltiples ocasiones”, agregó Samaniego.

 

Un ambiente hostil y dañino

El documento señala que “la dirección no comunica en tiempo y forma, por los medios legales e institucionales las actividades escolares. Ello, producto de que en  muy pocas ocasiones se utiliza el libro de circulares. Desde la aparición del Whatsapp la directora Toledo ha institucionalizado el uso de tal manera, que toda la comunicación del CEP 20 transcurre solo por ese espacio. Desde ese lugar interpela, ordena, discrimina… Los horarios no importan si es de madrugada o altas horas de la noche”.

Además, denuncian el cobro de inscripciones y reincorporaciones. “Tales prácticas son habituales y se naturalizaron. Tampoco se rinde o se comunica la forma en la que esos montos se gastan o de qué manera se invierten. Expresan que lo que se cobra es para la cooperadora. Lo cual el personal de la casa desconoce”, dicta la denuncia.

 

Hostigamiento a docentesy alumnos 

Otro hecho denunciado fue el trato hacia un preceptor identificado como Rubén González: “No hace mucho tiempo el preceptor Rubén González sufrió un infortunio familiar que lo sumió en una fuerte depresión. La directora Toledo lo llamó desde ahí ‘Pan Triste’ de una forma burlona y muy desagradable tratando siempre que los docentes compartan esas ‘formas’ cual situación jocosa que tuvo un fuerte rechazo. Cualquier rechazo a un planteo tiene como respuesta de la dirección la agresión verbal y la descalificación”, expresa la denuncia.

Los abusos no solo han afectado a los docentes. “Los alumnos nos decían: Odiamos el CEP 20. La directora y la vicedirectora los insultan, los discriminan y los tratan de manera denigrante, lo que los llevó a cambiarse de escuela”, expresó la docente.

“Un estudiante relató que fue llamado ‘inservible’ delante de sus compañeros, mientras otro contó cómo la directora le pedía callarse la boca cuando intentaba defenderse. No solo sufrimos nosotros, también los chicos son víctimas de este abuso de poder”, aseguró Samaniego.

 

Manejo irregular de fondos y nepotismo

La denuncia también apunta a que “los hijos de la directora ocupan cargos de preceptor sin tener la titulación requerida, y la directora no rinde cuentas sobre el dinero recaudado en rifas y matrículas. Una madre tuvo que enfrentarla directamente para exigir transparencia sobre los fondos destinados a la recepción de los alumnos de quinto año”, relató la docente.

 

Complicidad y falta de acción

La denuncia también manifiesta que “se evalúe y sancione a la supervisora Doris Gómez por impericia y se garantice un espacio libre de violencia y democrático”.

De acuerdo a Samaniego “la supervisora optó por medidas insuficientes, como sugerir ‘talleres de comunicación asertiva’, sin atender la gravedad de las agresiones ni garantizar medidas efectivas”.

“Lo que necesitamos no es un acuerdo, sino el cese inmediato del abuso de poder, el hostigamiento y la violencia”, enfatizan en el escrito.

 

Manifestación en reclamo de respuestas concretas

La semana pasada, los docentes, acompañados por alumnos y padres, se manifestaron frente a la escuela para exigir soluciones. “Nos reunimos con el secretario general del CGE y otros funcionarios, pero nos dijeron que éramos pocos docentes denunciando, como si eso justificara no actuar. Hay muchos más que no se animan a hablar por miedo a represalias”, señaló Samaniego.

Los estudiantes también se unieron al reclamo, elaborando carteles y exigiendo un ambiente escolar digno. “Queremos un lugar libre de violencia, tanto para docentes como para alumnos. No podemos seguir trabajando ni estudiando en estas condiciones”, concluyó la docente.

El petitorio solicita “la aplicación del convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre violencia y acoso en el ámbito laboral, y la intervención directa del CGE”.

Los docentes también destacaron que estas situaciones han afectado gravemente su salud física y mental, y han socavado la convivencia dentro de la institución. “El CEP 20 no es solo un lugar hostil para nosotros, sino para toda la comunidad educativa”, concluyeron.

El Consejo General de Educación aún no se ha pronunciado sobre el caso, mientras la comunidad escolar espera medidas urgentes para erradicar un problema que, según la denuncia, lleva años sin solución.

Tags: #CEP20CGEConsejo General de EducaciónDenunciaHostigamiento
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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