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Trece jubilaciones de privilegio están en la mira del Gobierno, pero la de Carlos Menem no

Es la que cobra su viuda, Zulema Yoma. El Ejecutivo tampoco tocará la que perciben la esposa del ex-presidente de facto Roberto Levingston y la hija de José María Guido. Sov casos distintos,

14 noviembre, 2024

A raíz del fallo contra Cristina Kirchner, el Gobierno está revisando 13 jubilaciones de privilegio, aunque descarta suspender la de Carlos Menem. El Ejecutivo sostiene que “es un caso distinto” al de Cristina Kirchner y asegura que no tiene en carpeta la baja de los $9.000.000 que percibe Zulema Yoma por la asignación especial del exjefe de Estado, que tuvo condena firme en 2018.

“No se toca porque Menem está muerto. La línea política es quitarle el beneficio al condenado, no al beneficiario”, expresó a TN un alto funcionario. La viuda del expresidente de facto Roberto Levingston, Betty Nelly Andrés, cobra $7.200.000 y la hija del exmandatario José María Guido, Amalia Carmen Guido, $5.600.000.

La Casa Rosada ya tiene lista la defensa jurídica en caso de que Cristina Kirchner decida hacer una presentación ante la Justicia por la quita de su pensión junto a la de Néstor Kirchner, que llegan a los $21.000.000 netos. La medida fue oficializada hoy a través de una resolución del titular de la ANSES, Mariano de los Heros.

Según pudo saber TN, la iniciativa no contó con un dictamen interno del Procurador General del Tesoro, Rodolfo Barra, y será defendida por el secretario de Legal de ANSES, Andrés Mariano Bousquet, si se eleva a la Justicia. El organismo notificará en los próximos días a la exmandataria en su domicilio de Río Gallegos.

La estrategia judicial del Ejecutivo se basa en argumentar que la confirmación de la condena a Cristina Kirchner por la causa Vialidad es una causal de “mal desempeño” y de “vulneración del honor de la magistratura” conforme al artículo 36 de la Constitución Nacional.

Se respaldan además en el artículo 29 de la ley 24.018, que establece que las asignaciones vitalicias “no alcanzan a los beneficiarios de la misma que, previo juicio político, o en su caso, previo sumario, fueren removidos por mal desempeño de sus funciones”.

En la ANSES sostienen que el pago de las asignaciones de privilegio son “jurídicamente incompatibles para quien haya cometido un delito en ejercicio de la misma función pública por la cual ha accedido a dicha asignación de privilegio y en perjuicio del Estado Nacional”.

Acusan además a Cristina Kirchner de “indignidad” y de atentar contra el sistema democrático por “incurrir en grave delito doloso contra el Estado que conlleve enriquecimiento”. En Balcarce 50 citan como ejemplo la derogación de los beneficios otorgados a expresidentes de facto entre 1976 y 1983.

El Gobierno ya resolvió quitarle la jubilación de privilegio a Amado Boudou, que percibe $6.814.272 mensuales según el último informe de gestión que presentó el jefe de gabinete, Guillermo Francos, ante el Congreso. El expediente está en trámite y será oficializado en los próximos días.

En el Ejecutivo hay diferencias sobre la revisión de la asignación especial de Menem, que recibe Zulema Yoma. Un funcionario aseguró a TN que “si estuviera vivo, sería igual de indigno que Cristina Kirchner por la condena y le sacaríamos la pensión”.

El círculo íntimo de Javier Milei rechaza este lineamiento y mantiene la postura de no criticar la gestión del expresidente durante los 90. En Balcarce 50 lo apodaron internamente “Carlos primero” y reconocen que buscan replicar su política privatizadora.

El jefe de Estado inauguró el busto de Menem en el salón de los bustos de la Casa Rosada. Lo acompañó la hija del exmandatario, Zulema Menem, y su hermano, Eduardo Menem. Forman parte del oficialismo además el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem.

 

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Tags: Amado BoudouCarlos MenemCristina KirchnerJavier MileiJubilaciones de Privilegio
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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