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“El Presidente intenta distraer a los gobernadores para frenar sus reclamos”

El politólogo de Politikon Chaco, Alejandro Pegoraro, aseguró en una aguda charla radial que “la propuesta de pagar con inmuebles es absurda” cuando las provincias se encuentran en serio déficit.

5 noviembre, 2024
¿TÁCTICA DE DISTRACCIÓN? La propuesta nacional despertó mayores incertidumbres sobre las cuentas con Misiones.

En el marco de las tensiones entre el Gobierno nacional y las provincias por cómo se redactó el decreto para avanzar en un “pacto” de compensación de deudas por pagar y por cobrar, el politólogo y consultor de Politikon Chaco, Alejandro Pegoraro estimó escenarios y aseguró que “la medida intenta distraer a los gobernadores para frenar sus reclamos”.

“El planteo del Gobierno nacional, inicialmente, puede estar muy bueno, en el sentido de compensar deuda (por cobrar y por pagar) lo más lógico es compensarlo. Ahora, la instancia siguiente de la propuesta: pagar con inmuebles me parece que es, como mínimo, absurda, porque ningún gobernador hoy puede alegar un déficit edilicio y vea positivo quedarse con un predio del Estado nacional, porque las provincias están con déficit de recursos”, dijo.

Y reiteró: “Yo lo veo más como una medida de ‘patear la pelota hacia adelante’. El Gobierno intenta distraer a los gobernadores y que no avancen en los reclamos”.

Las expresiones de Pegoraro durante la emisión del programa Primera Plana por FM 89.3 Santa María de las Misiones y Canal 9 Norte Misionero, también giraron en torno a que Misiones, al ser una “importante acreedora está en mejor posición”.

El viernes de la semana pasada la Nación publicó un decreto firmado por el presidente Javier Milei donde expuso su interés por un “pacto entre las provincias para saldar o compensar deuda”.

La que históricamente le reclama Misiones a la Nación asciende, a groso modo, a $300 mil millones; sin embargo más a la “intención pagadora” de Javier Milei aparece la otra de cobrar: en la letra chica de decreto se expuso (de manera muy diferente a cómo lo explicó el vocero presidencial, Manuel Adorni) que quien adhiera también tendrá un recorte de la coparticipación en esta suerte de plan de pago y compensación ofrecido por el Estado nacional.

Lo que sí había dicho Adorni era no iba a haber plata, pero “sí inmuebles”, algo que para la provincia, al ser más acreedora que deudora podría ser tentador. Pero, tal como lo publicó PRIMERA EDICIÓN este domingo; no obstante, a la Nación no le alcanzarían las propiedades que tiene en la provincia para pagarle todo lo que le debe a los misioneros, aunque podría ser un problema sufrir y que los recortes en la coparticipación que recibe del Estado provincial se prolonguen en el tiempo.

“Las provincias están con déficit de recursos, gran parte de ese déficit fue originado no solo por los recortes y deudas impagas que vienen de esta gestión y de anteriores. La mano viene por ahí: dilatar el conflicto que todavía no había escalado a niveles importantes. Nación se adelantó en el tiempo y estableció este mecanismo del que todavía queda mucho por saber”.

 

“Relato”

Consultado sobre si este “pacto” propiciará una suerte de “independencia” económica de las provincias con el Estado nacional, ya que como consecuencia traerá una lluvia de inversiones, Pegoraro rechazó tal posibilidad.

“Ese comentario está altamente sesgado de manera ideológica, ¿por qué? Porque la Nación sostiene su discurso que las provincias son deficitarias, son derrochadoras de recursos públicos y que están altamente endeudadas y la verdad que nada de eso es cierto”, fustigó.

“Salvo algunas provincias, en particular, que sí tienen algunos problemas de deuda, la realidad que no es ni siquiera comparable con los problemas de endeudamiento que hubo, por ejemplo, en el año 2017. De hecho, diciembre de 2023 cerró con una suba muy fuerte los niveles de deuda pública de las provincias, pero que fue producto de la devaluación de ese mes en particular y que generó que las provincias más expuestas a deuda en dólares, pesificar se incremente mucho, pero después a lo largo del año, con el atraso cambiario y con los niveles de inflación que tuvimos al principio sobre todo se fue licuando la deuda y la verdad es que para 20 de las 24 jurisdicciones del país la deuda no representa un problema”, cerró.

 

¿Pagador o cobrador?

Del lado de las provincias hacia la Nación, cada provincia emite trimestralmente su informe de deuda, dice cuánto se le debe al Tesoro Nacional o a los fondos fiduciarios.

“Para poner como ejemplo el caso de Misiones, la deuda hacia el Estado nacional (Tesoro, Fondo Fiduciario, Desarrollo Provincial o Fondo Fiduciario Federal para Agricultura Regional) es por $15.000 millones, es decir, es una deuda muy chiquita, que si la contrastamos con lo que la Provincia afirma que la Nación le debe obviamente es altamente acreedora, pero bajo qué mecanismo se podrá certificar que esa deuda es exigible y que generes justamente este saldo a favor de la provincia todas esas dudas todavía se mantienen”, dejó entrever Pegoraro sobre si más bien la intención en vez de pagar es cobrar vía descuento de coparticipación.

Y deslizó, en ese orden, que la peor parte se llevan Chubut y Chaco, “las más deudoras”.

 

“La propuesta de pagar con inmuebles es absurda”

Para el politólogo Alejandro Pegoraro, con la “propuesta” publicada en el Boletín Oficial hay más dudas que certezas con respecto a cómo se va a instrumentar este mecanismo.

 

“Lo fundamental de este aspecto es cómo va a ser el protocolo para el reconocimiento de la deuda. Pensemos un ejemplo muy concreto: las cajas jubilatorias provinciales no transferidas: hoy Misiones tiene hecho su cálculo correspondiente, de este año y también daños previos que quedaron remanentes por pagar, pero el Estado nacional fue muy claro, en el último informe del jefe de Gabinete en el Congreso diciendo que, por ejemplo, para el caso de Misiones el Estado nacional no reconoce deuda alguna por las cajas jubilatorias porque no hubo convenios firmados ni la auditoría correspondiente de ANSeS para poder certificar lo que la Provincia reclama. Entonces va a ser muy difícil, y poco claro, este proceso de reconocimiento de deuda”, analizó el experto.

 

A lo largo de la charla radial, dejó sentada su postura que ante el relato que existe al respecto de los pagos, a medida que se ahonda en posibles escenarios, la propuesta se vuelve más absurda.

“Así como Misiones le debe muy poquito a la Nación, hay otras provincias, por ejemplo Chubut, que tiene un saldo de deuda con el Estado nacional mucho más grande $120.000 millones. Pero va a ser complicado hacer ese balance final de acreedor, neto o deudor neto por provincia si no está claro cómo es el mecanismo de asignación de reconocimiento de deudas”, reflejó en otro tramo de la charla.

 

Tags: #economíaAlejandro PegoraroFM 89.3MisionesPolitikon Chaco
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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