Este lunes, los expolicías detenidos y destituidos por “sedición y conspiración”, Ramón Amarilla, Iván y Ramón Arrieta, Lisandro Canteros, Diego Correa, Horacio Elias Couto; Adolfo Guirula y Joaquín Orrego interpusieron una acción de amparo ante el Juzgado Laboral N°2 de Posadas, a cargo del Juez de primera instancia Sebastián Mangini. El recurso lleva las firmas de los abogados Eduardo Paredes y Roxana Rivas.
La presentación apunta contra el Poder Ejecutivo provincial por la “arbitraria e ilegal cesantía decretada” en contra de los policías quienes era parte del grupo de WhatsApp “Solo Cola”, donde presuntamente organizaban una revuelta similar a la ocurrida en mayo.
“Los suscriptos somos parte del Cuerpo de Delegados del Personal Policial y Penitenciario, en el caso del Sr. Amarilla desde hace más de 10 años, según consta en las actas de acuerdos salariales homologados por el Ministerio de Trabajo de la provincia que se acompañan, quien desde Septiembre del año 2020 fue ratificado en todas las asambleas del Personal hasta Mayo de este años 2.024, dónde fue renovado casi en su totalidad entre los días 17 y 29 de Mayo del Cte. Años, en las asambleas de la avenida Uruguay, dónde las elecciones se realizaron a propuesta de los camaradas y elegidos a mano alzada por ámbitos jurisdiccionales de las unidades regionales Policiales y Penitenciarias. En este último acto se eligió a los demás delegados hoy todos detenidos”, puede leerse en el texto del amparo.
Los delegados policiales, hoy cesanteados y detenidos, reclaman la “inconstitucionalidad, inconvencionalidad y nulidad absoluta e insanable del decreto 2084/24 de cesantía”. Piden retrotraer la situación hasta el momento previo, advirtiendo que fueron violados el debido proceso administrativo, el derecho a defensa y afectados derechos fundamentales de sus familias a cargo, como el de alimentación y salud.
“No hemos tenido nunca vista ni oportunidad alguna real, concreta y con debido asesoramiento letrado de descargo y o ejercicio de nuestro derecho de defensa, al punto que se han salteado las normas del procedimiento administrativo al ser resuelta por la ultima autoridad del proceso administrativo quien debía eventualmente hacerlo en carácter de última instancia de revisión administrativa”, sostienen los defensores.
“Absoluta indefensión”
Los 8 policías fueron detenidos el viernes 20 de septiembre en el marco de una investigación ordenada por el juez de instrucción Fernando Verón. El sábado 21 fueron indagados por el magistrado, por un supuesto intento de sedición y conspiración detectado en mensajes de WhatsApp. El 24 de septiembre, el gobernador Hugo Passalacqua firma el decreto 2084 donde resuelve la destitución por cesantía.
En la presentación se incorporó la foto de la conferencia de prensa donde se informa los alcances del decreto y la detención de los delegados. Se puede al gobernador Hugo Passalacqua, al presidente de la legislatura Oscar Herrera Ahuad, a la presidenta del Superior Tribunal de Justicia Rossana Venchiarutti, al ministro de Gobierno Marcelo Pérez, al jefe de la Policía Sandro Martínez y a la jefa del Servicio Penitenciario Provincia Valeria Mereles.
“Técnicamente significa explicitar que nuestra condición ante el estado de la provincia es de absoluta indefensión en consideración a la asimetría de facultades que enmarca la relación del administrado con el administrador, máxime cuando todo esto no puede entenderse ni interpretarse fuera del contexto de nuestros roles de delegados que han llevado adelante reclamos salariales en mesas paritarias, donde fuimos reconocidos por el propio estado como tales, hasta que arbitrariamente invierten nuestros roles pasando de ser quienes reclamamos en nombre de nuestros sectores a sediciosos”, indicaron desde la defensa de los policías.
“Estas sanciones disciplinarias y penales se dan en el marco de los reclamos y acciones vinculadas a la representación que ejercimos por le colectivos de los trabajadores policiales”, y reiteran que han sido “reconocidos en tanto hemos formado parte de las mesas paritarias durante los últimos años tal calidad homologándose nuestros 21 acuerdos por el organismo de aplicación de las leyes laborales con anuencia del Ministerio de Gobierno, hasta que sin ningún tipo de motivación objetiva se nos desvirtuara el rol pasando de ser delgados a sediciosos, a los que además se nos priva de los más elementales derechos como al debido proceso tanto administrativos como judiciales”.
