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Economías regionales unen sus fuerzas para marchar contra Milei

La decisión se tomó durante el encuentro que reunió este miércoles en CABA a yerbateros, tabacaleros, aceiteros, azucareros y de sectores de distintas fuerzas sindicales y políticas. Se hará el 14 de noviembre.

25 septiembre, 2024

Con un fuerte tono de denuncia hacia las políticas de desregulación, concentración económica y extractivismo, diversos actores de las economías regionales están organizando una gran marcha federal para expresar su descontento y rechazo al rumbo que ha tomado el Gobierno nacional. Este movimiento surge como respuesta a las medidas que, consideran, amenazan la sostenibilidad de sus sectores productivos y el bienestar de las comunidades que dependen de ellos.

“Regresaremos a nuestros pueblos para convocar a la ciudadanía, unir fuerzas y participar en una marcha federal aquí en Buenos Aires para enfrentar estas políticas perjudiciales que nos afectan directamente”, afirmó el productor yerbatero y exdirector del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), Jonas Petterson en diálogo con PRIMERA EDICIÓN.

Presente en un encuentro clave para las economías regionales, Petterson asistió acompañado por representantes de la Asociación de Productores Agrarios de Misiones (APAM), la Asociación de Yerbateros del Norte y el Movimiento Agrario Misionero, entre otros.

Durante la asamblea, que reunió a yerbateros y tabacaleros, pero también a aceiteros y azucareros, se expuso con preocupación la destrucción sistemática de los instrumentos que habían permitido sostener sus producciones.

La crítica se centró en cómo la desregulación y las políticas de libre mercado están facilitando la concentración de la riqueza en manos de unos pocos, dejando a los pequeños y medianos productores en una situación delicada y precaria.

El documento final del encuentro, respaldado por todos los referentes presentes, enfatiza el desmantelamiento tanto del INYM como de la representación institucional de la agricultura familiar, lo que, según los asistentes, profundizó la crisis en el sector.

 

Daño irreversible

“El DNU 70/23 y las medidas de libre mercado han generado un daño irreversible a las economías regionales”, subrayó Petterson, quien añadió que estas decisiones no solo afectan la producción, sino que también ponen en riesgo la seguridad alimentaria de las comunidades.

La asamblea, que se realizó en la sede de la CTA Nacional en CABA bajo el lema “Trabajo, Producción y Soberanía Alimentaria”, sirvió como un espacio de reflexión y organización.  Los participantes expusieron la difícil situación desatada por las decisiones del Gobierno, que, en su afán de “liberar el mercado”, está ignorado las necesidades de los productores locales.

Esta realidad se traduce en un debilitamiento de las economías regionales, muchas de las cuales son vitales para el sustento de miles de familias en todo el país. Por mencionar un ejemplo, en Misiones la yerba da trabajo, de forma directa a 50 mil trabajadores.

 

“La movilización es crucial”

Antes de la marcha programada para el 14 de noviembre, los organizadores prevén llevar a cabo una serie de reuniones virtuales para coordinar esfuerzos con sindicatos y movimientos de trabajadores.

“La movilización es crucial para visibilizar nuestras demandas y defender nuestras economías. La lucha por la soberanía alimentaria es una lucha por la vida y el futuro de nuestras comunidades”, aseguró Petterson, enfatizando que es momento de unir fuerzas y exigir un cambio en las políticas que afectan a los sectores más vulnerables. Por ese mismo motivo se mostró satisfecho por los resultados del congreso “donde nos pudimos conocer y encontrar puntos de lucha en común”, dijo.

 

“El INYM nunca tuvo un solo costo fiscal para el Estado”

“El sector yerbatero, el más importante por su historia, con más de 120 años de cultivo sistemático y por la cantidad de trabajadores que involucra, más de 50 mil de forma directa en toda la actividad, está atravesando uno de sus peores momentos a partir del DNU 70/2023 que derogó funciones del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) y después de 22 años la actividad otra vez quedó librada a las fuerzas del mercado”, expuso con dureza el productor y dirigente de APAM, Hugo Sand tras tomar la palabra en el encuentro de trabajadores y productores del sector agroalimentario que tuvo lugar en la sede de la CTA.

Sand criticó enérgico la gestión de Javier Milei tras sostener que “destruyó al INYM, un entre privado con función pública de autogestión y autofinanciamiento, que nunca tuvo un costo fiscal para el Estado y que en sus 22 años de funcionamiento ordenó al sector yerbatero”.

“Milei expuso al sector yerbatero a conductas anticompetitivas por derogar funciones que otorgaban transparencia al mercado yerbatero. En paralelo, las ventas de yerba mate se desplomaron este año al peor nivel desde 2018 y una caída de 30% con relación al año pasado, según datos estadísticos”, zanjó.

Junto con la problemática de la yerba, durante el Congreso se debatió un plan de lucha común que involucra el accionar conjunto y solidario con las distintas luchas que vienen llevando adelante la gran mayoría de los sectores productivos.

 

 

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Tags: Economías regionalesMarcha FederalMileiMisionesOrganizaciones sindicalesPobreza
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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