Por Metra Mehran (Activista afgana y especialista en política)
Desde que los talibanes retomaron el control de Afganistán en 2021 con la promesa de que esta vez serían más moderados, han jugado al engaño. El gobierno talibán ha promulgado un decreto tras otro, despojando a más y más mujeres y niñas de sus derechos a la educación, el empleo, la justicia, la libertad de expresión y de movimiento, y ha criminalizado cada vez más su existencia fuera del hogar.
El mes pasado, a través del Ministerio para la Promoción de la Virtud y la Prevención del Vicio, los dirigentes talibanes fueron aún más lejos al publicar normas que, entre otras restricciones, prohíben por ley que la voz de una mujer sea escuchada por desconocidos varones en público.
Cada nuevo ajuste de tuerca provoca la indignación de la comunidad internacional, pero sin consecuencias reales para los talibanes. Los mulás se limitan a esperar a que se aplaque la indignación antes de afianzar aún más su régimen misógino, sin inmutarse ante las críticas, la amenaza de repercusiones por violar el derecho internacional o incluso el riesgo de perder una ayuda humanitaria muy necesaria.
Pero un posible nuevo tratado internacional sobre la prevención y el castigo de los crímenes contra la humanidad podría proporcionar al mundo más influencia jurídica y diplomática, y una nueva forma de garantizar que los talibanes rindan cuentas por la represión que han desatado contra millones de mujeres en Afganistán. Es una oportunidad que no puede desperdiciarse.
En octubre, un comité jurídico de la Asamblea General de la ONU se reunirá para decidir si el tratado debe pasar a la fase de negociaciones formales. La iniciativa de crear una mejor herramienta para sancionar los crímenes de lesa humanidad ha cobrado impulso debido a la creciente alarma ante los conflictos en lugares como Birmania, Ucrania y Gaza, y el tratado incluye una propuesta para tipificar como delito el “apartheid de género”.
Impulsada por las acciones de los talibanes, la idea de responsabilizar penalmente a las personas y los Estados que aplican el apartheid de género ahora cuenta con apoyo a nivel mundial.
El pasado mes de octubre, me uní a casi 100 destacadas organizaciones, juristas y particulares, entre ellos la premio nobel Malala Yousafzai, Hillary Clinton y Gloria Steinem, para firmar un escrito jurídico que define el apartheid de género como la subyugación institucionalizada y sistemática de un género.
El escrito insta a los Estados miembros de la ONU a tipificarlo como crimen contra la humanidad en el tratado propuesto. Muchos países han manifestado su apoyo a la propuesta.
No hay mejor manera de describir a lo que se enfrentan las mujeres afganas que el apartheid de género. En los últimos tres años, los talibanes han promulgado decenas de edictos que coartan o eliminan los derechos básicos de las mujeres y las niñas, al tiempo que eliminan leyes y organismos que se dedicaban a proteger esos derechos.
Por ejemplo, el antiguo Ministerio de Asuntos de la Mujer fue disuelto por los talibanes y su edificio se entregó al restablecido Ministerio para la Propagación de la Virtud y la Prevención del Vicio, que aplica la interpretación de línea dura de la ley islámica del gobierno actual.
Hoy en día, incluso cuando una mujer sale al exterior acompañada de un pariente varón, como exige la ley, los juicios sobre la legalidad de su vestimenta, su comportamiento — y ahora incluso su voz — quedan a la total discreción del omnipresente equipo talibán encargado de velar por la moralidad de la ciudadanía.
Si uno de ellos considera que se ha producido una violación, las mujeres pueden ser detenidas, y muchas han sido sometidas a tortura y violación. Las mujeres afganas sufren actualmente uno de los índices de violencia de género más elevados del mundo, según Naciones Unidas. Las mujeres que denuncian este tipo de violencia han sido enviadas a prisión.
En la actualidad, las mujeres están confinadas al hogar y a las únicas funciones que los mulás consideran apropiadas para ellas: el cuidado y la crianza de los hijos. Dado que los hombres pueden ser castigados por los talibanes si las mujeres de su familia infringen las normas, las mujeres están, en la práctica, bajo el estricto control de sus propios parientes varones.
Todo esto es contraproducente para la nación: al prohibir que las mujeres trabajen fuera de casa, incluso como trabajadores humanitarios, los talibanes perjudican la economía del país y agravan su crisis humanitaria.
Las nuevas normas de los talibanes arrastran a las mujeres aún más a un abismo que parece no tener fondo. Además de amordazar a las mujeres en público, las normas obligan a las mujeres a ocultar por completo su rostro y su cuerpo e imponen nuevas restricciones a su libertad de movimiento.
Me fui de Afganistán después de que Kabul cayó en manos de los talibanes en 2021, pero mi trabajo como activista en el exilio me mantiene en contacto con muchas mujeres que siguen allí y que me cuentan que las normas más recientes se suman a los obstáculos que enfrentan para acceder incluso a sus necesidades más básicas.
Como me dijo hace poco una mujer, tan solo hablar con un tendero para comprar comida es complicado cuando su voz se considera ahora “awrah”, término que hace referencia a las partes íntimas del cuerpo que deben ocultarse para evitar tentar y corromper moralmente a los demás.
Por supuesto, la codificación del apartheid de género en el derecho internacional no eliminará automáticamente el delito, y no será fácil exigir que sus autores rindan cuentas. Pero es un primer paso importante para proporcionar a las víctimas y a la comunidad mundial vías legales para responsabilizar a los infractores y disuadir a otros gobiernos de cometer los mismos delitos.
Más allá del aspecto jurídico, el reconocimiento internacional del apartheid de género como crimen de lesa humanidad tendría un gran poder moral. La condena mundial del antiguo régimen de apartheid sudafricano galvanizó los esfuerzos de resistencia política, jurídica y social que, en última instancia, contribuyeron al desmantelamiento de ese sistema y, más tarde, dieron lugar a que el apartheid racial se clasificara como crimen de lesa humanidad en el marco de la Corte Penal Internacional.
La alternativa es seguir por el camino actual, en el que el mundo se retuerce las manos pero, en esencia, no hace nada para impedir que los talibanes dejen a las mujeres afganas sin rostro, sin voz e invisibles.
Aún queda mucho trabajo por hacer. Si el comité de la ONU acuerda pasar el tratado a la siguiente fase, habrá que resolver una serie de cuestiones jurídicas (entre otras), incluida la posible inclusión del apartheid de género como delito, y el tratado tendría que ratificarse a nivel internacional.
Varios países ya han expresado en reuniones anteriores del comité su disposición a codificar el apartheid de género como crimen de lesa humanidad. Para que esto se convierta en una realidad jurídica, muchas más naciones tendrán que dar un paso al frente y unirse en solidaridad con las mujeres de Afganistán, especialmente aquellos países que afirman ser líderes en materia de derechos de la mujer o que tienen jefas de Estado.
(Artículo publicado en www.nytimes.com)
Reconocimiento necesario y urgente
El concepto de apartheid por motivos de género fue articulado por primera vez por defensoras afganas de los derechos humanos y entidades y personas aliadas feministas como respuesta al sometimiento de las mujeres y las niñas, y a los ataques sistemáticos contra sus derechos a manos de los talibanes en la década de 1990.
Su uso se ha extendido desde que los talibanes recuperaron el control de Afganistán en 2021. Varias feministas iraníes y personas expertas de la ONU también han argumentado que la discriminación u opresión institucionalizada de las mujeres en la República Islámica de Irán constituye o podría constituir apartheid de género.
La campaña internacional en favor del reconocimiento del apartheid de género en el derecho internacional ha recibido un amplio apoyo de activistas feministas y personas y entidades aliadas a nivel mundial, incluidas cuatro mujeres galardonadas con el Premio Nobel de la Paz.
Este concepto ha sido ignorado durante demasiado tiempo en el escenario jurídico internacional. Por esto, Amnistía Internacional ha alzado la voz, exigiendo que esta forma de opresión sistemática, ejercida sobre mujeres, niñas y personas LGBTI, sea reconocida como un crimen de derecho internacional. La declaración de Agnés Callamard, secretaria general de la organización, pone el dedo en la llaga: la falta de reconocimiento de este tipo de violencia estructural es una vergüenza para la comunidad internacional.
El apartheid de género es una realidad vivida por millones de personas en todo el mundo, donde la dominación y la opresión se institucionalizan, se legitiman y se perpetúan. No es solo una cuestión de violencia ocasional o de discriminación cotidiana. Es un sistema que violenta, segrega, excluye y silencia a individuos por su género, negándoles no solo derechos, sino la misma dignidad humana. Esta realidad debe ser nombrada y condenada por las leyes internacionales, tal como sucede con otros crímenes de lesa humanidad.
El Estatuto de Roma, que reconoce la persecución por motivos de género como un crimen, no abarca completamente la magnitud de este problema. La persecución, si bien es grave, no refleja el carácter institucional e ideológico del apartheid de género, que no solo se dirige a un grupo específico, sino que establece un sistema de dominación sistemática que afecta la vida cotidiana de millones de personas.
Lo más trágico es que el mundo ha sido testigo de esta opresión generación tras generación. Mujeres y niñas en países como Afganistán e Irán, por ejemplo, han enfrentado violencia sistemática por el simple hecho de ser quienes son. Es fundamental que el sistema internacional, al igual que lo hizo con el apartheid racial en Sudáfrica, reconozca y persiga estos crímenes. La comunidad internacional debe mostrar la misma determinación para erradicar el apartheid de género.
La lucha por los derechos de género ha dado pasos importantes, pero sin este reconocimiento legal, los avances seguirán siendo insuficientes. Necesitamos un marco jurídico que permita investigar y enjuiciar a aquellos que perpetúan la opresión basada en el género, un sistema que proteja a las víctimas y garantice justicia para quienes han sido silenciados.
El proyecto de Convención sobre los Crímenes de Lesa Humanidad, actualmente en discusión en la ONU, ofrece una oportunidad invaluable. Es hora de que los Estados tomen una posición firme e incluyan el apartheid de género en el derecho internacional. Hacerlo no solo fortalecería la lucha por la justicia de género, sino que también enviaría un mensaje claro: la opresión sistemática por razones de género es inaceptable y será castigada como tal.
Es hora de que la comunidad internacional reconozca esta deuda histórica con las mujeres, niñas y personas LGBTI, y les otorgue la justicia que merecen.
