La Fiscalía del Juzgado Federal de esta localidad dictaminó que “no hay materia federal en juego, debiendo declararse Su Señoría incompetente” y remitir a la Justicia provincial ordinaria la medida cautelar de no innovar impulsada por varios productores y empresarios misioneros contra el Gobierno de la Provincia de Misiones solicitando que no se aplique la prohibición del uso de glifosato establecida en el artículo N° 7 de la Ley de Bioinsumos.
Cuando se sancionó la Ley VIII Nº 103, en 2023, se fijaron dos años de plazo para eliminar los agroquímicos y promover la producción con bioinsumos. En ese momento los productores acudieron a la Justicia. Este año se extendió el plazo a cinco años y mientras tanto la demanda circula por los lentos andamiajes de la Justicia.
En su dictamen N° 961/2024, del pasado 23 de agosto, la fiscal Viviana Alejandra Vallejos elevó su opinión al juez Alejandro Gallandat, quien deberá en los próximos días expedirse al respecto, y lo más probable es que coincida con la Fiscal y declare la incompetencia del Juzgado Federal. En ese caso, la demanda se debería trasladar a un Juzgado Civil y Comercial de la Justicia provincial.
La demanda
Patrocinado por el abogado posadeño Fernando Acosta, un grupo de productores y empresarios del agro solicitó al Juzgado que dicte una medida cautelar contra el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) y contra el Gobierno de Misiones y decrete una medida de no innovar ordenando que se “abstenga de la aplicación del art. 7 de la Ley VIII Nº 103 titulada como ‘Ley de Promoción de la producción de Bioinsumos’ y sus decretos reglamentarios, hasta tanto se resuelva en forma definitiva el reclamo presentado ante el Senasa”.
La Fiscal entiende que los demandantes “solamente han acreditado que en fecha 02/08/2024 requirieron al Senasa que de carácter urgente y de pronto despacho ordene e imparta normas e instrucciones correspondientes para hacer respetar y cumplir en la Provincia de Misiones, la Resolución Nº 350/99 y su listado oficial” que se refiere a los productos habilitados para utilizarse en la producción agraria. En ese listado se encuentra habilitado el glifosato y los productores piden que esa habilitación se haga respetar en el territorio provincial que quiere prohibirla.
Sin embargo, la funcionaria judicial aclara que no tienen “acreditada hasta la fecha ninguna respuesta o medida administrativa concreta de parte del nombrado organismo nacional”. Y remarca que la Justicia no puede expedirse “en abstracto” sino que “el postulado fundamental de la función judicial es la necesidad o existencia de juicio y de causa judicial o caso contencioso”.
“Juzgar se ejerce en la medida en que perdure una situación de conflicto de intereses contrapuestos en el marco de una controversia, por ello se descarta la pertinencia de la actividad judicial frente a cuestiones abstractas”, remarca.
Luego explica que “en el presente no se aprecia una cuestión litigiosa o caso judicial, atento a que los actores han iniciado un reclamo administrativo en fecha 02/08/2024 al Senasa, sin contar con resolución o declaración alguna de autoridad estatal en ejercicio de sus funciones propias que diera curso a una impugnación, no advirtiéndose que en esta instancia se encuentre comprometido interés nacional alguno que justifique entender a la Justicia federal en razón de la materia”.
Las pruebas
Las pruebas presentadas por los demandantes son dos copias de los Boletines Oficiales de la Provincia de Misiones, el primero referido a la publicación de la Ley VIII – Nº 103 (Ley de Promoción de la Producción de Bioinsumos) en la cual en su “artículo 7º prohíbe la utilización del glifosato” y el segundo referido a la publicación el 29/07/2024 del Decreto Nº 1608/2024, por el cual se prorrogó el plazo por cinco años para eliminar el agroquímico mencionado de las chacras.
Por esta razón, en el dictamen se advierte que “la Justicia Federal es un fuero de excepción y no dándose causal específica que lo haga surgir en el caso, su conocimiento corresponde a la jurisdicción local” y se añade que “la intervención del fuero federal en las provincias es de excepción y se encuentra circunscripta a las causas que expresamente le atribuyen las leyes que fijan su competencia, las cuales son de interpretación restrictiva”.
La respuesta del Senasa
El 16 de agosto, una semana antes del dictamen de la Fiscal, el abogado de los productores incorpora a la causa, en el Juzgado federal, una nota del Senasa donde el organismo expresa: “Llevo a su conocimiento que los productos alcanzados por su consulta están registrados por la empresa BIOINSECT SRL, que es titular de los registros que se detallan a continuación: registro 41184 – marca BIORETARD – Insecticida – Acaricida – Coadyuvante – Fitorregulador; Registro 41100 – marca BIOHFRB – uso: Insecticida – Acaricida – Coadyuvante; y Registro 41013 – marca BIOINSECT – uso: Insecticida – Acaricida – Coadyuvante”.
La nota fue en respuesta a un pedido de informe del diputado Miguel Núñez, del PRO. Agrega el Senasa que “en virtud que los registros de BIOINSECT SRL, están referenciados en el registro de un tercero, el que es elaborado por la empresa autorizante en Tucumán, no deben ser elaborados en otro establecimiento diferente al del registro original de la empresa que autoriza”.
“En caso de ser elaborados en otro establecimiento distinto al de origen, correspondería tramitar otro registro como origen adicional del producto formulado”, aclara el informe firmado por Diego Quiroga, director nacional de Protección Vegetal.
Postura en contra
La decisión del Gobierno de Misiones de prohibir el uso de agrotóxicos, especialmente el del glifosato, dentro de cuatro años sumó un fuerte respaldo a finales de julio, luego de recibir la oposición y el rechazo de numerosas asociaciones de productores y empresarios.
En este caso, la Mesa Socioambiental Misionera, que está conformada por casi 60 organizaciones agroambientales, y Pueblos Originarios enviaron una nota al Poder Ejecutivo y a la sociedad misionera titulada: “¡Sí a la Salud y a la Vida! ¡NO al Glifosato!”. En ella, manifestaron “su profunda preocupación por el uso continuo del glifosato en la región”. A través de una declaración conjunta, subrayan las “evidencias científicas y epidemiológicas” que vinculan la exposición a este herbicida con una serie de graves problemas de salud.
Entre las consecuencias, señalan el “desarrollo de enfermedades relacionadas a disrupciones endocrinas, distintos tipos de cáncer, intolerancia al gluten, teratología congénita relacionada a la incapacidad de los niños a retener conocimientos, para que se siga promoviendo su uso, comercializándose, sin restricción y sin ningún control, en supermercados, agroveterinarias, cooperativas, ferreterías y otros lugares”.
“En ese marco, enfatizamos que, ante el principio de precaución, es necesario prohibir este agrotóxico efectivamente y todas aquellas sustancias que pongan en peligro la salud de las y los misioneros y de los ecosistemas; y ponderamos las normas ya vigentes en ese sentido, observando que es preciso evidenciar su real implementación en el territorio, definir y concretar programas agrarios, con apoyo específico del Estado, que incentiven, respalden, jerarquicen, la producción de bienes y alimentos libre de venenos, fortaleciendo no solo la agricultura familiar sino también el perfil de ‘agua y biodiversidad’ que hace única a Misiones”, agregaron.
