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Optimismo de organizadores de eventos por actualización de normativa sobre derechos de autor

La actualización es vista como un paso adelante, sin embargo se espera una mayor claridad en la reglamentación, especialmente en lo que respecta a la definición de los ámbitos privados y públicos.

29 agosto, 2024

La reciente implementación del Decreto 765/2024,  que actualiza la normativa de derechos de autor para adaptarse a las nuevas realidades tecnológicas y sociales, introdujo modificaciones significativas al régimen de propiedad intelectual y fue recibida con alivio por parte de los organizadores de eventos en Misiones.

En diálogo con FM 89.3 Santa María de las Misiones, Cristina Padin, vicepresidente de la Asociación Misionera de Proveedores y Organizadores de Eventos (AMPROE), expresó que el sector está “muy contento por el hecho de que alguien se haya fijado en este tema”, refiriéndose a las percepciones que, hasta ahora, hacían “muy pesado el presupuesto para cualquier evento”.

El decreto, aunque todavía en proceso de reglamentación, busca proteger la propiedad intelectual en un contexto tecnológico muy diferente al de su creación original en 1934. “Perfecto lo de proteger la propiedad intelectual”, comentó Padin pero pidió no olvidar que el Decreto Reglamentario 41223/1934 “es un decreto que ha quedado desactualizado”, por eso la actualización es vista como un paso adelante, aunque el sector aún espera una mayor claridad en la reglamentación, especialmente en lo que respecta a la definición de los ámbitos privados y públicos.

La normativa anterior imponía cargas económicas significativas, incluyendo un porcentaje fijo sobre el precio bruto de los eventos, lo que en algunos casos representaba hasta un 15% del costo total. Según Padin, estos cobros “se manejaban de manera poco clara, dependiendo del tipo de evento”, lo que generaba una doble imposición para los organizadores y los dueños de salones.

A nivel nacional, la Federación Argentina de la Industria de los Eventos también está monitoreando la situación, con la esperanza de que la reglamentación final del decreto reduzca definitivamente los costos asociados a la organización de eventos.

“Sin duda, van a bajar muchísimo los costos”, afirmó Padin, destacando que esto es especialmente relevante para eventos sociales como casamientos y fiestas de quince años, donde los gastos por derechos de autor podían elevarse considerablemente.

A pesar de las expectativas, el sector se mantiene cauteloso a la espera de la reglamentación definitiva. “Estamos, por así decirlo, con un niño recién nacido que todavía no ha empezado a caminar”, concluyó Cristina Padin, refiriéndose a la necesidad de esperar para ver cómo se aplicará la normativa en la práctica.

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Tags: AMPROECristina PadinDecreto 765/24Derechos de AutorFM 89.3Propiedad intelectual
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FM 89.3

#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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