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El STJ ratificó las condenas por abuso sexual para María Ovando, Marcos Laurindo y Lucas Ferreira

15 agosto, 2024
APOYO. El “amicus curiae” presentado ante Apelaciones apunta a que Ovando aguarde en libertad la casación de su condena a prisión.

APOYO. El “amicus curiae” presentado ante Apelaciones apunta a que Ovando aguarde en libertad la casación de su condena a prisión.

El Superior Tribunal de Justicia de Misiones rechazó las apelaciones interpuestas por los abogados defensores de María Ramona Ovando (49), Marcos Laurindo (27) y Lucas Ferreira (27), condenados en octubre de 2020 a las penas de 20, 18 y 12 años de prisión, respectivamente por los abusos sexuales a niñas del entorno familiar de Ovando.

De esta manera el máximo cuerpo judicial de la provincia, por unanimidad de los ocho ministros que votaron, ratificó el pasado 11 de julio el fallo del Tribunal Penal de Eldorado del 28 de octubre de 2020 y que correspondió a los jueces Lyda Inés Gallardo, María Teresa Ramos y Eduardo Javier Jourdan (camarista civil y subrogante designado).

Los tres acusados fueron condenados por los delitos de “abuso sexual con acceso carnal, con conocimiento de la convivencia preexistente en concurso real, reiterado, promoción a la corrupción, abuso sexual gravemente ultrajante y por ser menores de 13 años las víctimas”.

Las niñas involucradas fueron dos hijas y una nieta de María Ovando. Los abusos se habrían cometido entre agosto de 2013 y febrero de 2015.

La decisión del STJ tiene 119 páginas y el primer voto correspondió al ministro Roberto Rubén Uset y al que adhirieron Cristian Marcelo Benítez, María Laura Niveyro, Jorge Antonio Rojas, Rosanna Pía Venchiarutti Sartori, Froilán Zarza, Ramona Beatriz Velázquez y Juan Manuel Díaz.

A las defensas de Ovando, Laurindo y Ferreira les resta un recurso más ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para analizar el fallo del Tribunal eldoradense.

Respecto a la sentencia de octubre de 2022, los fundamentos destacaron que “en el período comprendido entre el 6 de mayo de 2013 -día en que el Juzgado de Familia 1 de Eldorado resolvió entregar la custodia provisoria de las tres menores a María Ovando progenitora de dos niñas y abuela de la restante- y el 10 de marzo del año 2015 (…) Marcos Laurindo aprovechando la situación de convivencia abusó sexualmente de una de las víctimas quien en esa época tenía entre 7 y 9 años, accediéndola carnalmente en reiteradas oportunidades (…) Como así también abusó sexualmente de otra de ellas efectuándole tocamientos, gravemente ultrajantes para la misma al punto de provocarle las lesiones acreditadas”.

“Que también el coimputado Sebastián Ferreira, en circunstancia en que se hallaba de visita en la vivienda de María Ovando en Eldorado, a la que concurría por la amistad que lo unía a Laurindo en una oportunidad tras tomar de los cabellos a una de las menores la llevó hasta un monte cercano a una cuadra de la casa, la hizo ingresar y tras obligarla a acostarse en el suelo, la accedió carnalmente”.

“Todos estos abusos fueron cometidos con la complicidad de María Ovando, quien no sólo permitió que los mismos sucedieran, ya que cuando ambas menores le contaban lo que estaba ocurriendo, les pegaba, por lo que optaron no contarle más. Además las entregaba a cambio de dinero, por 100 pesos, que su concubino y su amigo le debían abonar”.

Se destacó el relato de una de las víctimas: “Ramona es mi abuela y nos vendió por cien pesos a cada una. La plata le tenían que dar los dos maridos de ella Lucas y Marcos”.

La conclusión médico legal del expediente indicó en una de las niñas: “Signos compatibles con desfloración vaginal y anal de antigua data”. Mientras que en otra: “Signos compatibles con desfloración vaginal de antigua data”.

CUATRO AÑOS ATRÁS. Laurindo y Ferreira en el debate en el Tribunal Penal de Eldorado en septiembre de 2020.

Se resaltó del alegato del fiscal Federico Rodríguez: “La defensa no ofreció pruebas, no tuvo testigos de descargo y tampoco declaró la imputada Ovando, es decir, no dio explicación del hecho”.

“Para el fiscal al analizar el expediente del Juzgado de Familia el 6 de mayo de 2013 no se vio ningún intento de cambiar el rumbo y el 4 de noviembre del 2013 la licenciada Lorena Segovia concluyó que las relaciones familiares eran caóticas”.

“El 15 de octubre del año 2014 se constata que una de las menores le manifestó a una docente que su mamá le pegó con un cinto y a veces le pegaba con un cable, se constataron las lesiones que presentaba”, amplió y agregó que “la Dirección de Acción Social de la Municipalidad de Eldorado solicitó al Defensor oficial la intervención, medidas de protección de las menores ya que se encontraban en situación de vulnerabilidad de sus derechos (…) y el 17 de octubre se promueve acción de protección integral de persona por agresión de María Ovando hacia sus hijas”.

“El 10 de febrero de 2015 la fiscal Civil, Carla Bergottini dictaminó que no fue prudente la entrega de las niñas a la señora Ovando (…) En el juzgado de Familia la vicedirectora de la escuela manifestó que las menores siempre asisten solas a la escuela, nunca las acompañó la madre”. Siempre según el escrito, el 26 de febrero de 2015 una licenciada presentó el informe psicológico y dijo que “el maltrato está ligado a razones rutinarias y cotidianas, la dinámica incluye el uso del poder y la violencia”.

Un informe socioambiental advierte contradicción entre lo que argumentaban María Ovando y las menores: “María dice que vive sola con las niñas sin embargo las menores dicen que no es así y se observa ropa interior masculina en el baño”.

El 5 de marzo la fiscal Bergottini en su dictamen dejó sentado que “se había advertido que Marcos Laurindo resultaba ser ya abusador de su hermano menor y que estaría conviviendo en el mismo hogar con las niñas, y solicitó se rechace la petición de la actora (María Ovando) de restitución de las niñas”.

“EI 6 de marzo de 2015 en el Juzgado de Familia, testigos dijeron que las nenas tenían hambre, no tenían ropa, estaban con frío, estaban sucias, nunca tuvieron acompañamiento” y que una de ellas fue a la escuela “azul en la espalda y piernas” por las golpizas. “Marcos la fue a buscar a la escuela. Acá se empieza a ver la calidad de guardador de Laurindo”.

Una maestra de las menores declaró: “Llamaba a María Ovando y no iba nunca, de tanto insistir fue a fin de año dijo que no podía porque estaba de gira con sus libros y que al parecer en la casa vivían muchas personas incluido el novio de María de apellido Laurindo”.

“Ninguna prueba logra enervar la versión oficial de los hechos. Mediante las declaraciones indagatorias, los mismos imputados dijeron que eran mayores, ponen en evidencia que se juntaban con María Ovando, que iban a la casa de Ovando, que iban a la escuela juntos, que eran amigos, eso de que en la casa hacían fiestas también lo dice uno de los imputados”.

El 29 de abril de 2015 la abuela de las niñas realizó la denuncia ante la Comisaría de Puerto Esperanza. Una de las niñas le confesó que “Marcos Laurindo vivía en la casa de María Ovando, pero Lucas Ferreira sólo iba de visita. Dijo a la abuela que el padrastro Marcos” la violó de manera irreproducible.

También señaló que la víctima “le contó a la madre María y ésta le pegó una cachetada y le dijo que no le cuente más, dando a entender que la madre estaba al tanto de la situación. Que las menores quedaban solas en la casa con el padrastro y éste abusaba de ellas y también Lucas llevándola a una de ellas al monte cercano a la vivienda”.

También se remarcó un informe respecto a María Ramona Ovando, que diagnosticó “síndrome del maltrato”. Respecto a sus hijas “aparecen signos defensivos indicadores de malos tratos y abusivos. La imagen de familia es disgregada y aglutinada”.

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Tags: Abuso sexualApelacionesCondenaJusticiaLucas FerreiraMarcos LaurindoMaría OvandoMisionesSuperior Tribunal de Justicia
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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