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El STJ ratificó las condenas por abuso sexual para María Ovando, Marcos Laurindo y Lucas Ferreira

15 agosto, 2024
APOYO. El “amicus curiae” presentado ante Apelaciones apunta a que Ovando aguarde en libertad la casación de su condena a prisión.

APOYO. El “amicus curiae” presentado ante Apelaciones apunta a que Ovando aguarde en libertad la casación de su condena a prisión.

El Superior Tribunal de Justicia de Misiones rechazó las apelaciones interpuestas por los abogados defensores de María Ramona Ovando (49), Marcos Laurindo (27) y Lucas Ferreira (27), condenados en octubre de 2020 a las penas de 20, 18 y 12 años de prisión, respectivamente por los abusos sexuales a niñas del entorno familiar de Ovando.

De esta manera el máximo cuerpo judicial de la provincia, por unanimidad de los ocho ministros que votaron, ratificó el pasado 11 de julio el fallo del Tribunal Penal de Eldorado del 28 de octubre de 2020 y que correspondió a los jueces Lyda Inés Gallardo, María Teresa Ramos y Eduardo Javier Jourdan (camarista civil y subrogante designado).

Los tres acusados fueron condenados por los delitos de “abuso sexual con acceso carnal, con conocimiento de la convivencia preexistente en concurso real, reiterado, promoción a la corrupción, abuso sexual gravemente ultrajante y por ser menores de 13 años las víctimas”.

Las niñas involucradas fueron dos hijas y una nieta de María Ovando. Los abusos se habrían cometido entre agosto de 2013 y febrero de 2015.

La decisión del STJ tiene 119 páginas y el primer voto correspondió al ministro Roberto Rubén Uset y al que adhirieron Cristian Marcelo Benítez, María Laura Niveyro, Jorge Antonio Rojas, Rosanna Pía Venchiarutti Sartori, Froilán Zarza, Ramona Beatriz Velázquez y Juan Manuel Díaz.

A las defensas de Ovando, Laurindo y Ferreira les resta un recurso más ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para analizar el fallo del Tribunal eldoradense.

Respecto a la sentencia de octubre de 2022, los fundamentos destacaron que “en el período comprendido entre el 6 de mayo de 2013 -día en que el Juzgado de Familia 1 de Eldorado resolvió entregar la custodia provisoria de las tres menores a María Ovando progenitora de dos niñas y abuela de la restante- y el 10 de marzo del año 2015 (…) Marcos Laurindo aprovechando la situación de convivencia abusó sexualmente de una de las víctimas quien en esa época tenía entre 7 y 9 años, accediéndola carnalmente en reiteradas oportunidades (…) Como así también abusó sexualmente de otra de ellas efectuándole tocamientos, gravemente ultrajantes para la misma al punto de provocarle las lesiones acreditadas”.

“Que también el coimputado Sebastián Ferreira, en circunstancia en que se hallaba de visita en la vivienda de María Ovando en Eldorado, a la que concurría por la amistad que lo unía a Laurindo en una oportunidad tras tomar de los cabellos a una de las menores la llevó hasta un monte cercano a una cuadra de la casa, la hizo ingresar y tras obligarla a acostarse en el suelo, la accedió carnalmente”.

“Todos estos abusos fueron cometidos con la complicidad de María Ovando, quien no sólo permitió que los mismos sucedieran, ya que cuando ambas menores le contaban lo que estaba ocurriendo, les pegaba, por lo que optaron no contarle más. Además las entregaba a cambio de dinero, por 100 pesos, que su concubino y su amigo le debían abonar”.

Se destacó el relato de una de las víctimas: “Ramona es mi abuela y nos vendió por cien pesos a cada una. La plata le tenían que dar los dos maridos de ella Lucas y Marcos”.

La conclusión médico legal del expediente indicó en una de las niñas: “Signos compatibles con desfloración vaginal y anal de antigua data”. Mientras que en otra: “Signos compatibles con desfloración vaginal de antigua data”.

CUATRO AÑOS ATRÁS. Laurindo y Ferreira en el debate en el Tribunal Penal de Eldorado en septiembre de 2020.

Se resaltó del alegato del fiscal Federico Rodríguez: “La defensa no ofreció pruebas, no tuvo testigos de descargo y tampoco declaró la imputada Ovando, es decir, no dio explicación del hecho”.

“Para el fiscal al analizar el expediente del Juzgado de Familia el 6 de mayo de 2013 no se vio ningún intento de cambiar el rumbo y el 4 de noviembre del 2013 la licenciada Lorena Segovia concluyó que las relaciones familiares eran caóticas”.

“El 15 de octubre del año 2014 se constata que una de las menores le manifestó a una docente que su mamá le pegó con un cinto y a veces le pegaba con un cable, se constataron las lesiones que presentaba”, amplió y agregó que “la Dirección de Acción Social de la Municipalidad de Eldorado solicitó al Defensor oficial la intervención, medidas de protección de las menores ya que se encontraban en situación de vulnerabilidad de sus derechos (…) y el 17 de octubre se promueve acción de protección integral de persona por agresión de María Ovando hacia sus hijas”.

“El 10 de febrero de 2015 la fiscal Civil, Carla Bergottini dictaminó que no fue prudente la entrega de las niñas a la señora Ovando (…) En el juzgado de Familia la vicedirectora de la escuela manifestó que las menores siempre asisten solas a la escuela, nunca las acompañó la madre”. Siempre según el escrito, el 26 de febrero de 2015 una licenciada presentó el informe psicológico y dijo que “el maltrato está ligado a razones rutinarias y cotidianas, la dinámica incluye el uso del poder y la violencia”.

Un informe socioambiental advierte contradicción entre lo que argumentaban María Ovando y las menores: “María dice que vive sola con las niñas sin embargo las menores dicen que no es así y se observa ropa interior masculina en el baño”.

El 5 de marzo la fiscal Bergottini en su dictamen dejó sentado que “se había advertido que Marcos Laurindo resultaba ser ya abusador de su hermano menor y que estaría conviviendo en el mismo hogar con las niñas, y solicitó se rechace la petición de la actora (María Ovando) de restitución de las niñas”.

“EI 6 de marzo de 2015 en el Juzgado de Familia, testigos dijeron que las nenas tenían hambre, no tenían ropa, estaban con frío, estaban sucias, nunca tuvieron acompañamiento” y que una de ellas fue a la escuela “azul en la espalda y piernas” por las golpizas. “Marcos la fue a buscar a la escuela. Acá se empieza a ver la calidad de guardador de Laurindo”.

Una maestra de las menores declaró: “Llamaba a María Ovando y no iba nunca, de tanto insistir fue a fin de año dijo que no podía porque estaba de gira con sus libros y que al parecer en la casa vivían muchas personas incluido el novio de María de apellido Laurindo”.

“Ninguna prueba logra enervar la versión oficial de los hechos. Mediante las declaraciones indagatorias, los mismos imputados dijeron que eran mayores, ponen en evidencia que se juntaban con María Ovando, que iban a la casa de Ovando, que iban a la escuela juntos, que eran amigos, eso de que en la casa hacían fiestas también lo dice uno de los imputados”.

El 29 de abril de 2015 la abuela de las niñas realizó la denuncia ante la Comisaría de Puerto Esperanza. Una de las niñas le confesó que “Marcos Laurindo vivía en la casa de María Ovando, pero Lucas Ferreira sólo iba de visita. Dijo a la abuela que el padrastro Marcos” la violó de manera irreproducible.

También señaló que la víctima “le contó a la madre María y ésta le pegó una cachetada y le dijo que no le cuente más, dando a entender que la madre estaba al tanto de la situación. Que las menores quedaban solas en la casa con el padrastro y éste abusaba de ellas y también Lucas llevándola a una de ellas al monte cercano a la vivienda”.

También se remarcó un informe respecto a María Ramona Ovando, que diagnosticó “síndrome del maltrato”. Respecto a sus hijas “aparecen signos defensivos indicadores de malos tratos y abusivos. La imagen de familia es disgregada y aglutinada”.

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Tags: Abuso sexualApelacionesCondenaJusticiaLucas FerreiraMarcos LaurindoMaría OvandoMisionesSuperior Tribunal de Justicia
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El presidente de la Confederación General Empresaria de la República Argentina (CGERA), Marcelo Fernández, cuestionó con dureza el proyecto de Modernización Laboral impulsado por el Gobierno nacional y advirtió que la iniciativa fue elaborada sin la participación de los principales actores del entramado productivo, en especial de las pequeñas y medianas empresas.“No participamos de la discusión. Hacer una reforma laboral sin convocar a quienes representamos a más de 600 mil pymes es como querer armar un programa de radio sin que estén quienes trabajan todos los días al aire”, señaló Fernández en declaraciones radiales. Según explicó, las pymes concentran entre el 75 y el 80% del empleo registrado del país, por lo que su exclusión del debate “no es un dato menor”.
El Gobierno nacional anunció la reglamentación para la habilitación de estaciones de servicio móviles, una modalidad pensada para garantizar el acceso al combustible en zonas alejadas o localidades donde las estaciones fijas dejaron de operar o se encuentran en mal estado. Desde el sector empresario, el presidente de la Cámara de Estaciones de Servicio del Nordeste (CESANE), Faruk Jalaf, valoró la medida aunque advirtió sobre los desafíos económicos y operativos que implica.“En realidad es una medida que ya estaba, lo único que se ha hecho ahora es reglamentarla”, explicó Jalaf, al tiempo que destacó que la normativa aporta un marco de seguridad tanto para proveedores como para consumidores. Según indicó, “la reglamentación busca que haya garantías, que no exista riesgo de accidentes, de traslados inseguros o de robo de combustible, porque estas estaciones van a estar en zonas más aisladas”.
El debate nacional por la reforma laboral que impulsa el Gobierno volvió a encender la polémica en torno a la posible eliminación de la matrícula profesional y la colegiación obligatoria. El tema, que forma parte de un proyecto amplio que comenzará a ser tratado en el Senado, generó preocupación en distintos sectores profesionales. Sin embargo, desde Misiones llevaron tranquilidad y marcaron límites claros a cualquier intento de modificación desde la Nación.Juan Manuel Fouce, presidente de la Federación de Consejos y Colegios Profesionales de Misiones, explicó que la regulación del ejercicio profesional es una facultad que no fue delegada por las provincias al Estado nacional. “Hay facultades que no están delegadas de las provincias a la Nación. Dentro de esas facultades está la de regular las profesiones”, afirmó.
El padre Alberto Barros, párroco de Sagrada Familia y vicepresidente de Cáritas Diocesana de Posadas, expresó su preocupación por el impacto social de la crisis económica y por el “clima de soledad e indiferencia” que, según afirmó, se expande en el país. Desde su rol pastoral y social, describió un escenario “cada vez más duro” para miles de familias misioneras.“Lo que estamos viendo es un empobrecimiento generalizado. Mucha gente de clase media que nunca se acercó a una parroquia hoy pide alimentos o medicamentos.”
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