La presidente del Concejo Deliberante de Colonia Delicia, Lorena Soto, decidió suspender hasta agosto las sesiones ordinarias luego de haber sido citada a declarar por la Justicia en una denuncia que efectuaron dos concejales por falsificación de documentos públicos: ordenanzas y actas. Junto con Soto también fue denunciada la secretaria del cuerpo, Soledad Bustamante, por ser ambas firmantes y responsables del libro de actas de la sesión del pasado 18 de abril, que fue la sesión donde se denunciaron las falsificaciones.
Al argumentar el motivo de la suspensión de las sesiones, la titular del cuerpo, que responde al intendente Carlos Wern, dijo que “no hay libro de actas” porque fue secuestrado por la Justicia en el allanamiento realizado el pasado martes, ordenado por la Fiscalía de Eldorado, donde se radicó la denuncia.
El denunciante, Pablo González, presentó pruebas para demostrar que se falsificó una ordenanza de aumento salarial para los municipales, que fue rechazada en la sesión del 18 de abril pero luego el intendente Wern le dijo a los municipales que esa ordenanza había sido aprobada y que vayan a reclamar a los concejales que la deroguen si quieren mejores aumentos salariales. Por otra parte, el libro de actas de ese día señala que los concejales votaron el balance de 2023 sin siquiera tener acceso para leer el documento; sin embargo, en el acta certificada y enviada a la Municipalidad para presentar ante el Tribunal de Cuentas se asegura que hubo un debate previo y análisis del balance.
En declaraciones a PRIMERA EDICIÓN, González dijo que “nunca accedimos al balance antes de la votación, por eso votamos en contra y le exigimos dejar constancia en el acta que la mayoría aprobó ese balance sin siquiera leerlo. Pero en el acta que elevan al tribunal de cuentas, falsificaron que nos entregaron el balance antes de votar, lo que es mentira”.
Otro concejal renovador, que integra la minoría, es Miguel “Toti” Tarnoski, quien sostuvo que “la Justicia primero allanó el Concejo Deliberante el martes y el jueves citó a declarar a la presidenta del cuerpo. Creo que las pruebas que presentamos son contundentes sino no estarían actuando de esta manera”.
“Lo gracioso es que la presidenta ahora dice que se equivocó, que fue un error involuntario, y nos quiere señalar a los denunciantes como los responsables por tener que suspender las sesiones. Si hicieran las cosas bien, nadie estaría denunciando nada”, remarcó.
Explicación de la Presidenta
Mediante una nota escrita, dando respuesta a las consultas de González y Tarnoski, la presidenta del Concejo Deliberante explicó que la ordenanza se aprobó por error. Reconoció que durante la sesión se decidió enviar a comisión pero dijo que la secretaria del cuerpo se equivocó y la envió al intendente Wern y que, al cabo de unos días, “se promulgó automáticamente”. Para subsanar ese error dijo que se propondrá otro proyecto que derogue el instrumento aprobado involuntariamente.
Lo que hacía esa ordenanza era otorgar un incremento salarial escalonado a los municipales desde abril y en los sucesivos meses. Pero debido a la inflación los montos quedaron retrasados. Y en junio, el intendente Wern le dijo a los trabajadores, palabras más palabras menos, que vayan a presionar al concejal Tarnoski para que derogue esa ordenanza que otorgaba aumentos muy bajos.
Tarnoski cree que la intención fue “dejarme mal con los municipales y perjudicarme políticamente al sostener el intendente que no podía mejorar los sueldos por una ordenanza mía. Pero la verdad es que nunca fue votada”.
Por otra parte, sobre el acta que describe una situación que nunca ocurrió en el tratamiento del balance, la explicación de la presidenta Soto es que el acta enviada al Tribunal de Cuentas no debe reflejar exactamente lo que dice el libro de actas de esa sesión. Ella argumenta que, por más que los concejales ni siquiera leyeron el balance antes de votarlo, en el acta certificada puede indicar que se analizó y se debatió previamente.
Y sobre el incumplimiento de convocar a una sesión especial para tratar el balance, como indica la Ley de Municipalidades, Soto sostuvo que será el Tribunal de Cuentas el que juzgue esa situación.
