Con el fin de reclamar por el desfinanciamiento del Gobierno nacional a las personas con discapacidad, esta mañana en la plaza 9 de Julio de Posadas, diferentes actores del sector se reunieron para visibilizar la grave problemática que se replica en todo el país.
Frente a Casa de Gobierno, personas con discapacidad, sus familiares, integrantes del Frente Argentino de Prestadores al Servicio de la Discapacidad (F.A.P.A.D) y el CENEMI se movilizaron pacíficamente frente al decreto que sería publicado inminentemente y afectaría a miles de beneficiarios inscriptos en el Sistema Único de Prestaciones Básicas de Atención Integral en favor de las Personas con Discapacidad.
Sebastián Calderón, miembro del CENEMI (Centro de Día, atención a personas con discapacidad), habló en vivo esta mañana en FM Santa María de las Misiones y precisó qué pasaría si efectivamente se ejecuta esta desregulación, ya que “es inminente la aprobación del proyecto en los próximos días”.
Explicó: “Esta desregulación lo que generará es la pérdida de derechos adquiridos, básicamente en el acceso a las prestaciones, que cualquier persona con discapacidad o familia pueda elegir la prestación que quiera recibir y dónde la quiera recibir”.
Y es que hasta el momento, “este nomenclador único que nuclea toda las prestaciones a un valor igualitario para quien tenga una prepaga, una obra social, programa federal o PAMI, hace que todos puedan acceder a la misma prestación en centros categorizados en igualdad de condiciones y buena calidad“.
Tras esta aclaración, Calderón fue más específico: “Entonces, si se desregulariza, cada ente financiador podrá poner los valores que crea conveniente, lo cual provocará muchas más dificultades para que las familias puedan acceder; de por sí ya es dificultoso por los atrados y los valores desactualizados… imagínense con una desregulación, será un caos”, amplió.
Además, como miembro de un Centro Categorizado, Calderón dijo que estos centros cumplen con requisitos específicos y son auditados. “Si se desregulariza, van a acceder un montón de prestadores que quizás no reúnen todas las condiciones como para categorizar”, añadió.
Pedido de diputados
Diputados nacionales (31 en total y ninguno de Misiones) firmaron un proyecto de resolución en el que solicitan al Poder Ejecutivo nacional que se abstenga de firmar el decreto impulsado por el director ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Orlando Spagnuolo.
“De concretarse la desregulación de los aranceles, las personas con discapacidad quedarán en un estado de vulnerabilidad absoluta. En efecto, en el caso de que entre en vigencia este proyecto de decreto, será más difícil el acceso a la salud de las personas con discapacidad, por cuanto, muchos prestadores perderán interés en ofrecer sus servicios ante una insuficiente remuneración de su trabajo profesional. Esto es así, por cuanto al no haber aranceles prestablecidos y actualizados por la autoridad regulatoria, las Obras Sociales y las demás prestadoras de salud, pueden fijar arbitrariamente dichos aranceles en desmedro del justo reconocimiento por el servicio brindado.
También agrega “que por mandato de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, vigente en nuestro país en virtud de la Ley 26.378 y con jerarquía constitucional en virtud de la ley 27.044, es obligación del Estado promover el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad”, dice el texto enviado a Nación.
2540-D-2024 PROYECTO DE RESOLUCIÓN - sobre Decreto Discapacidad
