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Productores en jaque por aumento de 61% para tareferos: “No vamos a poder pagar”

Rechazo colectivo a las paritarias rurales en momentos que baja el precio de la hoja verde. “No decimos que no sea justo, pero nos tiran la responsabilidad a nosotros mientras nos quitan la posibilidad de precios justos para la yerba”, fueron algunas de las opiniones de quienes consideran “un atropello” lo acordado.

28 mayo, 2024
Imagen ilustrativa

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La resolución tomada por la Comisión Asesora Regional (CAR 9) publicada el viernes 24 y que fija un 61% de aumento para los peones en la cosecha gruesa puso en una nueva encrucijada a los productores yerbateros de Misiones, quienes afirmaron “no vamos a poder pagar y lamentablemente con esto se abrirá un nuevo frente de conflicto”.

En estos términos se refirió el productor obereño, Igor Sobol, quien acotó “no vamos a bajarle el salario de nadie, como nos bajan a nosotros la yerba, pero se nos hace imposible pagar lo fijado”.

Sobol se refería a que actualmente un tarefero cobra entre $35 y $40 por kilo de hoja cosechada en momentos en que los secaderos están recibiendo el producto entre los $320 y los $350.

Esto porque la tarea del tarefero históricamente se pagó entre el 10% y 12% del valor del kilo de hoja verde puesta en secadero y aunque ese precio arrancó cerca de $400, en la actualidad, y en el mejor de los escenarios, los secaderos están pagando $350, y por ello a la fecha un tarefero percibe lo mencionado más arriba. El colono expresó en estos términos lo que muchos productores opinan sobre el escenario que se viene para el sector, donde la “pichadura” generalizada ocurre porque sube la tarefa mientras baja el valor de la yerba para el productor.

“Estos son tiempos muy difíciles para todos. Nadie está en contra de pagar salarios dignos, pero mientras nos suben casi 25% la corresponsabilidad gremial, un 61% el salario de los peones, a los productores nos recortan casi 15% el precio de nuestro producto y los costos de producción y flete se nos disparan. No es justo. Si tenemos que hacer un esfuerzo, que no lo haga solo el colono”, pidió el productor Matías Nicolás Pellizzer.

“Solo para levantar la cosecha tenemos un costo de entre $120 y $130 y si hay zona donde pagan $270 el kilo, y la mitad la tenes que destinar al costo del servicio de cosecha creo que nos van a fundir a la mayoría”, lamentó.

 

INYM: “Para unas cosas sí para otras, no”

El reclamo de Pellizzer también se dirigió hacia las responsabilidades del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), que a su entender no perdió ninguna de sus facultades, salvo para fijar el precio.

“Los directores del INYM se siguen reuniendo, que me parece perfecto, no critico eso. Ahora, no es justo que solo el sector que no funcione sea para determinar los precios, porque el resto funciona perfecto. Los directores se juntan y dicen ‘la tarefa vamos a acordar a tanto’; ‘la estampilla vamos a acordar a tanto’; ‘la corresponsabilidad gremial vamos a llevar a tanto’, se siguen emitiendo estampillas, siguen recaudando y siguen funcionando. Lo único que no está funcionando o no quieren es el precio para el colono”, se indignó.

Su par de Oberá, Sobol acotó: “No sabemos cómo vamos a afrontar lo que se nos viene, estamos en asamblea permanente. Hasta el 3 de junio vamos a esperar una respuesta de la Nación por el INYM, para que se designe un presidente y se elijan a los nuevos directores a los fines de tener una base digna para nuestro producto”.

“Hay lugares de la zona centro donde están pagando $280, lo lógico sería que el productor baje el precio que se paga al colono. No es que creamos que sea lo que corresponde ni lo justo para el obrero rural, pero con los que nos pagan, no llegamos”.

 

Los secaderos siguen tirando abajo el precio de la materia prima

El productor Víctor Chamula, quien es parte de la CAR 9, nombrado como representante por la Producción, fue el único que no acompañó el aumento para los peones, de la forma en que fue acordado.

“Mi alegato fue que se pase a un cuarto intermedio hasta que se resuelva el tema yerbatero. Esto porque nuestro precio viene en baja y yo no tenía mandato de mi sector para autorizar el aumento. El resto de la mesa fue por el voto positivo para el aumento”, contó a este Diario el colono tras la aprobación del ajuste salarial, quien aseguró tener incertidumbre sobre lo que vaya a pasar a partir de esta nueva determinación.

Otro dirigente yerbatero de la zona centro, Fabián Laban, se mostró a favor de pagar el incremento al tarefero, pero aseguró “no hay plata”.
“Todos sabemos que la inflación es muy grande. En góndola el producto sigue subiendo, lo mismo que la comida, pero la realidad de parte de los productores es imposible llegar a esto cuando la yerba para nosotros bajó. Acá en San Vicente, donde yo vivo, los secaderos empezaron pagando $380 el kilo y hoy bajaron a $315, algunos a $305”, especificó.

Y luego volvió a insistir con que “se entiende que los tareferos necesitan mejorar sus ingresos, pero nosotros los productores no podemos incrementar lo que cobran. Aún si lográramos que suba el precio nosotros, los colonos, seguiríamos ganando menos que el año pasado o a principios de este año, con los precios de los insumos y todos los costos de producción en dólares”.

“Estamos en el horno con un dólar de mercado a $1.200 y nuestros costos se deducen en base a esa cotización. Hablo por mí y por muchos de mis colegas: no estamos en contra que haya que dar un aumento al trabajador, el problema es que no se lo puede pagar. Realmente es imposible si no obtenemos un mejor precio”, enfatizó.

La diatriba podría surgir que, ante el incumplimiento del pago acordado para el peón, se genere un conflicto muy fuerte entre los sectores gremiales que nuclean a los tareferos y sus empleadores.

“En la zona de Los Helechos hay secaderos que pagan $260 el kilo de la materia prima, ¿de dónde sacamos para pagar los aumentos?, en junio vuelve a subir el combustible, a ello se suma la tarefa y el flete, hoy se paga en efectivo el dinero para cubrir esos gastos, mientras que el colono recibe un cheque y recién verá en 60, 90 o 120 días su plata. No se va a poder cumplir”, anticipó por último el productor y dirigente Cristian Klingbeil.

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Tags: INYMProductoresTareferosYerba Mate
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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