El CIPPEC (Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento) presentó un diagnóstico enfocado en el Sistema Previsional: Ley Bases y la necesidad de reordenamiento previsional.
En la oportunidad se expuso que el sistema previsional argentino posee una gran virtud, su alta cobertura debido a que alcanza a más del 90% de las personas mayores, obtenida gracias a normas consideradas excepcionales, como lo son las moratorias, aunque ese logro convive principalmente con dos problemas: la falta de equidad interna y la sostenibilidad. Un incremento gradual de la edad efectiva de retiro y el ahorro voluntario previsional, algunas de las sugerencias.
Gala Díaz Langou, directora Ejecutiva; Manuel Mera, director de Protección Social y Rafael Rofman, investigador, explicaron que el sistema actual establece una barrera de 30 años de aportes en un contexto de alta informalidad laboral y cuenta con más de 200 regímenes de excepción, que representan el 50% del total de beneficios. Indicaron que ante ese contexto resulta “necesaria una reforma integral que actualice entre sus principales aspectos, las condiciones de acceso a la jubilación, la fórmula de cálculo de los haberes iniciales y la movilidad de esos haberes”.
El diagnóstico se realizó tomando como referencia los datos del BESS (Boletín Estadístico de la Seguridad Social) y Rofman explicó: “El sistema previsional argentino es muy efectivo en dos de las tres dimensiones sobre las que se suele evaluar estas políticas, es decir la cobertura, donde supera un 90% de la población de 65 años (y más edad) que cuenta con un beneficio previsional; la adecuación, en relación a que los beneficios del sistema son razonablemente generosos y el haber medio en el sistema nacional es cercano al 50% del PBI (Producto Bruto Interno) per cápita, o a 160% del salario mínimo; sin embargo, la tercera dimensión, la sostenibilidad, es problemática”.
En la misma línea recordó que “Argentina gastó cerca de 12,2% del PBI en pensiones en 2020 y 10,5% en 2021, entre los niveles más altos del mundo, con una población relativamente joven y en los últimos dos años el gasto ha caído, en un proceso de “licuación” que probablemente no sea sostenido en el tiempo. Adicionalmente, existen cerca de 200 regímenes de excepción, que incluyen regímenes diferenciales, especiales, de fuerzas armadas y seguridad, no contributivos, provinciales y cajas profesionales. Esos esquemas explican, en su conjunto, cerca del 50% del total de beneficios y el gasto”.
También expusieron que el proyecto de Ley Bases, que ya tuvo media sanción, tiene dos impactos sobre el sistema previsional al derogar la ley 27705 y crear una nueva Prestación de Retiro Proporcional.
“El artículo 228 es problemático porque intenta atacar problemas reales, pero al hacerlo crea otros porque aumenta la imprevisibilidad, delegando en el Poder Ejecutivo la definición de todos los parámetros relevantes, aumentando la imprevisibilidad del sistema; además mantiene el corte discrecional en los 30 años de aporte, no soluciona las inequidades existentes entre quienes tienen más y menos de 30 años de aportes, que en definitiva es la principal justificación de las moratorias y por sobre todo, aumenta el desorden normativo porque la nueva prestación no es parte de la Ley 24.241 y, por consiguiente, no es equivalente a una jubilación en relación a derechos como la movilidad, la generación de pensiones por fallecimiento o el acceso al INSSJP”, manifestó Rofman.
“Si la reglamentación fuera como trascendió, prácticamente nadie con menos de 30 años de aportes va a cobrar más que la PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor). Si se hace más generosa, replica el costo de la moratoria. En ese contexto, pretender mantener los parámetros actuales del sistema previsional es imposible” dijo.
Por otro lado en los estudios a largo plazo referido a los cambios en fecundidad y mortalidad, esta última viene descendiendo lenta pero sostenidamente, de hecho en 1990 la esperanza de vida al nacimiento era de 71,8 años, mientras que hoy es 78,1 años y a final de siglo se espera que llegue a 88,6 años. Todas estas tendencias implican que la sociedad va a envejecer en forma sostenida, porque en 1990, un 8,7% de la población tenía más de 65 años, en cambio hoy lo es en un 12% y a fin de siglo llegará al 32%. La “tasa de dependencia”, cuantos mayores de 65 años hay por cada 100 adultos de 20 a 64 años, crece muy rápidamente porque era 17 en 1990, en la actualidad es 21 y llegaría a más de 60 en el año 2100.
En ese contexto, pretender mantener los parámetros actuales del sistema previsional es imposible.
Gala Díaz Langou ante el Senado
La directora ejecutiva del CIPPEC, Gala Díaz Langou expuso en el Senado de la Nación el último jueves, en el marco de la reunión plenaria de comisiones que debaten el proyecto de Ley Bases. En la ocasión analizó la problemática del capítulo previsional y presentó las recomendaciones de la organización para implementar una “reforma integral del sistema previsional, que le permita ser equitativo y sostenible”.
El sistema previsional argentino tiene una gran virtud: su alta cobertura (alcanza a más del 90% de las personas mayores, obtenida gracias a normas excepcionales -como las moratorias) y dos problemas: la falta de equidad interna y su poca sostenibilidad.
El carácter insostenible del sistema previsional es un problema que va a seguir creciendo a futuro. Al aumentar la expectativa de vida y caer la tasa de fecundidad, cada vez hay menos gente en edad de trabajar. “Es un problema grande. No solo está en juego la salud fiscal del Estado sino la posibilidad de que todos nos podamos jubilar”, alertó Gala Días Langou.
El sistema actual cuenta con más de 200 regímenes de excepción, que representan el 50% del total de los beneficios. “El proyecto de ley no aborda este punto. Es urgente que, de mínima, se dejen de aprobar excepciones al régimen general. Además, hay que abrir el debate sobre qué criterios comunes debemos usar para definir cuáles de estos regímenes diferenciales tienen que permanecer y corregirlos para que dejen de ser deficitarios, y cuáles deberían eliminarse al incorporarse al régimen general de reparto”, especificó la directora ejecutiva de CIPPEC.
Destacó que “en un país donde 6 de cada 10 niños y niñas viven y crecen en la pobreza resulta inadmisible que en el principal componente del gasto público nacional -que es el sistema previsional- hayan regímenes de excepción que perciban, en promedio, un haber 85% mayor que la media del resto de los jubilados”.
Es necesaria una reforma integral que actualice algunos aspectos, como las condiciones de acceso a la jubilación, la fórmula de cálculo de los haberes iniciales y la movilidad de esos haberes, entre otros.
El proyecto de ley que tuvo media sanción tiene dos impactos sobre el sistema previsional: deroga la ley de moratoria previsional actual y crea un esquema alternativo, la “Prestación de Retiro Proporcional”.
“Es hora de que entendamos que solo enfrentando y resolviendo los problemas estructurales vamos a poder salir de las coyunturas incendiadas. Y no es con nuevos parches, sino rediseñando el sistema desde su base para asegurar que cumpla, en forma efectiva y sostenible, el objetivo de proteger a todas las personas mayores”, concluyó Gala Días Langou.
