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Policías rechazaron el incremento salarial que dispuso el Gobierno: “Es irrisorio”

Germán Palavecino, uno de los voceros de la manifestación, marcó que el aumento debe alcanzar la canasta familiar, un 77% más de los montos oficiales que se conocieron esta tarde. Además, indicó que seguirán frente a la dependencia policial.

17 mayo, 2024

El último día hábil de la semana encontró a un grupo de policías activos y retirados acuartelándose  en el Comando Radioeléctrico de Posadas y reviviendo una acción que hace más de doce años no tenía lugar en la tierra colorada. 

La protesta se enmarca dentro por las intensas protestas salariales que se vienen dando en la provincia y que incluye también a los docentes, entre otros sectores. 

En el caso puntual de la Policía, a principios de esta semana, lo que se conoce como la “mesa de diálogo” llevó adelante un acampe en la Jefatura reclamando una reunión con las autoridades del Gobierno provincial. Dicha acción se levantó el miércoles, aunque se trató de la “calma antes de la tormenta”. Es que de manera sorpresiva, esta madrugada  se apostaron frente al Comando Radioeléctrico l edificio ubicado en la intersección de la calle Félix Bogado y la avenida Uruguay, al tiempo que llevaban adelante una quema de gomas en las inmediaciones.

Con el correr de las horas, la tensión empezó a escalar debido a que el  juez de Instrucción Nº6, Ricardo Balor, firmó una orden de desalojo para llevar adelante con Gendarmería en el Comando. No obstante, esa medida aún no se hizo efectiva y el propio magistrado se comprometió a mediar entre las partes.

Ya en la tarde, se conoció la nueva escala salarial que definió el Gobierno de Misiones y que fue comunicado a todas las Jefaturas en una nota que firmó el comisario General Sandro Alberto Martínez, jefe de la Policía. Con los nuevos montos, que se aplicarán en los haberes de mayo, el sueldo de un Agente de Policía pasará a ser de  $467.759,90; el de un Sargento de $558.778,67; el de un Suboficial Mayor de $818.175,09; el de un Comisario alcanzará los $757.080,76; el de un Comisario Inspector de $882.561,20; de un Comisario Mayor de $925.541,96 y el de un Comisario General tendrá de $1.103.447,43.

Sin embargo, desde la representación de los policías acuartelados rechazaron de plano esa grilla. Así lo marcó el Suboficial Mayor retirado Germán Palavecino, quien calificó como “irrisorios” los nuevos montos. 

En diálogo con 89.3 FM Santa María de las Misiones, explicó que la suba oficializada es de entre ub 10 y 12%, mientras que ellos piden un aumento que lleve el salario mínimo al equivalente a la Canásta Básica, que se ubicó en $830 mil en abril según el INDEC. Es decir que entre lo que determinó la Jefatura y lo que piden los policías hay una diferencia del 77%.  

“Pretendemos que se le pueda garantizar a la gente de policía y del servicio penitenciario la canasta básica. Estamos hablando de que la familia repose bajo un techo, por lo menos dos comidas diarias, y poder mandar a los chicos a la escuela con los útiles necesarios.”, explicó.

Palacino sostuvo que hay falta de diálogo por parte del Gobierno y denunció que recibieron represalias, traslados, separaciones del cargo, los que los pone en “una situación de mayor incertidumbre”. “Nosotros queremos que nos convoquen y ahí discutimos”, cuestionó.

También adelantó que continuarán en el lugar y descartó por el momento movilizarse a otro sitio, tal como había trascendido. “El reclamo es justo y no vamos a aceptar medidas que no aseguren una vida digna para nuestras familias. Esperamos que el Gobierno nos convoque para discutir una solución razonable”, finalizó.

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Tags: FM 89.3Germán PalavecinoPolicía de MisionesProtesta PolicialSalarios
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FM 89.3

#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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