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Subas mensuales: nueva política tarifaria para luz, gas y peajes

Comenzará a correr un esquema generalizado de actualizaciones permanentes que implicará una suerte de indexación automática. El impacto.

25 abril, 2024
Imagen ilustrativa

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Mientras están llegando a los hogares, comercios e industrias las facturas de luz con subas de hasta el 300% y vienen en camino los aumentos que rigen desde este mes del 350% al 600% en el suministro de gas; el gobierno de Javier Milei se apresta a iniciar una nueva etapa de ajustes tarifarios en los servicios públicos regulados.

A partir de mayo comenzará a correr un esquema generalizado de actualizaciones tarifarias permanentes que implicará una suerte de indexación automática que tendrán todos los meses las facturas de energía eléctrica, gas y peajes de rutas.

Los aumentos tarifarios en juego -que definió por anticipado la administración mileísta- se fijarán por medio de fórmulas polinómicas basadas en los índices de inflación minorista y mayorista, el costo de la construcción, la evolución de los salarios registrados y la variación mensual del tipo de cambio.

Con el visto bueno del Ministerio de Economía comandado por Luis Caputo; las secretarías de Energía, Obras Públicas y Transporte convalidaron la inserción de los nuevos mecanismos de ajustes mensuales con el argumento de que las empresas tienen que mantener sus ingresos actualizados para hacer frente a los mayores costos operativos y salariales y llevar adelante las inversiones que aseguren la prestación y calidad de los servicios.

Más allá de las justificaciones económicas esgrimidas por los funcionarios para garantizarles a las empresas un nivel de ingresos actualizado que las proteja de la inflación; lo cierto es que la nueva ronda de aumentos que se repetirá cada treinta días promete impactar directamente en los presupuestos hogareños y en los gastos operativos de comercios y PyMEs que ya se ven seriamente afectados por el contexto recesivo y la caída generalizada de las ventas.

 

Doble suba eléctrica

Por el lado del servicio eléctrico, lo que está programado a partir del primero del próximo mes son dos tipos de aumentos. Uno de ellos corresponde al ajuste trimestral que se aplica en el precio mayorista de la energía eléctrica, el cual podría subir casi un 100%, según cálculos preliminares de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico SA (CAMMESA).

De confirmarse ese porcentaje de incremento en el valor de la generación, el impacto final en las boletas de los usuarios residenciales que perdieron los subsidios, comercios e industrias oscilaría entre un 30 y 40%.

El segundo aumento obedece al nuevo esquema de actualización mensual que el Gobierno les reconoció a las distribuidoras metropolitanas y las transportistas eléctricas del sistema eléctrico nacional. En el caso Edenor y Edesur, el ajuste tomará en cuenta un combo basado en las mejoras salariales del sector (55%), la inflación minorista (20%) y la variación de los precios mayoristas (25%).

Las estimaciones previas arrojan una suba para las cajas de las distribuidoras y transportistas del 5% que trasladada a la boleta final representaría un aumento entre 2,5% y 3%, el cual se sumaría al impacto aportado por la remarcación del precio de la generación.

 

Gas, con tres aumentos

En el caso del servicio de gas, las boletas volverán a registrar un triple aumento. El primer ajuste se debe al nuevo precio del gas que regirá en el período mayo-septiembre y que deberán afrontar los hogares de altos ingresos N1, comercios e industrias que ya no cuentan con ninguna clase de subsidios. Por esta vía, el precio actual del gas de 2,94 dólares por millón de BTU (MBTU) se elevará a 4,49 dólares por MBTU.

A ese incremento superior al 50% se agregará el derivado de la “dolarización” del gas que desde ahora tendrá una actualización mensual según la variación que registre del tipo de cambio oficial.

El tercer aumento surge de la nueva remarcación mensual prevista para los ingresos de las distribuidoras Metrogas, Naturgy, Gasnor, Gasnea, Gas Cuyana, Gas del Centro, Camuzzi Pampeana, Camuzzi Sur y Litoral Gas.

Será con una fórmula integrada con la variación del índice salarial del sector privado (49%); inflación mayorista (36,8%) y el rubro “Materiales” del índice de la construcción (14,2%). Para las transportistas TGN y TGS, el esquema indexatorio se basa en suba salarial (47%); precios mayoristas (27,2%) e índice de la construcción (25,8%).

De acuerdo con los cálculos preliminares que manejan las empresas del sector, la mejora en sus ingresos oscilaría entre un 5% y 6%, con una incidencia en las facturas finales del orden del 2,5%.

 

Peajes remarcados

Con respecto a los peajes de las rutas nacionales, que subieron 200% en abril, la actualización tarifaria se fijará con un coeficiente compuesto por el índice de salarios nivel general (55%), variación de precios mayoristas (25%) e inflación minorista (20%).

En tanto, para los peajes de los accesos Norte y Oeste -que tienen en curso un ajuste del 100%- también se actualizarán cada 30 días con la misma fórmula de las rutas.

Fuente: iprofesional.com

Tags: AguaArgentinaAumentosGasluzSUBSIDIOSTARIFASTransporte
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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