Un grupo de vecinos de Candelaria presentó una denuncia por “posible incumplimiento de deberes de funcionario público, abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios públicos” contra la ministra de Acción Cooperativa, Liliana Rodríguez. La pena por este delito es de prisión de un mes a dos años e inhabilitación especial por doble tiempo.
Los denunciantes fueron integrantes de la lista de vecinos autoconvocados que participó en la asamblea del 13 de abril enfrentando a la lista del oficialismo, impulsada por el intendente local Carlos Flores. La COSCAL es una de las cooperativas de agua más grande de la provincia y administra una caja millonaria.
En esa ocasión se produjeron numerosas irregularidades que, según la denuncia, no tuvieron otro objetivo que entregar la cooperativa a un grupo de personas del mismo partido político gobernante, incumpliendo y violando en reiteradas ocasiones los requisitos, las obligaciones y las normas del Estatuto de la COSCAL.
Según se relata en la presentación, elevada al Juzgado de Instrucción N°3 de Posadas, las irregularidades a partir de junio del 2022, no teniendo reuniones ni actividades en el Consejo de Administración, relacionada con balances, rendiciones ninguna otra.
En enero de 2023 presenta la renuncia el expresidente Rudi Joner y se vence el mandato de varios consejeros.
“En los diferentes barrios de la localidad de Candelaria se estaban viviendo momentos tensos por la falta de provisión de agua”, se precisó.
El 21 de febrero del 2024 los otros consejeros presentaron sus renuncias y “a partir de ese momento que se decide armar una nueva Comisión Interina, los que se constituyen en normalizadores, y se autoproclaman” pero estaba integrada “por familiares y personal con relación directa al actual intendente Carlos Flores, algunos ni siquiera eran socios de la Cooperativa”.
“Ante la presentación de varias denuncias y pedidos de apoyo al Ministerio por los socios de la cooperativa, la Ministra decide influir sobre ésta “comisión normalizadora y se ponen cuatro delegados del Ministerio a su cargo y dos veedores, supuestamente, en representación de los vecinos, pero nunca tuvieron acceso a información”, se relata.
Se deja a cargo de la Cooperativa a una conducción encabezada por el Sr. Javier Redka, quien responde al espacio político de Flores.
Los denunciantes consideran que se trató “de un accionar dirigido desde los actores políticos municipales y provinciales, tendientes a apoderarse irregularmente del manejo de una Cooperativa”.
Redka convoca a una asamblea para el día sábado 13 de abril pasado y “éste llamado irregular, resulta ilegal, toda vez que ha sido convocado por personas que legalmente no son representantes de la Cooperativa”.
“Según el articulado del Estatuto, se deben cumplir varios requisitos para convocar a una Asamblea, entre ellos poner a disposición cierta documentación, que en este caso era los tres balances pendientes, los informes del Sindico, el Informe Anual del Presidente, el padrón de los socios habilitados para votar, entre otros, situación que en todos los casos no se cumplió o se hizo en forma irregular”, describieron.
El 9 de abril hubo una reunión con inspectoras del INAES, que es el organismo nacional que regula las cooperativas, David León representante legal del Ministerio, y socios autoconvocados, donde se firmó un acta acuerdo para buscar garantizar el desarrollo más transparente y equitativo de la asamblea.
Se acordó dejar sin efecto el uso de poderes; se utilizaría el padrón asambleario al 15 de febrero del 2024, pudiendo votar todos los socios que estuvieran al día el día de la asamblea.
“Los días siguientes, fue precisamente el Sr. Redka, el encargado de negarle validez al acta firmada el 9 de abril y ratificando que se aceptarían los poderes que se seguían emitiendo en la cooperativa”, denunciaron.
Agregaron que “varios de los socios propuestos por la ‘lista celeste’”, no reúnen las condiciones para ser integrante del consejo directivo por no tener antigüedad, poseer cargos que son incompatibles y/o tendrían antecedentes penales”.
“Este accionar se hizo archi evidente, ante la pasividad del órgano de control de las cooperativas (Ministerio de Acción Cooperativa de la Provincia) que permitía que este grupo de personas llevara adelante una elección autoconvocados como autoridades al margen de sus estatutos”, añadieron.
Y recordaron que “una vez iniciada la Asamblea, se presentaron diferentes socios con muchos poderes, se aceptaron todos sin posibilidad de discusión, ni control alguno”.
“Pudo observarse el ingreso de personas que no eran socias y que no tenían autorizado el ingreso” y el caso de una concejal (Antonia Rodríguez) que repartía papeles tamaño hojas A4, que serían poderes de socios ausentes para votar.
“A la lista que formamos los vecinos de Candelaria (unidos por COSCAL), no se les permitió la palabra”, dijeron en la denuncia.
La votación fue un alboroto donde era imposible saber cuánta gente votó y cuántos votos tuvo cada lista. Nunca se contó ya que fue realizada a mano alzada y el sector de Flores, que llevó gente en colectivos, se autoproclamó ganador en forma prepotente. A la vez que se hizo evidente “la pasividad del fiscalizador designado por el Ministerio, Dr. David León, quien no intervino en ningún momento para garantizar transparencia”.
Al finalizar, remarca que “los funcionarios provinciales con su accionar permitieron que la Cooperativa de Servicios de Candelaria Limitada (COSCAL) sea usurpada por un grupo de personas que se autodesignó a cargo de la misma, violando el estatuto”.
Los denunciantes fueron; Perla Núñez, Tania Botterón, José Orlando Méndez; Ramón Ángel Pereira; Miguel Osvaldo Herrera; Sergio Mauro Marchak; Oscar Eduardo Maidana; Nadia Krieger, Oscar Monzón, Marlene Aquino, bajo patrocinio de Ricardo Skanata.
