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Misiones fue la que menos recibió frente a la inflación para equilibrar las cuentas del IPS

La gestión de Sergio Massa no acompañó los reclamos de Misiones y direccionó el acompañamiento de recursos hacia la provincia de Buenos Aires, en el reparto de los 13 distritos que no transfirieron las cajas jubilatorias.

7 abril, 2024

Durante todo el año pasado, Misiones fue la jurisdicción que menos recursos recibió de la Nación para el fortalecimiento y pago del déficit de la caja previsional del Instituto de Previsión Social de Misiones (IPSM). Es que la Provincia no transfirió a los jubilados y pensionados a la Nación en la década de los ‘90.

En la misma situación, hay otras 12 jurisdicciones además de Misiones que deben percibir cifras multimillonarias y que no lo han conseguido.

Pero la tierra colorada se posicionó como la más perjudicada frente a la inflación del año pasado, con una pérdida de 81,3%, según un informe de la consultora Politikon Chaco.

Cabe recordar que recientemente, el presidente Javier Milei firmó por DNU que reformó la ley de Presupuesto, dejando sin recursos a la acción niveladora de ANSeS con estas cajas no trasferidas, como el IPS. Esta decisión levantó el malestar de algunos mandatarios (que son 13 y hay de todos los signos políticos) que amenazan con ir a la Corte Suprema para que se obligue a Milei a sostener los envíos.

Entre las jurisdicciones está Misiones, donde primero se decidió agotar la vía administrativa antes de pasar a la judicial.

El cálculo de la deuda de los últimos cinco años que realizó el IPS con Hacienda misionera -al que accedió PRIMERA EDICIÓN-, ronda nada menos que de $33.594 millones más intereses, adeudados desde 2019 (Macri) a 2023 (Alberto Fernández) más los anticipos 2024 (Javier Milei).

Desde 2003 hasta el año pasado (es decir, durante 20 años), según la consultora Politikon, Misiones recibió apenas un 8% de los recursos que le correspondieron.

 

Más para Buenos Aires

Durante el año 2023, los envíos de Sergio Massa para cajas previsionales no transferidas totalizaron $170.354 millones. De ese total, la provincia de Buenos Aires fue la que mejor “tajada” sacó, al quedarse con el 69% y Massa les generó un crecimiento del 147% en términos reales (frente a inflación).

Para el resto de las provincias, el desempeño fue muy negativo: todas presentaron caídas reales y en algunos casos de fuerte magnitud. En Córdoba y Corrientes, la baja fue del 56% en términos reales; en Entre Ríos -55,1%; en Formosa de -71,8%; en Misiones de -81,3% y en Santa Fe de -70,0%. Algo más leves fueron los descensos de Chaco (-22,5%); La Pampa (-12,1%) y Santa Cruz (-8,7%).

Para Neuquén, por su parte, no existe variación ya que si bien recibió fondos en 2023 no lo había hecho en 2022. Como se informó antes, las provincias de Chubut y Tierra del Fuego no recibieron fondos para cajas previsionales en 2023.

Transferencias a Cajas Previsionales provinciales no transferidas, en millones de $ corrientes – variación % anual real – año 2023

 

Fondos fijados en el presupuesto

Hasta el presupuesto 2023 inclusive, se estableció que ANSeS “transfiera mensualmente a las provincias que no transfirieron sus regímenes previsionales al Estado nacional, en concepto de anticipo a cuenta, del resultado definitivo del sistema previsional provincial, el equivalente a una doceava parte del último monto total del déficit –provisorio o definitivo– determinado de acuerdo con el decreto 730 del 8 de agosto de 2018 y sus normas complementarias y/o modificatorias”.

Las transferencias a las Cajas Previsionales provinciales se computan dentro de las denominadas “Transferencias no automáticas” y a lo largo de los años han tenido diferentes pesos dentro de las mismas. Entre los años 2003 y 2011, mostraban una participación promedio anual del 7,9% de las transferencias no automáticas totales; entre 2016 y 2023 subió al 10,2% en parte explicado por la cantidad de provincias que recibieron fondos; además, se observa que tanto en 2022 como en 2023 se redujeron los niveles de participación.

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Tags: Instituto de Previsión Social IPStransferencias
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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