El debate sobre la reducción de la edad de imputabilidad en Argentina ha vuelto a ocupar el centro de la escena, luego de que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anticipara días atrás que el Gobierno envió al Congreso el proyecto de Ley de Imputabilidad, con el objetivo de que los menores de edad puedan ser condenados a partir de los 14 años. Al respecto y desde una perspectiva crítica y reflexiva, el juez correccional de Menores, César Jiménez, brindó su opinión sobre este tema en una charla con FM 89.3 Santa María de las Misiones.
Jiménez comenzó subrayando la falta de fundamento detrás de la “obstinación política por reducir la edad de imputabilidad” y remarcó que este enfoque ha sido repetidamente cuestionado por diversos organismos internacionales, incluido el Comité Internacional de los Derechos del Niño, que ha enfatizado que, si bien la edad de imputabilidad puede aumentarse, no debería disminuirse.
El juez reflexionó que el país está “atravesando otra mirada política del nuevo gobierno que tiene entre sus manos la necesidad cierta de agravar las penas, de bajar la punibilidad como respuesta social”, sin embargo destacó la importancia de comprender el desarrollo psíquico y físico de los jóvenes, señalando que el cerebro de los adolescentes aún está en proceso de crecimiento, lo que los hace especialmente receptivos a medidas de reintegración social en lugar de penalización, y lo cierto es que en Argentina aún “estamos buscando la forma de resolver una situación de una población juvenil que ha cometido infracción a la ley penal a través de la penalización”.
En cuanto a las declaraciones de la ministra, opinó que “son miradas regresivas, represivas y que no conducen a la solución del problema. Acá hay una crisis social, una crisis que no solamente lleva a los menores a no comer, sino una crisis fuerte que los lleva a delinquir”.
Respecto a las posibles alternativas para abordar el problema, Jiménez enfatizó la necesidad de una nueva ingeniería institucional, “donde pensemos en serio que tenemos que mirar las multicausales que generan realmente el delito” en esta franja poblacional y priorice la educación y las políticas sociales sobre la penalización. Además, propuso fortalecer los programas preventivos y comunitarios, así como promover “la reintegración, no la reinserción como dicen para los adultos, la reintegración social como dice la Comisión Internacional de los Derechos de los Niños”, también se debe “sanar la situación familiar vulnerada. Es decir, ese es el procedimiento, ese es el motivo sine qua non por el cual nosotros somos jueces de menores”.
“Estamos hablando de una población que está en un período de desarrollo, por consiguiente, la necesidad de reformularnos seriamente, de desarrollar un nuevo régimen juvenil no es menos cierta. Pero ese régimen no puede tener como columna vertebral bajar la edad de punibilidad. Tenemos que ser serios y de una vez por todas involucrar a los estándares internacionales”, agregó el magistrado.
Pobreza y adicciones
Jiménez enfatizó en que el tratamiento debe ser socioeducativo, con énfasis en la reinserción social y el fortalecimiento de lazos familiares. Además, llamó a profundizar programas preventivos y criticó la ausencia del Estado frente a problemas de pobreza y adicciones.
Explicó que el 100% de los menores detenidos padece adicciones y comete delitos por falta de oportunidades.
“El 100% de los pibes en el último turno que cometieron un delito penal son adictos. ¡El 100%! Antes estábamos hablando de un 30 o un 33%. Hoy estamos hablando, según mi última estadística, de un 100%. Esa situación de adicción es la que debemos prevenir desde el Estado. Esto es lo que está faltando se trate en forma seria”.
El magistrado sostuvo que “tenemos que darnos cuenta que ha crecido este tipo de población” y por esto es necesario que las políticas públicas deben ser fortalecidas. “La mayoría de los tipos penales que se cometen en este escenario juvenil son delitos contra la propiedad, el pibe que roba el celular, el pibe que roba las zapatillas; todos delitos que permiten ver en forma rápida que son falencias económicas” las principales causas.
“Yo no quiero judicializar la pobreza, pero como Estado, como gobierno, tenemos que fortalecer las políticas públicas”, sentenció y agregó que “lo cierto es que, si el Estado está ausente, estas situaciones van a empeorar. Es decir, cuando tenemos los pibes que no pueden comer, cuando tenemos los pibes que no pueden tener una vivienda adecuada, cuando todos los derechos sociales, económicos y culturales están ausentes, están vulnerados, obviamente vamos a tener más de este tipo de situaciones“. Sin embargo, y a pesar de la crítica situación, remarcó que “de cada 10 delitos cometidos, solamente uno es cometido por menores. Entonces tenemos que pensar en serio que esto no es una cuestión de chivo expiatorio. Tenemos que volcarnos a reformular un nuevo régimen juvenil, sin lugar a dudas, pero con una mirada seria frente a las multicausales que producen el tipo delictivo ocasionado por menores”.
En cuanto a la participación de la sociedad en la toma de decisiones, destacó el papel fundamental de las familias y abogó por un enfoque integrado que involucre a todos los sectores del Estado.
