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Con Corrientes ausente, productores dicen que solo les quedará el camino al “laudo”

Autoridades de la vecina provincia afirmaron que está “vigente” el DNU que quitó facultades al organismo, y a la vez rechazaron la reunión promovida por Jonas Petterson, a quien no le reconocen autoridad para la convocatoria al tacharla de “inválida”.

1 febrero, 2024

La negociación por el precio de la yerba, prevista para el 15 de este mes, a la que Corrientes ya avisó que estará ausente, vislumbra un único camino hacia el “laudo”.

Ocurre que el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) necesita del acuerdo de todos para establecer valores y al no tenerlo (por la ausencia de Corrientes) deberá ser la Nación quien tendrá que tomar una determinación, y esa es la estrategia que se persigue desde el INYM para establecer los nuevos valores del kilo de la hoja verde y la canchada que deberían regir a partir de abril.

“Más allá de la ausencia de Corrientes, los sectores (industria, secaderos, productores y cooperativas) vamos a presentar postura, con todos esos datos armaremos el número pretendido y si no hay una decisión se irá a laudo”, dijo a PRIMERA EDICIÓN, Jonas Petterson, responsable temporario de la administración del Instituto al salir al cruce de la postura de Corrientes.

Este miércoles a la tarde, medios digitales de la vecina provincia se habían hecho eco de las declaraciones a Radio Sudamericana del ministro de la Producción de Corrientes, Claudio Anselmo, quien desconoció la autoridad de Petterson frente al organismo y también señaló su obediencia al DNU.

“La reunión a la que convocó el instituto (INYM) Corrientes no la comparte y nosotros, junto a la ministra (de Industria) Mariel Gabur, quien es otra de las representantes de la provincia ante el organismo, entendemos que es una convocatoria nula e inválida, porque el único o la única que puede tomar una medida así es el presidente (del organismo) y no es un problema del DNU, que está vigente desde el 29 de diciembre. No, es un problema del instituto a partir de la renuncia del contador Juan José Szychowski”, había enfatizado el ministro correntino.

A lo que Jonas Petterson respondió: “El hecho que la provincia de Corrientes no quiera participar es una decisión que corre por cuenta de ellos, quienes van a estar en desacato a la orden de una jueza, quien determinó que el DNU quedó sin efecto y nos devolvió la potestad de fijar un precio”.

“De ninguna manera es inválida la reunión, tenemos plena potestad, tengo el mandato dado por el Directorio para llevar adelante todas las acciones institucionales del INYM y lo estoy cumpliendo. Si Corrientes no quiere estar entonces iremos a laudo, pero un precio se tiene que fijar”, agregó.

Y añadió: “Buscamos un acuerdo de precios entre privados; si bien el sector público tiene la obligación de participar y de emitir su opinión, quienes en principio tenemos que evaluar y emitir posturas somos los sectores privados: industrias, secaderos, cooperativas y trabajadores, que lo vamos a hacer”.

“En todo caso, si no hay acuerdo por ausencia de Corrientes la Nación tendrá que ser la responsable de decirle a todos los productores que no quiere fijar un precio, pero que lo haga la Nación, no que nos deje la responsabilidad al INYM para lavarse las manos”, sentenció el productor e integrante ejecutivo de la entidad yerbatera.

 

Todo frenado

Más allá de la polémica por la convocatoria por parte del INYM para fijar precio de la yerba para abril, actualmente la cosecha está casi frenada y los productores no están entregando materia prima si no les pagan como mínimo $505 por kilo de hoja verde.

“Lo único que tenemos hasta ahora es un pedido de los productores de un valor de $505 para la materia prima que se vende ahora y no se va a entregar nada a quien pretenda pagar por debajo de ese valor”, comunicó Petterson al ser consultado sobre el panorama con el cual el 15 de este mes se tienen que sentar a negociar.

Tags: CorrientesJonas PettersonLaudoMisionesNaciónPrecioYerba Mate
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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