El conflicto entre trabajadores y la Municipalidad de Bernardo de Irigoyen continúa acentúandose en el cierre de esta semana. Luego de que agentes municipales de planta permanente hayan presentado una exposición policial, debido a que les notificaron que fueron despedidos, en la mañana del viernes, durante una sesión extraordinaria, concejales de la localidad aprobaron la emergencia económica, financiera y administrativa.
La misma, otorga al Departamento Ejecutivo Municipal (DEM) las facultades para disponer y ejecutar todo tipo de acciones, como por ejemplo, disponer la revisión de las condiciones de la totalidad de los contratos referidos a compras y/o contrataciones de bienes, servicios, suministros y obras públicas celebrados con anterioridad a la vigencia de esta ordenanza.
En el artículo 14 de la normativa, también autoriza a disponer de las reestructuraciones funcionales del personal municipal, es decir, cambios de tareas, traslados, modificación de horarios y rescisión de contratos y cualquier otra medida que juzgue como conveniente, para optimizar los recursos de las arcas comunales.
“Es una ordenanza de superpoder, prácticamente no va a necesitar del cuerpo colegiado, del Concejo Deliberante, es una ordenanza de poder absoluto, más de lo que presentó Milei, te diría”, afirmó el concejal del municipio, Hugo Gauna, quien acompañó a los trabajadores despedidos esta semana, en diálogo con PRIMERA EDICIÓN.
“Decían que el ajuste lo tenía que pagar la casta, pero lo primero que hacen es despedir personal, trabajadores, entonces estamos solicitando que revean esa situación, ese es el punto más importante de este momento que estamos viviendo en nuestro municipio”, agregó el edil.
Para aprobar la ordenanza solo hizo falta el voto positivo de cuatro de los siete integrantes del cuerpo deliberativo. Ellos fueron: el presidente del Concejo, el renovador Dardo Camejo, Carmen Borges y Pablo Ávalos, ambos renovadores del sublema del intendente Aquino, y el edil Carlos Sosa de Juntos por el Cambio.
La renovadora Carmen Lindao se abstuvo y Gauna votó en contra. Por su parte, la concejal Graciela Ferreira no estuvo presente en la sesión extraordinaria.
Revés para los despedidos
Como se menciona anteriormente, el artículo 14 de la ordenanza hace referencia a la potestad con la que cuenta ahora Edgardo “Chichín” Aquino, respecto al personal municipal.
Por este artículo, el DEM está autorizado a disponer las reestructuraciones funcionales del Personal Municipal, traslados, cambios de dependencias o tareas, modificación de horarios, recisión de contratos entre otras medidas.
“Somos todos del Frente Renovador, incluso los que fueron despedidos (…) nuestro Gobernador se pronunció en contra del DNU del Presidente, está en contra de los despidos, entonces nosotros queremos ser coherentes con lo que dijimos en la campaña y por eso estamos defendiendo también las fuentes laborales”, señaló Gauna.
Según el edil, sus colegas que aprobaron la normativa, fundamentaron su posición bajo los argumentos de que es necesario ajustar el presupuesto que es “muy acotado”.
“Ellos (los concejales que votaron a favor de la ordenanza) dicen que tienen que arreglar el parque vial, que eso sale muy caro. Otro manifestó que eso es normal que suceda cuando hay cambio de gobierno y que seguramente iban a encontrar otro trabajo. Otro concejal alegó que el presupuesto es muy acotado, entonces ellos necesitan despedir personal para poder prestar servicios básicos, cuando no es así, porque el presupuesto del año 2.024 está aprobado con, justamente, todo el personal de planta permanente previsto en sus gastos”, detalló.
Otras facultades
Además de la disponibilidad de manejo de los contratos de los agentes municipales, la ordenanza también faculta otros “poderes”, a Aquino, mientras se encuentre en vigencia el estado de emergencia.
Como el artículo segundo donde “faculta y autoriza” al DEM a disponer la revisión de las condiciones de la totalidad de los contratos referidos a compras y/o contrataciones de bienes, servicios, suministros y obra pública, celebrados con anterioridad a la vigencia de la ordenanza, y a las que se encuentren en curso de ejecución.
Por otra parte, también le otorga la posibilidad de a renegociar los cánones y contraprestaciones ya establecidas por el uso de Bienes del Dominio Público Municipal objeto de concesión y/o permisos otorgados, y/o para la prestación de servicios públicos, pudiendo declarar por dictamen fundado la caducidad de los mismos.
La ordenanza tendrá vigencia hasta que se cumplan de manera total o parcial los objetivos propuestos por el municipio.
