Diciembre es un mes sensible para las empresas y los obreros de la construcción ya que la mayoría de las obras públicas quedan paralizadas durante enero y, antes de eso, se deben realizar las liquidaciones de los trabajadores incluyendo el pago del seguro de desempleo, lo que representa una erogación extra. Lo normal es que en febrero, cuando la obra retome, se vuelva a contratar a la mayoría, pero en el contexto de ajuste nacional, reina la incertidumbre.
Este diciembre ha tornado más sensible que otros años anteriores debido al anuncio del presidente, Javier Milei, de paralizar la obra pública, sin licitaciones nuevas y recortando el envío de fondos a las provincias para las que se encuentran en ejecución.
Misiones tiene más de 500 empresas constructoras con un plantel de casi 10 mil trabajadores registrados “en blanco”, de los cuales aproximadamente el 60% está directamente vinculado a la obra pública, según datos brindados por las cámaras del sector.
Una disminución del flujo de fondos como la que está planificada por la Nación causará un impacto directo en muchas familias misioneras en el sentido de que habrá casos que en febrero no volverán a su puesto laboral.
En este sentido y buscando suavizar el impacto, el Gobierno provincial y el gremio de la UOCRA se reunieron varias veces en la semana para diagramar un esquema de pago coordinado con la intención de que todas las empresas reciban fondos frescos para hacer las liquidaciones y el seguro de desempleo de los trabajadores.
En el esquema participan el Ministerio de Hacienda, encargado del flujo de fondos, la Dirección de Arquitectura, Vialidad Provincial, la USCCEP y el IPRODHA, además del gremio de la UOCRA y las empresas representadas por sus gremios.
El ministro de Hacienda, Adolfo Safrán, explicó a PRIMERA EDICIÓN que “teniendo en cuenta que viene fin de año, fecha en que las empresas liquidan al personal, se organizó un esquema para ir pagando en forma coordinada para que todas reciban fondos”.
Antes podía ocurrir que una empresa grande, con mayor poder de lobby y llegada a los organismos, cobraba por sus obras en dos o tres organismos mientras que otra más pequeña no lograba sacar ningún certificado.
Para evitar esta situación, Safrán explicó que “se coordina lo que una empresa tiene para cobrar por Vialidad, por Arquitectura, por IPRODHA, o por la USCCEP y unificamos un criterio para que todas reciban algo porque sino puede pasar que una recibe mucho y otra nada, entonces hacemos un reparto y que llegue a todas”.
Agregó que este mecanismo se hizo principalmente “pensando en que todas puedan pagar a los obreros y tengan lo necesario para pasar las fiestas y enero”.
Por otra parte, el titular de Hacienda explicó que “después el Gobernador está trabajando en priorizar obras próximas a terminar, sean viviendas, viales, escuelas, energéticas. Las que están más próximas a finalizar serán las que tengan prioridad”.
Ajuste a la obra pública
“La obra pública se termina, no tenemos plata” dijo el Presidente luego de ganar las elecciones y reafirmó su plan en los anuncios efectuados esta semana a los gobernadores. La Nación no hará ninguna nueva licitación, en ninguna provincia, aunque mantendrá el financiamiento de las obras que se encuentran en marcha para que el freno no sea en shock y se genere una transición hacia el esquema “chileno” que prefiere Milei, donde las empresas privadas son las encargadas de financiar las obras y luego recuperan la inversión.
Misiones tiene un esquema importante de obras nacionales como la ruta 17, la ruta 105, la ruta Costera 2, obras de viviendas, obras de aguas y cloacas y la travesía urbana en la avenida Quaranta de Posadas. Se mantiene un reclamo histórico de la autovía en la ruta 14 y se encuentran en marcha varias obras menores como rotondas y acceso a ciudades en la ruta 12.
Hay empresas misioneras que ya anticiparon que no tomarán en 2024 la misma cantidad de personal con la que terminan el 2023. La incertidumbre y el freno a las obras nuevas los obliga a no comprometerse. Algunos organismos del Estado, vinculados a la obra pública, también dejaron trascender que hay prestadores de servicio a los que no se renovará el contrato después de las fiestas de fin de año. Los que conocen el sector aseguran que las expectativas no son buenas y que la decisión del nuevo Gobierno nacional generará un impacto negativo en la economía provincial, en las empresas y sobre todo en las familias de los trabajadores de la construcción.
Preocupación en el sector
Durante la asamblea anual ordinaria del Consejo Vial Federal, que se realizó a fines de noviembre en Puerto Iguazú, las direcciones de Vialidad de todo el país manifestaron su “profunda preocupación” por los anuncios de paralizar la obra pública. En este sentido, el presidente de la DPV de Misiones, Sebastián Macias, indicó que en la provincia dependen de las obras de Vialidad unos 1.500 trabajadores y sus puestos estarían en peligro si no se garantiza la continuidad del financiamiento.
En ese momento se tomó la decisión de hacer público un documento firmado por todos los organismos del país, indiferente del color político de cada Gobierno provincial “porque la continuidad de la obra pública vial es un tema que trasciende a la política”, dijo.
Aclaró que el presupuesto provincial “de ninguna manera” podría reemplazar los fondos nacionales para obras importantes como la autovía de la ruta nacional 14 y la ruta provincial 17. Otra de las destacadas es la travesía urbana de la ruta 12 en Posadas.
El anuncio de la Nación es financiar las obras iniciadas pero no licitar ninguna nueva.
