Luego de que el presidente Javier Milei hiciera público el DNU 70/2023 desde todos los sectores de la sociedad hubo voces de rechazo y el Movimiento Agrario de Misiones (MAM) no es la excepción ya que a través de un comunicado señaló que la norma “es claramente inconstitucional” por lo que se declaró en estado de alerta y movilización, y decidió integrar una multisectorial junto a otras organizaciones populares de Misiones para sumarse a las acciones colectivas de resistencia “contra la entrega de la patria y las políticas de hambre y colonialismo que este Gobierno pretende implementar”.
El MAM sostiene que el citado DNU viola el artículo 99 inciso 3 de la Constitución Nacional, incorporado en la reforma de 1994, que busca atenuar el hiperpresidencialismo; también afirma que contradice los mandatos convencionales de la Corte Suprema de Justicia de la Nación al incumplir con los requisitos de “necesidad” y “urgencia” exigidos para este tipo de decretos.
Además el movimiento considera que esto “implica un gravísimo atropello que no hace más que explicitar la intención del Poder Ejecutivo Nacional de gobernar a espaldas de las instituciones y del pueblo; y a favor de los grupos económicos concentrados nacionales y transnacionales” y advierte que existen definiciones alarmantes, como la derogación o modificación de la Ley de Tierras Rurales (N°26.737) y del Manejo del Fuego (26.815, modificada por la ley 27.604), entre otras.
En cuanto a la Ley de Tierras Rurales, que establece un límite al proceso de extranjerización de tierras en el país, asegura que “dejarla sin efecto, para una provincia como Misiones, es muy preocupante, ya que una sola empresa, Arauco, concentra en la actualidad cerca del 20 por ciento de las tierras productivas (más del 10 por ciento a su nombre y otra parte significativa por medio de acuerdos con testaferros). Sin esta ley, la corporación forestal chilena tendrá luz verde para avanzar aún más en su expansión latifundista, directamente relacionada con el monocultivo del pino. Es de prever que eso produzca un incremento notable de conflictos por la tierra con comunidades campesinas e indígenas mbya guaraní”.
Mientras que con respecto a la Ley de Manejo del Fuego, refirieron que, tal como lo advierten desde la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA) y el Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (CAJE) en un documento de análisis, se pretenderían derogar los artículos que prohíben el cambio de uso o destino de áreas protegidas y humedales, luego de que éstas hayan sido afectadas por el fuego.
En defensa del INYM
Otro de los puntos del decreto que concita preocupación es la modificación de la Ley del INYM para quitarle la potestad de establecer el precio del producto y ordenar la cadena de valor. “Esta disposición va en contra del objetivo principal que motivó la creación del organismo en 2002 tras los masivos ‘tractorazos’ protagonizados por organizaciones de base del agro misionero. En las últimas dos décadas el Instituto posibilitó, con altibajos, el desarrollo del sector y un mínimo equilibrio entre los distintos actores que intervienen en la actividad yerbatera. Los cambios impulsados por el gobierno de ‘La Libertad Avanza’ solo podrían favorecer a las grandes empresas que monopolizan el negocio de la yerba en Misiones y Corrientes. Para los pequeños y medianos productores el panorama sería desolador”.
Finalmente, a nivel nacional, desde la Federación de Cooperativas Federadas Ltda. y otros espacios de genuina representación de la agricultura familiar están discutiendo las medidas a tomar.
“Confiamos en la fuerza del pueblo argentino movilizado. Como nos ha enseñado el general José de San Martín: ‘Cuando la patria está en peligro todo está permitido, excepto no defenderla’. El camino hacia adelante deberemos transitarlo con mucha unidad, organización y lucha”, concluyeron.
