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Por el desabastecimiento y la devaluación sanatorios podrían reducir sus prestaciones

No se definieron medidas hasta el momento. Esperan negociar con las obras sociales y prepagas. No hay hilos de sutura para cirugías de alta complejidad ni prótesis importadas. Y cada vez cuesta más reparar los equipos.

19 agosto, 2023

En medio del desabastecimiento de insumos y la imposibilidad de conseguir elementos básicos -como las prótesis- por las restricciones a las importaciones y el precio del dólar, los sanatorios y clínicas del país tratan de mantenerse en pie ante la abrupta devaluación de esta semana. Es que, a diferencia de otros prestadores de bienes y servicios, en este sector no disponen de la “maquinita” para actualizar los valores de sus prestaciones.

“Los valores de la medicina privada en Argentina son muy bajos, por eso cada vez son más los sanatorios y clínicas de Buenos Aires que dejan de atender obras sociales y prepagas. Si antes de esta devaluación ya teníamos un valor muy bajo, esta devaluación hizo mucho más complejo poder dar prestaciones de la misma calidad”, admitió en diálogo con PRIMERA EDICIÓN, el referente médico del Sanatorio IOT, Guillermo Vymazal.

No obstante, Vymazal aseguró que “para nosotros todavía no llegó el momento de analizar la posibilidad de dejar de atender obras sociales y prepagas”. Pero señaló que “si no llegamos a un acuerdo con valores que por lo menos alcancen a ofrecer prácticas de calidad con cada obra social, lamentablemente no podremos seguir trabajando o se cobrará una diferencia al paciente. Muchas veces las obras sociales acuerdan un cierto valor y el resto queda para ser cobrado al paciente en el consultorio o cuando está por internarse, dependiendo de las negociaciones”.

Tampoco descartó de sortear la actual crisis de desabastecimiento y de precios muy por encima de los ingresos sanatoriales en una reducción de las prestaciones no urgentes. “Algunas obras sociales como la del IPS, que tiene un presupuesto determinado y el prestador tiene un determinado monto de dinero para hacer prestaciones, se pueden postergar las prestaciones que no sean de urgencia y lo otro se va reprogramando”, analizó.

Pero Vymazal aseguró que estas no son decisiones sino posibilidades. “Como no somos formadores de precios, tenemos que negociar ahora con las obras sociales un aumento viable… arrancando de los actuales valores que son muy bajos. La situación es compleja con el actual ritmo inflacionario, porque cuando finalmente nos den el okey, las prestaciones nos pagarán en 60 a 90 días y ya la plata otra vez se devalúa y eso complica todo el movimiento para las cirugías, pagar sueldos, aguinaldo, etc”.

Por eso, el profesional expresó su deseo de que “en los próximos días los mercados se tranquilicen, que el valor del dólar se estanque y las empresas formadoras de precios estén a la altura de las circunstancias”.

 

“Necesitamos nuevos acuerdos”

El director del Sanatorio Boratti, Roberto Boratti, también describió un panorama preocupante. En diálogo con Radio República, señaló que “las negociaciones con los financiadores se cobran entre los 60 a 90 días y eso hace que la inflación sea un elemento muy negativo para el sector porque siempre estamos cobrando los valores desactualizados. El valor que se acuerda el primero de julio se cobra a fines de agosto, con una pérdida de entre 10, 14% o dependiendo de la inflación. Con esta devaluación del 25%, se profundizó esta dificultad. No son solo los elementos importados sino que también aumenta todo lo que necesita para dar una prestación de lo que es la pensión del sanatorio: limpieza, comida, ropa de cama, etc”.

A su entender, esta situación exige replantear la financiación del sistema, “necesitamos lograr nuevos acuerdos con los financiadores y ver qué medidas se pueden tomar desde el Gobierno. En el caso del IPS, que es la más importante de la provincia, aumentó el 18,5% la asignación presupuestaria en julio y ahora, con esta devaluación, se licuó ese aumento. Es una situación difícil que obliga a ver un nuevo aumento para que las prestaciones puedan seguir prestándose. Y la provincia tiene una situación especial porque si bien tenemos el Hospital Escuela, el gasto igual lo hace la provincia porque la prestación en el hospital también tiene un costo importante porque tienen que usar los mismos insumos, medicamentos y descartables… por lo que la Provincia se verá obligada a destinar mayores recursos para dar los mismos servicios”, indicó.

Para Boratti, los sanatorios podrían verse obligados a reprogramar algunas prestaciones, “no creo que sea algo definitivo porque esto ya lo vivimos en nuestro país y siempre tuvimos capacidad de adaptación”.

En este escenario, “las urgencias y los servicios inmediatos no van a sufrir retrasos, nos esforzaremos para que eso no ocurra, vamos a mantener servicios de guardia e internaciones de urgencias. Tal vez pospondremos las que se puedan posponer como cirugías planificadas que no comprometen la vida ni la calidad de vida de los pacientes en forma inmediata, creo que hay un porcentaje muy grande de gente que puede posponer los estudios y las cirugías”.

No obstante, Boratti remarcó que esto “no se planteó orgánicamente todavía, ni participé en una reunión donde se haya planteado esto. Creo que habrá que dejar pasar unos días para reunirse y ver qué hacer”.

 

Hilos de sutura, prótesis y otros faltantes en el sector de la salud

El referente del IOT, Guillermo Vymazal, confirmó a PRIMERA EDICIÓN que “ya no hay insumos de salud importados en existencia y los que hay, se debe mandar un remito sin valor y después te pueden cobrar cualquier cosa. A nosotros que estamos contando la plata para que alcance, este tipo de cosas nos perjudican”.

Contó, por ejemplo, que no pueden conseguir repuestos para el intensificador de imagen de quirófano que se utiliza para las cirugías traumatológicas, “pedimos al ingeniero de Philips que viniera y trajera repuestos y nos dijo que no tenía los repuestos porque no hay importación. Incluso en algunos casos lo tienen en stock, pero no quieren vender porque no tienen un precio específico”.

Vymazal confirmó que tampoco se consiguen prótesis importadas, “hay grandes diferencias entre las prótesis nacionales o importadas en la durabilidad de las mismas, por lo que si un paciente necesita operarse de una prótesis de cadera o rodilla, y es una urgencia porque está muy dolorido, se le explica qué es lo que hay en existencia”.

 

Cirugías suspendidas

El profesional confirmó que en este momento “no conseguimos los hilos de sutura para hacer cirugías de alta complejidad que, en su mayoría, son de EEUU. Tampoco encontramos oxigenadores (máquinas para hacer la circulación extracorpórea) para hacer cardiocirugías o nos quieren vender sin precio. Algunos medicamentos te piden en las droguerías que hagas el depósito al momento de pedir el producto, cuando nosotros cobramos a 60 ó 90 días”.

Vymazal admitió que, al no tener estos hilos de sutura de alta calidad, deben posponer las cardiocirugías o trasplantes renales.

“Estos hilos son irremplazables por la calidad, por supuesto que se pueden hacer otras cirugías de baja o mediana complejidad donde se pueden reemplazar estos productos con nacionales”, señaló.

 

Problema de arrastre

En tanto, Boratti recordó que “para dar un servicio de salud se utilizan insumos que, en un porcentaje importante, son de origen extranjero: como los guantes, algunas ampollas y medicamentos, material tecnológico como los monitores, incluso algunas camas especiales. Además, muchos materiales que se producen en el país tienen insumos que son importados. Hace un tiempo que la restricción a las importaciones y el retraso en el ingreso de algunos productos vienen arrastrando el problema de dificultad para conseguir algunos elementos. Incluso algunas empresas se fueron del país. En el caso del Sanatorio Boratti, las camas que compramos en su momento son de una empresa canadiense que se fue del país y, desde entonces, no se consiguen los repuestos, incluido ruedas y circuitos electrónicos… por eso cuando una requiere reparación, queda directamente inutilizada”.

Tags: #saludDesabastecimientoDevaluaciónGuillermo VymazalMisionesRoberto Borattisanatorios
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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