Otro paro sorpresivo de colectivos. Este año, se han repetido de manera constante, afectando a miles de personas en toda la provincia. En las últimas medidas de fuerza que se registraron en el servicio urbano e interurbano, se promovieron por la falta de pago de los haberes en tiempo y forma. Sin dudas, cualquier trabajador puede reclamar lo que le corresponde por diferentes vías.
Pero, en esta cadena donde el empresariado dice que no paga lo que corresponde porque no consigue los subsidios a tiempo o no le dan el precio del boleto que le cierre los números; la Provincia le reclama a Nación por una distribución más equitativa con la Ciudad de Buenos Aires; y la UTA a los empresarios incumplidores, el que más pierde es el vecino de las ciudades donde se producen los paros.
Sobre el argumento del Grupo Z y aliados como ETCE en Eldorado, se cae rápidamente puesto que otras empresas como Río Uruguay (Iguazú, Apóstoles, Foz-CDE-Iguazú) o Bencivenga en Posadas sí saldaron los haberes con sus trabajadores en tiempo y forma.
Pero, en medio de tanta puja de poder económico, ¿quién se hace responsable por el perjuicio al usuario? Una vez más, la respuesta lamentablemente parece muy obvia: nadie. El silencio de organismos como las Defensorías del Pueblo, agobia más que cualquier declaración en la que admitan de una vez por todas que no pueden hacer nada por razones políticas.
Sino, ya se habrían visto recursos de amparo, solicitudes de sanciones, multas o quitas de concesiones. Soñar no cuesta nada. Sufrir los numerosos paros, nos cuesta mucho.
