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Impiden al PJ misionero usar el nombre del frente “Unión por la Patria”

Se derrumba la maniobra de “Juanchi” Irrazábal para ser candidato. El fallo del Juzgado Electoral señala que el Frente Renovador es el único que firmó la adhesión al frente nacional para llevar una boleta presidencial. Por eso, que el PJ intente llevar el nombre Unión por la Patria “es un intento de engaño al electorado”.

22 junio, 2023

La Justicia Electoral Federal de Misiones prohibió que el Partido Justicialista, presidido por Juan Manuel “Juanchi” Irrazábal, y el Instrumento Electoral para la Unidad Popular, por Juan “Chito” Pasamán, utilicen el nombre de “Unión por la Patria” para las elecciones de diputados y senadores nacionales.

La Justicia tomó esta decisión por pedido de un partido político que integra el Frente Renovador de la Concordia, se trata de Partido de Participación Ciudadana (PPC), vinculado al gerente del IFAI, José Garzón Maceda, y presidido por Andrés Ríos.

El argumento principal del Partido de Participación Ciudadana para efectuar este reclamo es que no existe ningún tipo de aval jurídico entre el frente nacional “Unión por la Patria”, que llevaría como candidatos a presidente en las PASO a Sergio Massa y Daniel Scioli, con el frente que inscribieron Irrazábal y Pasamán en Misiones.

Al contrario, Ríos afirma en su presentación que el único frente que tiene aval jurídico con el frente del Gobierno nacional, mediante una adhesión firmada por autoridades locales y nacionales, es el Frente Renovador de la Concordia – Innovación Federal.

La Justicia entendió que la maniobra de inscribir un frente con el mismo nombre que otro nacional, sin tener avales firmados, tiene el objetivo de engañar al electorado.

“Existen elementos sustanciales que demuestran que esta alianza distrital no solo pretende utilizar un nombre que no le corresponde, sino que además contradice sus propios objetivos y perjudica gravemente las bases de su existencia. Sin embargo, esta presentación es engañosa, ya que la alianza nacional no ha dado su respaldo ni ha establecido una relación formal con la alianza distrital. Por lo tanto, utilizar un nombre que sugiere una conexión directa y aparente respaldo de la alianza nacional es un intento de engañar al electorado y socavar la integridad del proceso electoral sobre el cual la Justicia debe intervenir para preservar el orden público electoral”, sostuvo el fallo de la jueza Verónica Skanata, firmado también por el secretario Eduardo Bonetto.

“Por todo lo expuesto, solicito se rechace la constitución de la alianza electoral entre el Partido Justicialista y Partido Instrumento Electoral bajo el nombre “Unión por la Patria” distrito Misiones, señala el fallo.

Argumentos de Ríos

El apoderado de PPC funda su solicitud que el PJ y el partido Instrumento Electoral “no se encuentran en condiciones de utilizar el nombre Unión por la Patria”, debido a que el Frente Renovador y el frente nacional “poseen un acuerdo político con vinculación jurídica como lo es el Acuerdo de adhesión de boletas”.

La notificación judicial, con fecha 20 de junio, agrega que ello “impediría que otro frente con el mismo nombre compita en el distrito, debido a que este acuerdo jurídico político ha cerrado las puertas a los partidos que pretendan utilizar su nombre y símbolos” y que “ello ha sido ratificado en el Expte. CNE 5357/2023 de constitución de la Alianza Nacional, en el cual se ha presentado dicho convenio de adhesión; y permitir que una alianza local utilice el mismo nombre traería confusión al electorado”.

“El acuerdo de boleta celebrado, entiende, ha vedado la posibilidad de conformar un frente electoral con agrupaciones políticas provinciales interesadas en utilizar dicho nombre y permitir su uso, sería fomentar la confusión y el engaño del electorado”, remarca la decisión judicial.

Cada vez más solo

La maniobra de Irrazábal lo está dejando cada vez más solo debido a la “desprolijidad” con la que se llevó a cabo el hecho, dicen en su entorno.

Ayer trascendió que renunció su abogado apoderado y que los dirigentes que habían adherido al frente, Mario “Pichi” Perié, titular de la ANSeS Posadas y Martín Sereno, diputado provincial, se habían bajado.

Por otra parte, varios congresales del PJ, que están alineados con el Gobierno provincial cuestionaron la conformación del frente por no haber cumplido con la votación previa del Congreso.

El único que se mantenía cerca, pero con posibilidad de “bajarse del barco” era el partido Instrumento Electoral para la Unidad Popular.

Hasta el PJ nacional le habría negado los avales por respeto al acuerdo previo que firmó con la renovación, que tiene exclusividad como “adherente” al frente nacional “Unión por la Patria”.

De igual manera, la presidenta del Congreso del PJ, Marta Gauna, aliada de “Juanchi”, publicó ayer en redes sociales una denuncia contra el Frente Renovador: “Nos quiere proscribir”, señaló.

También atacó a su secretario del Partido, Alberto Arrúa, a quien acusó de pretender “someter el PJ a los mandatos del Frente Renovador, dejando ver que tiene muchos congresales internos que se oponen a su propia maniobra”.

Además de Arrúa, la congresal nacional Carmen Méndez Asón está alineada a la renovación y se opone a la candidatura de “Juanchi”.

Tags: #Elecciones2023Juan Manuel IrrazábalJusticia Electoral Federal de MisionesPartido de Participación CiudadanaPartido JusticialistaUnidad Popular
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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