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Misiones aplica 8% de Ingresos Brutos al interés que cobran los bancos por las Leliq

El ministro Safrán aclaró que “no genera inflación” y que “fomentará el crédito a particulares”. Además dijo que algunos bancos “ya están pagando”. La medida es idéntica a la que aplicó Rodríguez Larreta en CABA en 2020 y fue judicializada por los bancos.

6 junio, 2023

La Provincia comenzará a cobrar 8% de impuesto sobre los Ingresos Brutos a la ganancia que perciben los bancos radicados en Misiones por el interés que cobran mediante los bonos Leliq (créditos y plazos fijos) emitidos por el Banco Central de la República Argentina.

Es un impuesto similar al que sancionó la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en 2020 y que fue judicializado por el Banco Central y por la Asociación de Bancos de la Argentina (ADEBA).

Las Leliq son bonos que subasta el BCRA, introduciéndolos al mercado para absorber pesos con el objetivo de reducir los billetes circulantes y, de ese modo, bajar la inflación. Los bancos tenedores de esos bonos cobran intereses muy altos para participar de la maniobra financiera del Central. Sobre esos intereses es que la Provincia quiere “manotear” una tajada.

En este sentido, el ministro de Hacienda Adolfo Safrán, explicó a PRIMERA EDICIÓN que “no será inflacionario porque no afecta a la economía real, no genera incremento en intereses ni costo de los créditos bancarios”.

Consideró que “los bancos se verán más interesados en prestar a particulares porque ahora las Leliq están gravadas. Quiere decir que es una medida que va a fomentar los créditos. A partir de ahora es menos atractivo invertir en Leliq que en préstamos a empresas”.

Aclaró que “ya nos comunicamos con los bancos para hacer llegar la normativa y algunos dijeron que ya vienen pagando sobre las Leliq desde 2017 cuando Misiones les quitó la exención a los bonos. Ahora nos queda verificar los montos y los cálculos de lo que vienen tributando para determinar si es cierto”.

El concepto político que tiene la Provincia como argumento es: “En un momento complicado de la economía nacional se le pide mayor esfuerzo a los que tienen mayor rentabilidad”. Queda entendido que los bancos están haciendo una fortuna sideral con estos intereses.

 

Nuevo impuesto

Mediante la resolución Nº 693 del Ministerio de Hacienda, con fecha del pasado 23 de mayo pero publicada el 30 en el Boletín Oficial, se decide instrumentar un nuevo impuesto gracias a las facultades que tiene el Ejecutivo mediante “artículo 16° de la Ley VII – N° 97” para modificar el Código Fiscal, Ley XXII – Nº 35 y Ley de Alícuotas XXII – Nº 25.

Por instrucción del Ejecutivo, Hacienda lo que hizo fue modificar “el inciso d) del artículo 157° de la Ley XXII – Nº 35, a partir del 1° de junio de 2023, con respecto de las operaciones sobre títulos, bonos, letras, certificados de participación y demás instrumentos, emitidos y que se emitan en el futuro por el Banco Central de la República Argentina”.

A la vez se instruyó a Rentas “a adoptar las medidas y actos administrativos necesarios para el cumplimiento de lo allí dispuesto”.

Así entonces, el inciso d) del artículo 157° de la Ley XXII – Nº 35, queda redactado de la siguiente manera: “d) Toda operación sobre títulos, letras, bonos, obligaciones y demás papeles emitidos y que se emitan en el futuro por la Nación, las Provincias y las Municipalidades, como así también las rentas producidas por los mismos o los ajustes de estabilización o corrección monetaria. Esta exención no alcanza a los títulos, bonos, letras, certificados de participación y demás instrumentos, emitidos y que se emitan en el futuro por el BCRA”. Las actividades desarrolladas por los agentes de bolsas y todo tipo de intermediarios no se encuentran alcanzadas por la exención.

El artículo 2 de la resolución establece “para la actividad de Operaciones sobre títulos, bonos, letras, certificados de participación y demás instrumentos emitidos y que se emitan en el futuro por el BCRA, la alícuota para el Impuesto sobre los Ingresos Brutos del ocho por ciento (8%)”.

Se agrega el Código de Actividad 641944 en el Nomenclador de Actividades Económicas del Sistema Federal de Recaudación (NAES) y de la Ley XXII – N° 25.

 

Bancos contra CABA

Por una decisión exactamente igual, la Asociación Civil de Bancos Argentinos (ADEBA) y el BCRA demandó al Gobierno porteño y su agencia impositiva (AGIP) para que se declare la inconstitucionalidad de la Ley Tarifaria 2021 y de la modificación al Código Fiscal.

Esto se debe a que esas normas ordenaron la eliminación de la exención en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos que regía para las operaciones realizadas con títulos, bonos, letras, certificados y demás instrumentos emitidos por el BCRA.

Como consecuencia de ello, los bancos deben tributar por compensaciones o rendimientos (intereses), con una alícuota del 8%.

ADEBA y los bancos denunciaron que ese proceder afecta gravemente la utilización y el resultado de los instrumentos y las herramientas del BCRA destinadas a regular la política monetaria nacional. Cuestionan que el Gobierno porteño pretenda gravar las compensaciones de las Leliq y los pases pasivos con las entidades financieras.

Tags: ADEBAbancosimpuestoLeliqMisiones
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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