El Presupuesto 2023 para Argentina prevé un recorte del 15,5% de los fondos del Ministerio de Educación de la Nación con respecto a 2022. Si bien la norma que se votó en noviembre y se promulgó en diciembre define un ajuste generalizado del 6,8% en el gasto del Estado nacional, la reducción de fondos para Educación es más del doble que la del presupuesto general.
Así las cosas, las prioridades del Estado nacional volvieron a quedar al descubierto evidenciando el empobrecimiento educativo de sucesivas generaciones.
Pero esto, que debería ser un escándalo al igual que los elevados índices de pobreza e indigencia, es nada más que un capítulo más en la saga de daños a la educación de los argentinos.
De hecho y conforme a lo expuesto en el informe “Lo prometido es deuda (educativa). La impotencia para alcanzar el 6% del PBI para educación”, del Observatorio de Argentinos por la Educación, lo que se destina al rubro es casi siempre menor a lo estipulado por ley.
Y es que desde 2006 la Ley de Financiamiento Educativo estableció que la inversión mínima del país para educación no debía ser inferior al 6% del PBI (entre inversión nacional y jurisdiccional). Sin embargo durante todos estos años, en apenas tres se cumplió con el objetivo de invertir ese porcentaje, generando así una deuda de pesos y de moral con la educación argentina.
