Renovar un contrato de alquiler para los próximos tres años implicará una base de actualización del 73% en noviembre y en aumento para diciembre. Cifra que, regida por el indicador del Banco Central, regirá para únicamente el próximo año si se respeta la ley. Es importante aclarar que hay contratos donde se piden aumentos progresivos cuatrimestrales.
Claro está que, para muchas familias, los valores en los que quedarán los contratos son impagables. Imposibles de sostener en el tiempo porque los salarios no se ubican en los mismos parámetros que los valores de los alquileres.
Desde la puesta en vigencia de la nueva ley que rige para las operaciones comerciales de este tipo, quedó claro que lejos de ser una solución para ambas partes (inquilinos y propietarios), se tornó en una tensa relación de sacrificios mutuos. Es que el Congreso nacional, a pesar de los varios intentos por apurar una nueva ley de alquileres, “congeló” el tratamiento y probablemente cierre el 2022 con dar una respuesta legislativa a una problemática que se profundiza.
Todo lo explicado ocurre paralelamente a la ausencia estatal en el incentivo -con herramientas de crédito- para la compra y construcción de viviendas familiares propias.
En un mercado donde escasean las propiedades en alquiler, en la oferta y la demanda, los valores de las propiedades siguen en ascenso en perjuicio de quienes no tienen otra alternativa para vivir bajo un techo.
Son miles y miles de inquilinos que viven en constante incertidumbre, afectados por el impacto inflacionario en los contratos con inmobiliarios o propietarios particulares. Adultos y niños que no saben si mañana podrán seguir sosteniendo ese alquiler necesario, al continuar las reglas impuestas por la cuestionada ley nacional.
