El 11 de abril de 2020, habían pasado 22 días del inicio de la cuarentena obligatoria dictada por el Gobierno nacional a causa de la pandemia del COVID-19. La peligrosidad de este virus fue el argumento que usó el cacique Marcelo Nuñez (37) de la aldea Tarumá Poty para explicar por qué había quemado el cuerpo de su pareja, cuya muerte ocurrió en misteriosas circunstancias.
Esto no convenció a la Justicia y ordenaron detenerlo acusándolo de haberla asesinado. A más de dos años y medio del hecho, el expediente fue elevado a juicio.
Según pudo saber este Diario el Juzgado de Instrucción 3 de San Vicente clausuró la instrucción de la causa, luego que la fiscalía requiriera una serie de últimas medidas técnicas y finalmente solicitara la elevación a debate.
En una fecha a definirse que podría ser durante el transcurso del año próximo, el Tribunal Penal de Oberá lo llamará a debate oral y público aunque el encartado tiene la posibilidad de abreviar el proceso si reconoce la autoría del hecho del que se lo acusa el cual es “homicidio agravado por la relación de pareja” (femicidio), artículo 80 del Código Penal.
Actualmente se encuentra alojado en la Unidad Penal VII del Servicio Penitenciario Provincial, ubicada en Puerto Rico.
La denuncia del padrastro
El 13 de abril de ese año, el padrastro de María Solange Diniz Rabela (24), se presentó en la seccional Primera de San Vicente a denunciar que la hija de su concubina estaba muerta y había sido enterrada. Eso lo sabía porque se lo había dicho el cacique Nuñez, quien era la pareja de la joven. Pero decidió denunciarlo porque sospechaba de las palabras del hombre, puesto que tenía antecedentes de violencia contra ella.
Investigadores de la Unidad Regional VIII se dirigieron a la comunidad aborigen ubicada en el Paraje Tambor de Tacuarí, a la altura del kilómetro 1274 de la ruta nacional 14 a constatar el hecho.
El cacique manifestó que durante varios días su concubina había tenido episodios de resfrió, tos y fiebre, hasta que de un día para el otro la halló sin vida. Al temer que su deceso hubiera ocurrido por coronavirus decidió quemar el cuerpo, supuestamente por recomendación de una médica, para luego enterrarlo.
De los testimonios que los policías recogieron en la comunidad de unos 20 habitantes, supieron que ocurrieron hechos de violencia física entre el cacique y su pareja.
Todas las actuaciones fueron remitidas al juzgado de San Vicente donde el magistrado Gerardo Casco ordenó que se realizara un allanamiento. En la casa que ambos ocupaban hallaron un serrucho, frazadas y trozos de tela con presuntas manchas de sangre.
Luego en un rastrillaje a unos 200 metros del lugar, encontraron los restos de una cama y los resortes quemados de lo que era un colchón. Prácticamente al lado había tierra removida, como si allí hubiera enterrado los restos del cuerpo.
Efectivamente extrajeron pedazos humanos calcinados que fueron resguardados y trasladados a la Morgue Judicial con la intención de identificarlos. Por el efecto del fuego, que no se sabe por cuantas horas lo consumieron, no fue posible extraer una muestra para hacer una identificación por ADN. Sin embargo, por los dichos del mismo Nuñez, estos pertenecían a Diniz Rabela.
Cuando lo citaron a indagatoria justificó lo que hizo al citar una supuesta recomendación que le hizo una médica que visitó la aldea. Dijo que le avisó de la muerte de su esposa, pero ella se retiró sin que revisara el cadáver, no sin antes decirle que la enterrara según sus creencias.Al temer que hubiera muerto por COVID, decidió quemar el cuerpo.
Esto hizo que el magistrado citara a declaración testimonial a la doctora que habitualmente prestaba atención en esa comunidad. Negó la versión dada por Nuñez y remarcó que efectivamente fue a la aldea pero para revisar a unos niños. No habló ni hizo tales recomendaciones al cacique respecto a su pareja, ni supo siquiera que alguien había fallecido.
Esto hizo reafirmar la hipótesis, Nuñez había asesinado a María Solange Diniz Rabela y quemó el cuerpo para que no quedaran rastros, con la coartada del peligro de que se esparciera el virus del COVID. Esto fue al menos 48 horas antes que el padrastro denunciara el hecho en la comisaría. Las pericias realizadas a los objetos manchados con sangre confirmaron que no eran de Nuñez.
Por la imputación de “femicidio”, de ser hallado culpable al cacique le cabría la pena de 35 años de cárcel.
