El profesional de las ciencias económicas detenido desde la noche del viernes 23 de septiembre en un procedimiento ordenado por el juez de Instrucción 6, Ricardo Walter Balor, en el barrio San Alberto de esta capital, continuará privado de su libertad tras coincidir con el fiscal René Germán Casals en rechazar el beneficio de excarcelación. En este momento de la causa, podría entorpecer la pesquisa y al expediente, pero principalmente porque el riesgo de fuga asciende a la par de la gravedad de las evidencias que se sumaron durante las últimas horas en la investigación por “grooming y corrupción de menores”.
El también asesor estudiantil ante la Asociación Posadeña de Estudiantes Secundarios se abstuvo de declarar el martes y fue imputado por los delitos mencionados. La denuncia en su contra la presentó el rector de un colegio secundario de Posadas, porque uno de los alumnos de su establecimiento habría sido víctima de acoso sexual a través de aplicaciones, redes sociales y mensajería de texto de celular por parte del sospechoso.
Los padres del menor involucrado acompañaron la denuncia penal y tanto el juez Balor como el fiscal Casals dispusieron y acompañaron estrictas medidas de seguridad para iniciar el expediente y para la intervención de peritos de la Dirección Cibercrimen de la Policía provincial para que analicen una computadora portátil y el smartphone del contador, secuestrados en el mismo procedimiento señalado y en el que se hallaron 64 gramos de cogollos de marihuana.
La noticia fue exclusiva de PRIMERA EDICIÓN el domingo pasado, pero la causa tomó mayor volumen con el paso de las horas y la confirmación de que los registros que los “sabuesos digitales” obtenían abrían puertas de sorpresa y espanto.
De fuentes consultadas ayer, se adelantó que al menos seis menores adolescentes estarían o habrían sido víctimas de acoso y corrupción. A varios de ellos el asesor en APES les ofreció dinero a cambio de fotografías de ellos desnudos o exhibiendo sus genitales.
Las mismas fuentes reconocieron que lo que surgió hasta el momento de los dispositivos digitales supera la expectativa de asombro con la que iniciaron la pesquisa tras la denuncia remarcada.
Vale recordar que los delitos de acoso virtual o digital “grooming” y “corrupción de menores”, están reprimidos en los artículos 131 y 125 del Código Penal Argentino, con condenas que superan los diez años de prisión efectiva, de acuerdo a los agravantes.
