En un contexto altamente inflacionario, de pérdida de poder adquisitivo para los trabajadores y de ahogo impositivo para las empresas, es de esperar que se agudicen las tensiones en torno a las discusiones salariales.
Es lo que está pasando hoy en Argentina. Gremios cada vez más efervescentes, patronales cada vez más rígidas y un Estado crecientemente ambiguo.
Para colmo, lo que queda por delante es la quita de subsidios al consumo energético, por lo que cabe esperar mayores tensiones en ambos sectores. En ese escenario es normal que muchas de las disputas por los salarios escalen a medidas de fuerza.
La situación trasciende al ámbito público y se desarrolla fuertemente en el privado.
Una que trasciende a todo el país, por ejemplo, es la del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA), que acumula tres meses de reclamos de aumento salarial. Otra se da en torno a la recomposición que pide la Unión de Empleados Judiciales de la Nación (UEJN), gremio que activó la presión para hacerse con mejoras salariales.
La experiencia nacional durante los últimos lustros amerita que la dirigencia y los argentinos nos replanteemos la importancia de las proyecciones.
Pasó demasiadas veces que el Gobierno eleva un proyecto de presupuesto con variables que se agotan en cuestión de pocos meses. Pasó mucho también que los gremios negocian en base a esas proyecciones oficiales. Y sigue pasando que cualquier negociación se queda corta en menos de un semestre.
Es normal que las metas se corran de acuerdo a los vaivenes locales y externos, es un mundo agitado. Pero es un abuso que esas metas se corran todos los meses y a veces varias veces en el mismo mes. Es imposible para cualquier emprendedor o para el propio Estado proyectar algo serio en escenarios tan volátiles.
