La inflación, el tema de la semana. El duro golpe de realidad que se oficializó en una fría cifra, pero que esconde detrás un sinnúmero de impactados negativamente por la falta de políticas para detener la escalada de los precios. A nivel nacional fue la más alta de las últimas dos décadas. Pero en este NEA al que pertenece Misiones, el acumulado del 72% interanual es la más alta desde que se miden precios en la región.
Pequeños y grandes comerciantes coinciden en que son escasos los ejemplos de productos que se mantienen o bajan unos pesos, en la variación mensual. Después, los más básicos (yerba, pan, azúcar, aceite, leche, derivados como los quesos, carnes, etc) siguen la rápida carrera de ascenso que impactan los bolsillos de los consumidores.
No sólo aumentan, sino que muchos están ausentes de las góndolas o se venden con limitantes de cantidad de unidades por persona.
UNICEF reveló esta semana que más de un millón de niños, niñas y adolescentes y más de 3 millones de adultos no cubren al menos una comida de las cuatro esenciales del día. A su vez, de acuerdo a su último relevamiento, un 21% de los hogares se endeudaron para poder alimentarse. Esa cifra sube al 24% entre los que reciben Asignación Universal por Hijo (AUH).
Pero hay otro segmento etario en la población que la está pasando mal. Sobran testimonios en los medios de comunicación sobre su padecer. Son los jubilados que perciben un haber que apenas cubre un tercio del cálculo que se hizo sobre la canasta básica para este grupo. Tomando como referencia al defensor de la Tercera Edad, Eugenio Semino, con su equipo miden dos veces al año la canasta de los jubilados. Y fue el propio Semino quien recordó que ya en junio (sin el 7,4% de inflación de julio) alrededor de 4,5 millones de personas que cobran la mínima, debían reunir al menos $104 mil pesos para vivienda, alimentos, medicamentos e higiene.
“El jubilado con ajuste de movilidad y el bono va a estar cubriendo, en el mejor de los casos, el 35% o 40% de la canasta, que es la proporción que venía cubriendo en estos últimos meses”, sostuvo tras anunciarse que los haberes básicos subirán 15,53% en septiembre y habrá un bono de hasta $7.000 por tres meses.
“A los jubilados ni siquiera les alcanza para unos protectores para incontinencia urinaria, algo común y digno como eso. El paquete de 8 sale $400 y una persona lo consume en tres días. Ni hablar de la recreación, no te digo grandes salidas, una aunque sea al mes”, enfatizó.
Un jubilado que aportó al menos 30 años de su vida activa al Estado, que seguramente realizó un enorme esfuerzo para sostener un empleo formal o de manera independiente, no puede darse “el lujo” de viajar, salir a comer con familiares o amigos si no le pagan el cubierto, comprarse ropa en temporada o buscar alguna actividad rentada para su salud física o mental.
Muchos hoy jubilados debieron afrontar el cambio que implica dejar su vida laboral por lo que suele verse como “descanso”. Hoy, para esos casi 5 millones de pasivos, es casi un padecer estar pensando cómo seguir viviendo con lo que paga el Estado, o pidiendo ayuda a familiares o amigos para hacerlo.
Una mayoría, alguna vez, habrá pensado por qué los funcionarios pasados o actuales nunca se propusieron modificar esta triste realidad que a todos nos tocará atravesar. Porque la vejez es inevitable. Tal vez la respuesta sea que, a partir de los privilegios que da llegar al poder, nunca serán parte de ese mayoritario grupo que percibe un haber mínimo. Siempre habrá un privilegio.
Un dato de esta semana para agregar a los padeceres de los jubilados: la Cámara de Ópticos decidió cortar la atención de PAMI por falta de respuesta a una renegociación de cápitas. Como mínimo, el jubilado que necesitara hoy anteojos, debería pensar en sacar de su haber entre 8 mil y 13 mil pesos para poder ver mejor y no deteriorar más su salud visual.
Una buena para la “guerra” contra los precios
A nadie escapa que la política económica depende de las decisiones que traza la Nación, ahora con el “superministro” Sergio Massa a la cabeza. Es el equipo que deberá retomar la “guerra” que el presidente Alberto Fernández lanzó contra los precios y que viene perdiendo “por paliza”.
Sin embargo, en Misiones, nació una idea provincial que llevó un año de gestiones para que la Nación entendiera el beneficio y el impacto positivo. Desde mañana se pone en marcha el “Ahora Canasta”, una propuesta de Oscar Herrera Ahuad que se terminó de acordar con Daniel Scioli en su efímero paso por el Ministerio de Desarrollo Productivo.
Permitirá a los consumidores que compren en PyME y MiPyME adheridas (se calcula que son unas 200 en toda la provincia), acceder a una devolución del 17% por las operaciones que hagan con tarjeta de crédito o débito de los Macro y Credicoop o de las billeteras virtuales que se sumen.
Tendrá un tope de 4.500 pesos por cuenta que se opere al mes. Es decir que una misma persona que tenga una cuenta en Macro, otra en Credicoop y opere dos billeteras virtuales que estén en el Ahora Canasta, podría obtener $18 mil al mes por la adquisición de alimentos y otros productos que vendan los comercios.
Herrera viene de dar un segundo paso, con otro tema donde la Nación sigue ausente, a pesar de haber sido una promesa de campaña de Fernández para llegar a la Presidencia de la Nación. Porque de la Nación depende la intervención en el mercado financiero.
El misionero tomó una medida inédita en el país: poner 100 millones de pesos al año para ayudar en el pago de las cuotas a los hipotecarios UVA, cuyos créditos se han disparado abismalmente en los últimos años. Toda ayuda, por mínima que parezca, es al menos una forma de no estar ausente en momentos de crisis como la actual.
Arranca la auditoría de los planes
Desde mañana lunes 15 de agosto, en algunos puntos del país comenzará la auditoría de planes sociales. En Misiones, con fecha todavía incierta, se sabe que son más de 40 mil beneficiarios que deberán asistir a entrevistas personales para responder dos cuestionarios, en lugares y horarios que serán comunicados oportunamente.
Hay organizaciones piqueteras como el Polo Obrero que creen que la auditoría servirá para dar de baja planes sociales, en el marco del ajuste que Massa debe hacer para su plan de equilibrio fiscal. Esta semana, en FM 89.3 Santa María de las Misiones (la radio de PRIMERA EDICIÓN), el sacerdote Alberto Barros (vicepresidente de Cáritas en la diócesis de Posadas) no dudó en afirmar que “obviamente los planes no pueden ser eternos y que en algún momento hay que reconvertirlos en trabajo en aquellos que tengan esa posibilidad de trabajar. El problema es que en Argentina es difícil reconvertirlos porque no hay trabajo, el ambiente laboral se achica, y cada vez es más especializado. Para la gente que no tiene capacitaciones cada vez es más difícil”.
Remarcó que “la percepción que uno tiene, es que la ayuda social siempre es necesaria para una coyuntura de crisis”.
Mate amargo
El Gobernador de Misiones planteó esta semana en un ciclo organizado por el diario porteño Clarín, la necesidad de “medidas patrióticas” para ayudar a la economía regional de la yerba mate. Lo dijo estando enfrente el flamante secretario de Agricultura de la Nación, el entrerriano Juan José Bahillo.
Le contó a los asistentes que el productor “cobra 46 pesos por kilo de hoja verde, cuando el paquete vale entre 600 y 1.000”.
“¿Qué competitividad puede tener ese productor que cobra 46 pesos el kilo en competir contra un plan social que cobra su dinero todos los meses? No le queda margen al productor para tener un empleado que venga y le corte la yerba mate”, sentenció Herrera.
Pareció el apoyo contundente al sector productivo en medio del reinicio de la discusión de precios para la próxima zafra yerbatera que se da en el INYM. Allí, los directores por la producción piden no menos de $85 por kilo de hoja verde, sabiendo que la industria no está dispuesta a un incremento de ese tipo.
También, sirve de apoyo en un eventual laudo, donde la Nación deberá decidir los precios unilateralmente. Las últimas veces que lo hizo fue siempre contra la producción.
