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Igual que Romero, Kobler no paga el consumo mensual de luz de la CEEL

Dijo que el mes pasado pagaron 60% de la boleta y este mes prometió llegar al 80. Se quejó de la gestión anterior pero está tomando el mismo camino. Reveló que le pidió a la Provincia que le autorice incrementar la tarifa de luz al mismo ritmo que la inflación.

30 julio, 2022
UN PASADO QUE LOS UNE. Hace unos años estaban trabajando juntos y, ahora que llegó a la presidencia, Kobler (izquierda) culpa a Romero.

UN PASADO QUE LOS UNE. Hace unos años estaban trabajando juntos y, ahora que llegó a la presidencia, Kobler (izquierda) culpa a Romero.

El intendente de 9 de Julio, Rubén Kobler, lleva dos meses y medio como presidente de la Cooperativa de Electricidad Eldorado Limitada (CEEL), donde antes fue vicepresidente desde diciembre, sin embargo no ha concretado todavía un plan de pago de la millonaria deuda que tiene con EMSA y sigue responsabilizando a la gestión anterior de Alberto Romero.

El mes pasado le pagó a la distribuidora provincial sólo el 60% de la boleta mensual de consumo de energía y prometió este mes pagar el 80%. La entidad debe mil millones de pesos y con esta forma de pago sigue acumulando deuda.

Desde EMSA advirtieron que se le acaba el tiempo y si no presenta un plan de pago podría correr el mismo destino que la Cooperativa Eléctrica Limitada de Oberá (CELO) de Oberá, a la cual se le embargaron las cuentas y las cajas recaudadoras por orden de la Justicia.

En diálogo con Radio Stop, Kobler relató que “hemos dialogado con EMSA, hay voluntad de pago y estamos incrementando el porcentaje del pago de la deuda. Esto se debe a que la gestión anterior nunca pagó la totalidad de la factura y además ha emitido 443 millones de pesos en cheques que hoy nos cuesta respaldar”.

Al respecto del eventual embargo, señaló que “la deuda fue generada hasta el 2021 y fue por el no pago a EMSA”. Explicó que pidió “al gerente y contador un estudio de los últimos 7 años y la CEEL sólo pago el 50% de la factura desde 2015 al 2021 que es cuando Romero deja la presidencia, a partir de ahí esa deuda ronda los mil millones de pesos, es la gran deuda que tiene la CEEL”.

Asimismo, señaló que “esto se produjo por mala administración, falta de gestión y en estos últimos años hubo gastos extras. En gran medida los servicios que presta la Cooperativa son servicios cuyos valores en sus tarifas los deciden los gobiernos provincial y nacional, lo que nos achica cada vez más el margen de ganancia porque hay sueldos que abonar, comprar elementos en dólares que suben todos los días, entre otros gastos”.

El intendente y ahora cooperativista se quejó de que la gestión anterior no pagó la deuda pero tampoco está encontrando la forma de hacerlo.

Dijo que pidió a la provincia que le autoricen a aumentar la tarifa de luz a los usuarios de la CEEL: “Pedimos en su oportunidad acompañamiento de tarifas a la inflación. En 2022 se nos complicó primero a la gestión de Otazú como presidente y yo ahora, es que Romero antes de irse dejó cheques emitidos por 443 millones de pesos lo que nos afecta, entran día a día”.

“Por ese motivo es que nosotros no podemos cumplir con la factura de EMSA que nos reclama que paguemos el 100% de la factura, nosotros pagamos 60%, este mes lograremos el 80%. Yo pedí a la presidenta (Virginia Kluka) y al ministro de Hacienda (Adolfo Safrán), la posibilidad de mantener este pago, permitirnos trabajar en reestructuración y hacer proyectos que tenemos para el año que viene poder pagar todo”.

Al ser consultado sobre cheques emitidos por Romero, explicó “los cheques que se emitieron fueron 120 millones a EMSA, hay una gran moratoria de CEEL que hizo con AFIP cerca de 83 millones de pesos, hay cheques a 2030 que hizo compromiso desde la CEEL. Otro dinero a sindicatos y otros proveedores que hoy siguen trabajando como cloro, señal de tv, internet, entre otros”.

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Tags: 9 de JulioAlberto RomeroCEELpago de la deudaRubén Kobler
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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