Una nueva denuncia, pero esta vez acerca de la rendición de cuentas del ejercicio 2021 presentó el concejal de Juntos por el cambio, Luis “Pato” Silva, ante el Tribunal de Cuentas de la Provincia.
En abril último, el mismo organismo había encontrado irregularidades en el ejercicio económico 2020 y ante la “presunción de daño al erario municipal”, lo desaprobó.
Ahora, Silva explicó a PRIMERA EDICIÓN que, tras haber pedido informes por medio de su banca en el Concejo, los cuáles “no fueron satisfactorios”, se podría estar ante graves irregularidades.
Una de ellas tendría que ver con el manejo de fondos que provienen de la Nación para compensar sueldos a becarios del municipio. Lo segundo está referido con que no hay claridad con el ingreso y destino del dinero que recauda la Municipalidad por la explotación del balneario local y tampoco sobre los ingresos que se perciben por el cobro del peaje a los camiones que ingresan a la arenera.
“Ya está lista la presentación formal, y ahora habrá que esperar que el tribunal se expida al respecto. Creo que pronto podría haber un fallo”, estimó el concejal en diálogo con este Diario.
Las supuestas irregularidades
En un relato somero sobre las irregularidades que no podrían justificarse, según el concejal, aparecen los ingresos que percibe la comuna por la explotación de la playa local, que tiene un costo por persona de 400 pesos y que durante la temporada de verano la cantidad de veraneantes sobrepasaba los mil diarios.
“A groso modo son unos $400 mil que no se pudo justificar a qué se destinó”, argumentó el funcionario.
De acuerdo a su reseña, una semana antes de la apertura de las sesiones ordinarias de 2022 ocurrida el 7 de marzo de este año, cuando ya el balneario había cerrado la temporada, “un chico se ahogó, como un concejal del municipio es guardavidas se cerró el lugar y ahora el caso está en manos de la Justicia. Entonces, no sólo se permitió la entrada a los bañistas fuera de temporada, sino que encima ni siquiera podemos saber el destino que se le da al cobro de las entradas. Hay una serie de irregularidades que deben explicar”, enfatizó el hombre.
Y agregó: “No sólo nunca se sabe dónde está el dinero que ingresa, sino que a partir de la muerte del chico siguen utilizando el lugar y cobrando entrada, pero sin habilitación”.
“Entonces”, repasó, “el municipio no puede dejar que la gente se meta al agua fuera de temporada, cuando ni siquiera hay bañeros necesarios para cuidarla”.
“El punto central es que entra mucho dinero, y se lucra de forma indebida, ya que no hay ningún tipo de rendición. En el presupuesto aparece un ítem ‘Seguridad e Higiene’, siendo que la explotación de la playa no se corresponde con ello”, remarcó.
Algo similar ocurre con la seguridad de la arenera. “El municipio cobra una suerte de peaje a la infinidad de camiones que entran por día a Santa Ana. Según información que pude recabar hay un ingreso de alrededor de $400 mil diarios, la verdad es que no hay pruebas ni rendición”, explicó Luis Silva sobre los detalles de la denuncia ante el organismo de contralor sobre los ejercicios económicos de las municipalidades.
Mutismo
Finalmente el edil remarcó que “la realidad es que el Ejecutivo no me ha podido explicar ninguno de los informes que pedí. Pedimos una reunión con el tesorero y el contador del municipio, pero este último no se presentó. Debía responder sobre once puntos, y mandaron una respuesta así nomas, tras haberse comprometido a mandar toda la información solicitada, sin embargo no lo hizo”.
“Son maniobras, no sé cómo hacen”
Uno de los puntos más fuertes de la denuncia del concejal Luis “Pato” Silva, referida al dinero que proviene de la Nación para cubrir parte del sueldo de 30 becarios y contratados del municipio, y así llegar al salario mínimo, según su investigación “no llega a sus destinatarios”.
“Personalmente pedí la lista de los beneficiaros que están dentro de ese régimen y me pasaron un papel escrito a mano, sin siquiera número de DNI o teléfono de contacto. Yo hablé con 10 de estas personas y algunos de mis pares con el resto. En ninguno de los casos cobran el dinero de la Nación, sino sólo lo que aporta el municipio y en algunos casos son $4 mil. Yo no podía creer, la verdad es que son maniobras pero no sé cómo hacen para manejar y justificar el destino de los recursos de la emergencia económica”, contó.
“Por ejemplo, para llegar a $30 mil, llegan $12 mil de la Nación, y he hablado con los trabajadores en estas condiciones y ninguno cobra y ni siquiera tenía idea que podían acceder a ese dinero. Por ello es que especifico en mi pedido al Tribunal de Cuentas, que en el ejercicio no se rinde debidamente y el pueblo tiene que saber cómo se administran los recursos que le son propios”, dijo Silva.
“Yo entiendo que ante el Tribunal de Cuentas el Ejecutivo tiene la obligación de rendir como tiene que ser, pero cada vez que hemos pedido informe, se nos negó y esa es información que debe ser pública y accesible para todos, mucho más si un concejal en ejercicio la solicita”, finalizó.
