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El Gobierno admite un 48% de inflación para este año y que no bajaría del 30% hasta 2025

5 marzo, 2022

El Gobierno admitió en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que la inflación podría alcanzar un nivel de hasta 48% este año, apenas un par de puntos porcentuales por debajo del índice de precios que registró el 2021, de 50,9%.

En ese sentido, también prevé que hasta 2024 el horizonte de desinflación sólo pueda ir hasta una cifra apenas menor al 30%, según se desprende del memorando de entendimiento que el Poder Ejecutivo envió al Congreso.

El borrador del proyecto de ley que será girado al parlamento incluye solamente una serie de documentos adjuntos a la iniciativa, básicamente es la letra chica del programa que Martín Guzmán negoció durante un mes hasta este jueves con los técnicos del organismo, y otros dos artículos de forma.

Este miércoles circuló una versión preliminar del anteproyecto de ley, y si bien es materia aún en discusión ese texto, los números y proyecciones que incluye fueron confirmados por el FMI el miércoles por la tarde en una charla con periodistas de la que participó Infobae.

El borrador especifica que en una primera parte se explicarán “antecedentes y evolución macroeconómica”, en un segundo tramo “marco de políticas y programa económico 2022-2024” y por último, “monitoreo del programa y salvaguardas”.

La primera parte explica algunas de las medidas tomadas por el Gobierno desde que asumió Alberto Fernández como la reestructuración de la deuda privada y el paquete de anuncios para afrontar el impacto económico de la pandemia, desde comienzos de 2020, junto con las últimas variables macroeconómicas.

En el segundo aspecto, el Poder Ejecutivo explicita cuáles serán los objetivos macro para los años que dure el acuerdo con el FMI. Allí se incluyen las proyecciones de inflación previstas hasta 2024.

Para el 2022, por ejemplo, el Ministerio de Economía y el equipo técnico del organismo acordaron un rango esperado de inflación que va desde 38% anual en el escenario más optimista hasta 48%, es decir apenas por debajo del IPC de 2021 de 50,9%.

Para 2023, por su parte, ese arco de inflación estimada va de entre 34% a 42% anual, mientras que el último año de vigencia de las políticas macroeconómicas consensuadas con el FMI incluiría una suba de precios que tendría un ritmo de entre 29 y 37%. De esta manera, ni el Gobierno ni el Fondo Monetario avizoran una inflación menor al 30% anual al menos hasta 2025.

 

Estrategia y estimaciones

“El programa implica una reducción de la inflación por medio de una estrategia compuesta por varios frentes: fiscal, monetario y de precios e ingresos. Fortalece la balanza de pagos con políticas dirigidas a incrementar la acumulación de reservas, el superávit comercial, incentivando las exportaciones y el ingreso de capitales de largo plazo, que fortalezcan la posición de Argentina cuando retorne a lo mercados internacionales. Mejorar la sostenibilidad y la resiliencia del crecimiento se dará por medio de transformaciones orientadas a movilizar el ahorro interno, mejorar la eficacia de la inversión pública, e impulsar el desarrollo de sectores transables”, se explica en el borrador.

El documento preliminar tiene otras estimaciones macro para los próximos años.

En ese sentido, marca que el Producto Bruto Interno debería crecer este año en un rango de entre 3,5 y 4,5% del PBI, en 2023 entre 2,5 y 3,5% del PBI y en 2024 entre 2 y 2,5%, por lo que se deja ver que tanto el Ejecutivo como el FMI esperan una expansión sostenida, pero moderada.

Por su parte, la cuenta corriente, que refleja el saldo entre el ingreso y salida de divisas, seguiría un camino superavitario pero también descendente desde el 0,5% del PBI en 2022 hasta 0,3% en 2024.

 

U$s15.000 millones en los próximos dos años

Por último, la meta de acumulación de reservas sería un poco más exigente que lo previsto en el primer anuncio del 28 de enero.

El objetivo para el Banco Central será de u$s5.800 millones este año, u$s4.000 millones en 2023 y u$s5.200 millones más en 2024, lo que implicaría un saldo positivo neto para la autoridad monetaria de u$s15.000 millones en los próximos dos años y medio.

“Nuestro programa económico contempla las particularidades de Argentina reflejando así un sendero de compromisos sostenibles que no comprometan la recuperación y permitan implementar políticas dirigidas a reducir las profundas brechas sociales y de infraestructura. De esta forma, nuestro programa macroeconómico de base prevé una expansión económica y un proceso de desinflación estables y sostenidos”, explicó el Poder Ejecutivo en el programa.

 

Revisiones y desembolsos

En el comunicado en que confirmó el cierre de la negociación con el FMI, el Gobierno explicó que el programa con el organismo de crédito incluye “10 revisiones que se realizarán de manera trimestral durante dos años y medio. El primer desembolso se realizará luego de la aprobación del programa por parte del directorio del FMI. El resto de los desembolsos se hará luego de completarse cada revisión. El período de repago de cada desembolso es de 10 años, con un período de gracia de 4 años y medio, lo que implica comenzar a pagar la deuda a partir de 2026 y hasta 2034”.

“Durante los meses de negociaciones se ha logrado llegar a entendimientos con el staff del FMI acerca de la importancia de alcanzar un programa acorde a las necesidades y desafíos de la Argentina y que no implique una inhibición en la recuperación económica”, dijo el Palacio de Hacienda en un comunicado.

Fuente: infobae.com

Tags: #economíaArgentinaInflaciónMartín Guzmán
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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